El presidente del PP vasco Javier de Andrés ha logrado que el PNV apoye con sus votos la puesta en marcha del “macrocentro” para 350 refugiados que se habilitará en la antigua residencia de Arana en Vitoria. La instalación forma parte del plan impulsado por el Gobierno de Sánchez para disponer de hasta 5.800 plazas en toda España. De Andrés ha reclamado hoy en el Parlamento Vasco al resto de partidos “sinceridad para analizar los problemas que genera la inmigración” pero solo ha logrado el apoyo de Vox a su propuesta de “paralizar” este centro de acogida.

El plan de Pedro Sánchez dotado con 175 millones para habilitar como centros de refugiados una veintena de edificios públicos ya ha provocado el rechazo de gobiernos autonómicos y de instituciones locales en Valladolid, Santander o Logroño. La reconversión en un centro de acogida con 350 plazas para refugiados de la antigua clínica de Arana en Vitoria enfrentó durante unas semanas al Gobierno de Urkullu con el entonces delegado del Gobierno vasco Denis Itxaso en 2023. Un año más tarde, De Andrés ha marcado distancias contra el PNV al advertir de que fue la entonces consejera vasca Beatriz Artolazabal quien asumió la reconversión de la clínica de Arana y de avalar con sus votos el “modelo de acogida” que representa este centro.

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El PP vasco ha desplegado una batería de iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el País Vasco para abortar la construcción de este centro. En Euskadi, solo el PSE-EE defiende su puesta en marcha porque el centro de Vitoria garantiza “un modelo integral de alojamiento y manutención de atención social y psicológica, apoyo formativo y laboral, y potenciación de su proceso de integración”, según la parlamentaria socialista Patricia Campelo.

Pero ni EH Bildu, ni Sumar ni, incluso, el PNV tienen claras las presuntas bondades de este macrocentro que ya ha sufrido un considerable retraso porque inicialmente su apertura estaba prevista en julio de 2024 pero aún no han comenzado las obras para su rehabilitación. El Gobierno de Sánchez adjudicó en julio de 2023 la rehabilitación integral del edificio a la constructora Seranco pero tuvo que aprobar una modificación de la adjudicación en noviembre de 2024 al constatarse problemas estructurales en uno de los edificios de la residencia que no habían sido detectados durante la tramitación inicial del proyecto.

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De Andrés ha advertido hoy de que la dimensión de este “macrocentro” choca frontalmente con el denominado ‘modelo de acogida vasco’ y ha utilizado como ejemplo el centro con 80 plazas situado en Oñati. La iniciativa parlamentaria para paralizar esta instalación defendida por el presidente del PP vasco también ha sido utilizada por el portavoz en Juntas Generales de Álava Iñaki Oyarzábal en las negociaciones abiertas con el PNV y el PSE-EE sobre los presupuestos forales del 2025. Oyarzábal ha establecido la paralización de este centro y la apertura de las Urgencias en el hospital de Santiago como dos “compromisos políticos” que el diputado general Ramiro González debe asumir si quiere contar con su apoyo para aprobar las cuentas del próximo año.

La oposición institucional del PP vasco al “macrocentro” forma parte de su estrategia para fijar una posición propia en torno al problema de la gestión de la inmigración. De hecho, De Andrés ha repetido en la Cámara vasca el mensaje que le trasladó el pasado martes al comisario de Inmigración de la Comisión Europea sobre la singularidad del mercado de trabajo en Euskadi respecto al resto de España. “Tengo que decir una cosa sobre el modelo vasco de integración, la realidad, que tenemos la tasa de paro de inmigrantes más alta de España: en Baleares, un 7 %; en Euskadi, un 23,27. Ese es el resultado de toda la gestión que se ha hecho en relación a la integración de inmigrantes”, ha constatado durante el tenso debate parlamentario. La Cámara vasca finalmente ha aprobado una declaración con los votos de PNV y de PSE-EE en la que se obvia cualquier referencia a este polémico centro de acogida. Por contra, se requiere al Gobierno vasco para que “refuerce la capacidad institucional y desarrolle el potencial integrador de la sociedad vasca y de su tejido asociativo, para afianzar una integración cívica adecuada”.