El PNV se encuentra inmerso en un proceso de actualización de su estructura y su ideario en el que está quedando clara la importancia que va a conceder al mercado laboral y los problemas derivados del envejecimiento a la hora de abonar las pensiones. Si este periódico ya adelantó el contenido de las ponencias sobre la soberanía y la organización interna del partido jeltzale, el PNV ha dado a conocer este martes los otros tres documentos que ya están en manos de sus batzokis para que puedan enmendarlos y hacer aportaciones hasta el 10 de marzo, para su posterior aprobación en la Asamblea General de los días 29 y 30 de marzo. Y, en el documento económico, titulado Construir una nación próspera para ser más libres: justicia social y garantía de derechos de la ciudadanía, el PNV plantea sus propuestas para una sociedad cada vez más envejecida.

Los jeltzales vuelven a defender el carácter público de las pensiones, que en estos momentos paga el Estado desde la Seguridad Social. Pero apuestan por forjar un acuerdo de país que generalice los planes de pensiones o las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) para complementar ese dinero y evitar que se pierda poder adquisitivo a medida que la esperanza de vida crezca y baje la tasa de reposición por la baja natalidad. Además, el PNV quiere que el Estado transfiera a las instituciones vascas la competencia para conceder permisos de trabajo para los migrantes y para otorgar con urgencia las autorizaciones que afecten a sectores con escasez de personal como la construcción, la hostelería o el cuidado de las personas mayores. El lehendakari Pradales va a conceder mucho protagonismo a este punto en la conferencia de presidentes del viernes, y ya se lo ha planteado en privado a Pedro Sánchez. Conceder esos permisos de trabajo supondría que las personas extranjeras aportaran a la bolsa de cotizaciones de la Seguridad Social. Sin permisos, se ven abocadas a trabajar en negro, en la economía sumergida.

Pensiones: acuerdo de país
En cuanto a las pensiones, el documento plantea la “generalización de las prestaciones complementarias a las de la Seguridad Social”. “El sistema de prestaciones de jubilación, incapacidad y viudedad que defendemos es el público, el denominado primer pilar. La tasa de reposición de esta prestación supone el 75% en Euskadi o, lo que es lo mismo, la prestación de jubilación pública cubre el 75% del último sueldo percibido (el año 2013 era del 87%). En Europa, la media es del 50,8%. El partido debe defender que desde el primer pilar se ofrezca una tasa de reposición lo más alta posible, pero los índices de envejecimiento y la baja natalidad pueden suponer una caída en el tiempo de esta tasa, igualándonos a los países europeos. Debemos generalizar los sistemas complementarios de pensiones, fundamentalmente el segundo pilar (planes de pensiones y EPSV de empleo). Las nuevas medidas de incentivación fiscal y los cambios normativos deben ser una base para la consecución de un acuerdo de país para esta generalización, tanto para las personas trabajadoras por cuenta ajena como las para las autónomas”, explica.

Migrantes: permisos para la construcción, hostelería y cuidado de mayores
Sobre los migrantes, lamenta que algunas cuestiones siguen siendo competencia del Estado, como los procesos de regularización administrativa, permisos de residencia y trabajo, o la homologación de títulos formativos, “así como todas aquellas materias relacionadas con el derecho internacional”. “Debemos plantear los cambios regulatorios y normativos necesarios y que sean posibles para poder disponer, o en su caso condicionar, las herramientas que nos ayuden a un despliegue integral”, sostiene. Añade que las “personas en situación administrativa irregular” son las que mayores dificultades presentan.

“Y se produce en un contexto en el que diferentes sectores económicos señalan la dificultad de encontrar personas para cubrir determinados puestos de trabajo en construcción, hostelería, cuidados… Se debe trabajar en aunar estas necesidades, posibilitando urgentemente permisos de trabajo para esta población e impulsando también la creación de empresas sociales y cooperativas de cuidados como formas de inclusión económica y social de estas personas”, propone. Sugiere igualmente que Euskadi active como acción urgente “acudir expresamente a otros países con el propósito de llegar a acuerdos de formación de la población”.

Siniestralidad y absentismo
La ponencia se refiere, por otro lado, a los “indicadores muy elevados de absentismo laboral, con afección a la competitividad”. Esta es una denuncia que formula desde hace tiempo la patronal, pero los sindicatos niegan que las personas falten a su puesto de trabajo sin causas justificadas. El PNV recoge el guante de las empresas pero, desde una posición de centralidad, pide atajar también los accidentes laborales, que es una preocupación de los sindicatos. “Debemos defender los acuerdos de empresa, donde se pacten retribuciones objetivas entre los colectivos de personas trabajadoras cuando se reduzcan los índices de absentismo, a modo de una prima de éxito global. Del mismo modo, resulta imprescindible revertir de forma rápida y contundente la tendencia creciente de los indicadores de siniestralidad laboral, tanto de incidencia como de gravedad. Acordar objetivos de cuyo cumplimiento se deriven primas de éxito global puede ser aquí también una fórmula para analizar”, sugiere el PNV.

Los jeltzales admiten que el sector público “también conoce niveles de absentismo muy elevados”, y se propone introducir en la normativa reguladora de la función pública la posibilidad de pactar objetivos colectivos de reducción del abstentismo mediante complementos retributivos más allá del salario.

El documento plantea otras cuestiones como dotar a los jóvenes de una renta de garantía hasta que vuelvan al mercado laboral para que tengan hijos antes, crear un fondo de arraigo empresarial con compromisos de inversión mínimos de 10 años, o un Espacio del Dato Vasco para aligerar la burocracia administrativa.

La descarbonización, ni muy acelerada ni muy lenta
La ponencia económica del PNV insiste en su idea de la transición energética sin poner en peligro los puestos de trabajo, pero también sin quedarse cortos porque nadie comprará productos que no sean sostenibles. “La descarbonización no puede ser sinónimo de desindustrialización: una transición acelerada, en la que nuestra economía corra, sin preocuparnos de lo que hacen las economías de nuestro entorno y en el mundo, puede llevarnos a una pérdida de competitividad significativa. Por el contrario, una transición lenta y muy por detrás de otras economías nos llevará al mismo escenario de pérdida de competitividad, descartando nuestros productos o servicios por no cumplir los estándares de sostenibilidad. El escenario óptimo hacia el que debemos transitar es el de una descarbonización temprana en el tiempo, sin pérdida de competitividad, y manteniendo o incrementando y fortaleciendo nuestra industria”, defiende. Asegura que el objetivo no debe ser solo reducir emisiones, sino también incrementar el peso de la industria y crear una cadena industrial en torno a las tecnologías limpias, fabricar equipos, generar hidrógeno verde o combustibles renovables, y mantener una posición de “neutralidad tecnológica”: defiende que Euskadi tiene conocimientos en las dos tecnologías de la transición, la electrificación y los combustibles renovables.

IVA y multinacionales
Por otro lado, exige “transferir la competencia normativa en toda la imposición indirecta” (IVA). Sobre el impuesto del 15% a las multinacionales que facturen más de 750 millones y que ha pactado concertar con el Estado, añade que, a las empresas que no alcancen ese nivel, cabe ofrecerles “mayores incentivos fiscales” si tienen compromisos “tangibles” con la transición energético-digital.