Málaga
La ONG Málaga Acoge aseguró hoy que “no hay motivo de alarma” por el traslado de inmigrantes a Málaga desde Canarias, ya que la mayoría de ellos “se reparten posteriormente por todo el territorio español” a través de las “redes naturales” de familiares que ya viven aquí.

La presidenta de la asociación, Elena Muñoz, señaló que cada semana llegan a la ciudad “unos cien inmigrantes” aproximadamente, si bien añadió que “es una cifra relativamente pequeña en relación con el número de habitantes”.

Muñoz declaró que es necesario acabar con las recientes llamadas de alarma a la población “que sólo generan brotes de racismo” y apeló a la “solidaridad de todas las comunidades autónomas”.

Según este colectivo, el traslado de personas desde zonas donde no es una novedad, sino “algo frecuente desde 1998 cuando llegaban inmigrante existe una mayor presión migratoria s desde Ceuta y Melilla”.

Muñoz aseveró que el “verdadero” problema de estos individuos no es la cantidad “sino el hecho de que carecen de documentación, lo cual impide su regularización y los condena a incorporarse a la economía sumergida a través de las mafias o la prostitución”.

En este sentido, acusó al Gobierno de utilizar un “doble discurso” al penalizar, por una parte, a los empresarios que llevan a cabo contrataciones ilegales y, por otro, “impedir que las personas en situación irregular dispongan de los documentos necesarios para trabajar legalmente”.

La presidenta de la ONG explicó que las personas trasladadas desde Canarias no pueden ser expulsadas de España, ya que no existen acuerdos con sus países de origen que permitan su repatriación, razón por la cual “se ven obligados a vagar por las calles”.

Es por ello que muchos de los inmigrantes que llegan a Málaga ni siquiera pasan por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), puesto que esta institución está destinada temporalmente a individuos pendientes de expulsión, “y los que ingresan salen inmediatamente”, apuntó.

Muñoz criticó que existe en Málaga “una bolsa de 25.000 indocumentados que no podrán regularizar su situación hasta que pase un mínimo de dos años y siempre que puedan demostrar que han estado trabajando en España durante este periodo”.

Por esta razón, manifestó que su colectivo está dispuesto a colaborar para la integración de estos inmigrantes “pero siempre que se haga con garantías de futuro para ellos”.

Asimismo, la ONG insta al Gobierno a que afronte esta situación desde el origen del problema a través de la cooperación para el desarrollo, “en lugar de centrar todos los esfuerzos económicos en la vigilancia de las costas”.