Nuria Platón

Madrid – Casi uno de cada tres madrileños está claramente en contra del
acceso de los inmigrantes no comunitarios al derecho a votar en las
elecciones municipales, según datos de una encuesta realizada por el
Ayuntamiento de Madrid, a los que tuvo acceso Servimedia.
La
encuesta, llevada a cabo por el Observatorio de las Migraciones y de la
Convivencia Intercultural, muestra que el 31% de la población autóctona de
Madrid capital – madrileños y otros españoles que residen en la ciudad –
está en contra de que los inmigrantes de fuera de la Unión Europea (UE)
voten en los comicios municipales.
Que pasen aquí cinco años
Frente a ellos, un 29 por ciento de los encuestados se muestra favorable al
reconocimiento del derecho a votar en las elecciones municipales a todo
inmigrante regularizado, sea cual sea su antigüedad en tal estatus.
Además, según los datos del Consistorio, otro 30 por ciento de los
madrileños es partidario de reconocer este derecho a los inmigrantes no
comunitarios, pero condicionándolo a un tiempo mínimo de residencia en la
ciudad.
De este 30 por ciento, para casi la mitad bastaría con que
los inmigrantes residieran en Madrid tres años para poder votar, aunque el
grueso se inclina porque vivan al menos cinco años en la localidad.
La legislación española excluía del derecho político al voto a la población
de nacionalidad extranjera, pero tras la aprobación del Tratado de
Maastricht fue modificada la Constitución Española para otorgar este
derecho en las elecciones municipales y europeas a los ciudadanos
comunitarios. El resto de extranjeros, sea cual sea su situación legal,
incluidos los poseedores de permiso de residencia permanente, no pueden
votar, salvo que obtengan la nacionalidad española.
Recientemente, el Partido Socialista e Izquierda Unida han presentado
una iniciativa para que los inmigrantes residentes en España en
condiciones plenamente regulares puedan votar en las elecciones
municipales, pero la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, señaló el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, que es
«altamente improbable» que puedan votar en 2007.
No
obstante, el primer político que solicitó la posibilidad de voto para la
población inmigrante fue la actual presidenta regional, Esperanza Aguirre,
quien, incluso antes de crear una Consejería específica para asuntos de
inmigración, ya anunció que era imprescindible que votaran al menos en las
elecciones municipales.