La jueza que investiga al productor musical Nacho Cano le ha citado a declarar por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores en su musical Malinche. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid se ha negado a archivar la causa tal y como solicitaba el exmiembro del grupo musical Mecano y ha acordado sigue adelante con la práctica de varias diligencias.

Junto a Cano, la instructora también ha citado como investigada a la directora de operaciones del musical Roxana García así como a otras dos personas más. Cano fue detenido el pasado 9 de julio por presuntamente haber contratado a varios inmigrantes en situación irregular para su conocido musical Malinche, que lleva en cartel en la capital desde el 15 de septiembre de 2022, superando a día de hoy las 500 funciones.

El ex Mecano fue arrestado en tanto que administrador único de la empresa que gestiona el musical. Otra de las detenidas fue la responsable de la selección de los bailarines, a los que, según la investigación policial, prometía un periodo de prueba en España para después contratarles cuando se representara en México.

Según la denunciante, una de las investigadas creó un grupo de Whatsapp con todos los bailarines, a quienes se les explicó cómo debían sortear el control fronterizo en España haciéndose pasar por turistas y obviando en todo momento que eran estudiantes. Tras el arresto, Cano denunció a la becaria denunciante por haberle intentado extorsionar reclamándole dinero a cambio de no denunciar lo ocurrido. La jueza también la tiene investigada por amenazas.

La magistrada también ha citado a declarar como testigos a los policías encargados de la investigación y que hicieron seguimientos de los bailarines en distintos días entre enero y junio pasa saber en qué situación administrativa se encontraban en España.

Los investigadores concluyen que estas personas están formándose y trabajando en Malinche sin tener permiso para ello, encontrándose todos ellos en situación irregular e incumpliendo la notificación de que debían abandonar el país en un plazo de quince días.