Madrid – La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene
previsto poner en marcha a partir de septiembre un plan para promover que
los inmigrantes cumplan las condenas en sus países de origen. La medida
ayudaría a aliviar la situación de las saturadas cárceles españolas y, de
paso, supondría un importante ahorro para las arcas del Estado, que podría
alcanzar los 300 millones de euros anuales.
   Con su plan, Prisiones
pretende promover y ofrecer «estímulos» a los países de origen para que
acojan a sus nacionales penados en España. Para conseguirlo se barajan
varias fórmulas, una de las cuales podría consistir en ayudas para mejorar
sus respectivos sistemas penitenciarios, informa Ep. Pero los reclusos
también deberían estar de acuerdo en el traslado, y para convencerlos se
les dará mejor y mayor información que les aliente a solicitarlo ante el
juez. También se pretenden agilizar los trámites para que se tarde menos
en el proceso, además de completar acuerdos con los países de origen.
   Mil presos más cada tres meses
   En la actualidad
hay un total de 64.042 presos en las cárceles españolas, de los que 55.048
están repartidos en todos los centros dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, y el resto en las cárceles catalanas. De
esta cantidad total, 19.919 internos son extranjeros, es decir, algo más
del 31 por ciento. Por nacionalidades, el mayor colectivo de internos
procede de Marruecos, con un total de 5.441, seguido por los colombianos
(2.137), los nacionales de distintos países de la UE (1.471), los rumanos
(1.365) y los argelinos, con 1.323 presos. Así hasta completar casi 20.000
internos de 143 nacionalidades.
   Ahora falta saber si los internos
marroquíes o guineanos estarán dispuestos a cambiar el relativo «lujo» de
una prisión española por las cárceles de sus respectivos países, y si
éstos estarán dispuestos a acogerlos. Pero, teniendo en cuenta que la
población reclusa está creciendo a un ritmo aproximado de mil internos
cada tres meses, el proyecto de Prisiones aparece como una de las escasas
alternativas para luchar contra la saturación de los centros
penitenciarios.
   El éxito de la iniciativa también supondría un gran
alivio económico para el Estado. Mantener encerrada a tan ingente cantidad
de presos tiene unos costes que no son, precisamente, moderados. Cada uno
de los presidiarios encarcelados en los centros penitenciarios
dependientes de la administración central – quedan excluidos los que
cumplen condena en Cataluña, que tiene transferidas las competencias en
materia de prisiones – le cuesta al Estado la nada despreciable cantidad de
17.300 euros al año, más de 2,8 millones de las antiguas pesetas. O, lo
que es lo mismo, el equivalente a un sueldo medio.
   La ecuación para
llegar a esta cantidad es sencilla. El presupuesto anual que maneja
Instituciones Penitenciarias asciende a algo más de 900 millones de euros,
a los que hay que añadir los aproximadamente 50 millones del presupuesto
del Organismo Autónomo – la entidad encargada de gestionar los cursos de
formación y el empleo dentro de las distintas cárceles – y las subvenciones
que concede la Unión Europea. Todo ello totaliza alrededor de 950 millones
de euros, aproximadamente, que divididos entre la cantidad de reclusos
arroja una media de superior a los 17.000 euros por recluso y año.
   Fuentes de prisiones explican que, aunque se trate de una fórmula
aparentemente inexacta, es la única factible para hacer un cálculo, aunque
sea un tanto aproximado, de la verdadera magnitud del gasto que genera
cada preso al erario público español. Es decir que, si los casi 20.000
reclusos extranjeros volvieran a sus países de origen, la factura
penitenciaria de España se reduciría en más de 300 millones de euros
anuales.
   Más gastos
   El cálculo, advierten
no obstante las mismas fuentes, se queda realmente corto, por cuanto hay
que añadir al mismo el servicio de vigilancia exterior de los centros
penitenciarios, asignado a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y que no está computado en la fórmula anterior al no
depender del presupuesto de Instituciones Penitenciarias.
   En cada
centro hay una media de entre veinte y cincuenta agentes, cada uno de los
cuales, siempre y cuando sea miembro de la escala básica, viene a cobrar
alrededor de 1.400 euros brutos al mes, un gasto que también hay que
computar en el debe de lo que cuestan los presos aunque lo paguen la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.