La pesadilla de Basi comenzó a dibujarse en septiembre de 2018. Una mala racha económica le llevó, junto con su marido y sus tres hijos, a poner su vivienda en alquiler para que la hipoteca se fuese pagando sola. Mientras vivirían en otro inmueble más asequible de la periferia, también de alquiler, hasta recuperarse financieramente. Sobre el papel salían las cuentas.

Además, su casa en propiedad, de cerca de 210 metros cuadrados y ubicada en el Restón una de las mejores zonas de Valdemoro, era un valor seguro: formaba parte de una urbanización con piscina, parque infantil, zonas ajardinadas…

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Tras ofrecerla en Idealista, acabaron contactando con una ONG “que ayudaba a gente del extranjero a buscar casa, principalmente refugiados de guerra o políticos”.

Así conocieron a su inquilino, un refugiado político sirio con mujer y tres hijos. “Nos seducía la idea porque era una forma de ayudarlos y, sobre todo, porque esta ONG te daba todas las garantías del mundo. El Estado les pagaba por lo que no me iba a faltar nunca el alquiler… Y si algo pasaba, ellos estarían ahí”.

Ya desde el primer momento hubo ademanes que, entonces, no supieron ver. Basilia Rodríguez, más conocida como Basi, y su esposo pedían 750 euros al mes, pero la familia siria “alegó que el Gobierno español sólo les pagaba 700”… Así que cerraron el trato en esta última cifra.

“Recuerdo que por entonces ya se oía hablar de okupaciones, y se lo insinué. Pero se enfadó muchísimo. Dijo que él no era un moro, textualmente, que él no hacía esas cosas”, evoca Basi. Algo que la tranquilizó.

El inquiokupa sirio de Basi de vacaciones en la Malagueta.
El inquiokupa sirio de Basi de vacaciones en la Malagueta.E. M.
La familia siria entró a vivir en su nuevo hogar en septiembre de 2018 pero, justo un año después, en octubre de 2019, ya “empezaron a pagar mal y tarde”. “Para nosotros era un problema, necesitábamos ese dinero para pagar nuestra hipoteca. Hablé con la ONG y me dijeron que no me preocupara, que hablarían con ellos”.

Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Cuatro meses después, en abril de 2020, volvieron a hablar con esta ONG y escucharon las mismas palabras, algo que a Basi y a su pareja les hizo torcer el gesto. “La situación no mejoraba… Ahí me empecé a preocupar. Además, llamaba y mandaba mensajes a mi inquilino, pero ni me contestaba”, rememoran, intentando contener su rabia.

Todo detonó en octubre de ese mismo año, cuando la familia de refugiados dejó de pagar definitivamente. Por entonces ya les debían seis meses íntegros. Y la hipoteca de Basi había subido a 800 euros.

“Se excusaba en que tenía hijos… Yo también tengo tres, y los míos no eran menos que los suyos. Aquellos días también me envió un documento de lo que le pagaba el Estado: 536 euros para necesidades básicas; 560 para alquiler; y 540 para la educación de sus hijos. A esa cifra se sumaba un ingreso de la Cruz Roja que, por error, nos metieron en nuestra cuenta pero a su nombre por un importe de 341 euros. Además, por lo que me dio a entender, esto era sólo lo que le daban a él, no sé si su mujer también recibía algo”, detalla Basi, agregando: “Cuando sumé todo me dio una rabia tremenda. Casi 2.000 euros limpios, que es más de lo que cobraba yo trabajando todos los días como mozo de almacén. Tampoco ayudó que una vecina me dijera que les veía, día sí y día no, metiendo en su casa carros y carros de comida”.

Así que Basi y su esposo, que es quien había comprado el piso en cuestión, decidieron acudir a los Tribunales para denunciar la situación a principio de 2021. “Pensábamos que sería rápido y les echarían pronto… Y, a día de hoy, ahí siguen. Ahora mismo no creo en la Justicia”, comienza exponiendo esta damnificada, quien reclamó por última vez a la ONG, pero, ésta “se lavó las manos”: “Nos dijeron que habían dejado de trabajar con mis inquilinos”. “No te puedes imaginar todo lo que les llamé. Perdí el respeto, la educación y todo lo que se puede perder”, añade.

El proceso judicial está siendo “muy lento” gracias a que sus inquiokupas “están muy bien asesorados por asistentes sociales”. “Tras la denuncia no hicieron nada, dejaron que saliera la fecha de juicio y, justo el día de antes, pidieron un abogado porque no tenían. Así que se suspendió tanto el pleito como la fecha de lanzamiento. Se volvió a establecer para febrero de este año. Y de nuevo, el día de antes del juicio, se declararon vulnerables y otra vez se paralizó todo”.

Ahora mismo todo sigue en stand by. “Un juez tiene que decidir qué familia es más vulnerable, pero lo somos nosotros. Como ellos no nos pagaban comenzamos a recibir notas de embargo que tuvimos que afrontar pidiendo préstamos y créditos. Hasta nos tuvimos que ir de la vivienda de alquiler a la casa de mi madre, donde estamos seis personas, porque no llegamos económicamente. Hasta mi madre ha tenido que pagar la universidad de uno de mis hijos. Te dan ganas de ir a sacarles de los pelos, pero ahí el malo serías tú”, apunta Basi visiblemente disgustada.

En todo este tiempo, esta afectada admite haber cambiado mucho. “Nunca he sido racista, y mira que tengo amigos de Sudamérica… Pero a esta gente ya no puedo ni verla, te llevan al extremo. Nos han destrozado mentalmente”, expone, desconfiando visceralmente de las ONGs: “No quiero saber nada más en mi vida de ninguna de estas asociaciones. Si quiero ayudar, lo haré por mi cuenta, para garantizarme de que mi dinero llega donde quiero que llegue. Han ido todos a engañarme, han jugado con mi buena voluntad… Y me han tomado por tonta”.

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Algo que también tiene claro, como es habitual entre propietarios a los que han okupado su casa durante mucho tiempo, es que cuando la recupere no la volverá a alquilar. “Nunca más. De hecho, si me encuentro a alguien a quien le acaban de okupar le aconsejo que jamás denuncie, hay otras vías… porque siento vergüenza de las leyes que tiene este país”.

Y más cuando, un día viendo TikTok, le salió un contacto sugerido: era su inquilino. Se metió por curiosidad y…: “Es tan sinvergüenza que estaba subiendo fotos y vídeos de él con su familia de vacaciones en Málaga. Y yo no puedo ir con mis hijos a ningún sitio… Me dio un ataque de ansiedad, me puse a llorar de la impotencia. A día de hoy nos deben más de 37.000 euros… Aunque la abogada ya nos ha dicho que nos olvidemos de recuperarlo, que siempre se declararán insolventes”.