La vida no es nada fácil en los asentamientos de chabolas que habitan cientos de migrantes, trabajadores de los invernaderos de la provincia de Almería, un potente sector que genera unos 3.000 millones de euros al año, pero no viviendas dignas para una buena parte de sus empleados. A la precariedad extrema de unas casas hechas con cartón, palés y plástico – muy frías en invierno, insoportablemente calurosas en verano -, se suman las dificultades para acceder al agua y la electricidad en esos poblados. Y a veces, los obstáculos se vuelven casi insalvables.

Cerca de una veintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas han denunciado que el Ayuntamiento de Níjar ha cerrado dos puntos de acceso al agua en el asentamiento de Atochares, el mayor poblado de chabolas de la provincia de Almería con más de medio millar de habitantes, y únicamente ha dejado abierta la toma principal de suministro, la que se halla más alejada de los habitáculos que hacen las veces de vivienda. Esos dos puntos de suministro son, precisamente, los que se abrieron en 2020 con una campaña de recaudación de fondos organizada por la entidad británica Ethical Consumer, defensora de un consumo responsable en el cual se tengan en cuenta los derechos de trabajadores como, por ejemplo, los que cultivan en el sureste español las frutas y hortalizas que se compran en los supermercados de media Europa.

Las organizaciones enviaron en noviembre una carta al alcalde de Níjar para pedir explicaciones por el cierre de los puntos de agua
Estas organizaciones enviaron el pasado mes de noviembre una carta al alcalde de Níjar, ayuntamiento que gobierna el PP en coalición con Vox, en la cual le pidieron explicaciones por el cierre de los dos puntos de agua de Atochares, que obliga a sus habitantes a recorrer cerca de un kilómetro para abastecerse con garrafas en la única fuente que sigue abierta en los alrededores de un asentamiento de grandes dimensiones.

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La alcaldía respondió con un correo electrónico, en el que adjuntó un informe hecho el 20 de noviembre por la Empresa Mixta Municipal de Aguas de Níjar (Emanagua), en el cual se afirma que “no se ha realizado ningún tipo de corte de suministro” en el asentamiento. Sin embargo, a continuación se añade que “la instalación existente se realiza tras localizar numerosas pérdidas de agua en la anterior, lo cual resulta incompatible con la situación de sequía existente en la zona”.

Según el breve informe remitido por la alcaldía a la organización donante, Emanagua se muestra dispuesta a estudiar cualquier opción de suministro alternativa, siempre que se haga un uso responsable del agua, y asegura que no ha recibido ninguna queja sobre este tema.

Chabolas del asentamiento de Walili, en Níjar (Almería), desmantelado en enero de 2023.
Chabolas del asentamiento de Walili, en Níjar (Almería), desmantelado en enero de 2023. — CEDIDA
La respuesta del Ayuntamiento almeriense no satisfizo a Ethical Consumer ni al resto de las organizaciones firmantes de la carta, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Plataforma Derecho a Techo, el sindicato SOC-SAT, las formaciones políticas Podemos y Adelante Andalucía, y varias entidades europeas, que enviaron un nuevo escrito al alcalde, José Francisco Garrido. En él reiteran que se han cortado dos de los tres puntos de suministro en Atochares, lo que está provocando largas colas para abastecerse en el único grifo que sigue funcionando, y exigen el restablecimiento inmediato de las fuentes selladas.

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Jasmine Owens: “La manera en el que el Ayuntamiento ha respondido a esta queja sobre abusos de derechos humanos es una broma”
“La manera en el que el Ayuntamiento ha respondido a esta queja sobre abusos de derechos humanos es una broma por dos razones: una, porque el Ayuntamiento sugiere que no tiene un papel en estos abusos e incluso ignora que están ocurriendo. Y otra, porque la respuesta que recibimos menciona el uso responsable del agua, cuando es obvio que la agricultura de la zona usa un montón de agua, mientras los trabajadores migrantes de los que depende ese sector no tienen acceso suficiente a ella para disfrutar de una vida digna”, dice a Público la portavoz de Ethical Consumer, Jasmine Owens.

Una instalación crucial durante la pandemia
Los dos puntos de suministro en cuestión se instalaron en 2020 con el dinero recaudado para que el acceso al agua estuviera más cerca de las chabolas, recuerda José García, portavoz de SOC-SAT en Almería, el sindicato que se ocupó de organizar los trabajos. Se colocaron unas tuberías, un depósito y se hizo una explanada de cemento alrededor de la fuente para evitar encharcamientos. Esa pequeña obra resultó, además, fundamental durante el confinamiento de la pandemia, cuando los movimientos estaban muy restringidos, ya que permitió un fácil acceso a un bien tan esencial.

José García: “Nos parece una canallada, ensañarse con un colectivo de trabajadores que crea riqueza en la zona. Eso no se hace ni con los animales”
Al cerrar esos dos puntos, según este portavoz sindical, los habitantes de Atochares tienen que recorrer casi un kilómetro para recoger agua del grifo que está situado junto a la carretera. “Después de ocho o más horas en el trabajo, tienen que bajar con carros, con bicicletas, y esperar la cola que se forma para llenar las garrafas. Nos parece una canallada, ensañarse con un colectivo de trabajadores que crea riqueza en la zona. Eso no se hace ni con los animales”, subraya José García.

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Un habitante del asentamiento asentamiento de Atochares, en Níjar (Almería), carga una garrafa de agua en su bicicleta.
Un habitante del asentamiento asentamiento de Atochares, en Níjar (Almería), carga una garrafa de agua en su bicicleta. — CEDIDA
La Plataforma Derecho a Techo de Almería también ha denunciado la falta de agua en el mayor asentamiento chabolista de la provincia. En un comunicado emitido la semana pasada, responsabilizó al Ayuntamiento de Níjar de un corte del suministro eléctrico durante dos días y de haber dejado de forma indefinida con un “caudal insuficiente” el único punto de abastecimiento de agua, tras haber cerrado los otros dos más cercanos a las viviendas.

“En Atochares la situación es especialmente crítica – advierte la plataforma -. Entre sus residentes hay mujeres y menores de edad. La privación de agua supone un riesgo sanitario grave para este colectivo y para los trabajadores expuestos diariamente a químicos fitosanitarios y a condiciones de trabajo insalubres”.

Antecedentes: las placas solares confiscadas en Huelva
En la carta enviada al alcalde, Ethical Consumer le advierte de que espera que no se repita en Níjar lo que le sucedió en 2021 en Lucena del Puerto, donde se instalaron unas placas solares con otra recaudación de fondos para mejorar las paupérrimas condiciones de un asentamiento de temporeros recolectores de la fresa en esa localidad de la provincia de Huelva. Las placas, que proporcionaban suministro eléctrico a los habitantes del poblado, fueron confiscadas por la Policía Local al considerar el Ayuntamiento que se trataba de una instalación ilegal en un monte público, con posible riesgo de incendio.

Jasmine Owens: “Quitar estos recursos esenciales solo contribuye a hacer la vida más difícil y peligrosa”
Las placas solares que se habían colocado gracias a la donación de unas 800 personas que aportaron un total de 30.000 euros, acabaron en unos almacenes municipales. Y eso desató una gran protesta, con la recogida de 25.000 firmas que exigieron la devolución de las placas a los habitantes del asentamiento. “Quitar estos recursos esenciales solo contribuye a hacer la vida más difícil y peligrosa para personas que merecen lo que todos merecemos: acceso al agua y la electricidad”, afirma Jasmine Owens.

Ethical Consumer advierte de que, en el caso de Níjar, las 18 organizaciones que firmaron la carta enviada al alcalde van a seguir presionando al Ayuntamiento para que restituya los puntos de suministro de agua que se instalaron con las pequeñas donaciones de cientos de personas.

Más de 3.500 personas, 89 menores, en chabolas
La asociación Almería Acoge dice no tener conocimiento de este último corte en el suministro de agua en Atochares, pero sí recuerda el que se produjo el pasado mes de abril. Entonces, el agua se cortó durante cerca de una semana en ese asentamiento, una decisión que el Ayuntamiento atribuyó entonces a la reparación que había hecho la empresa Emanagua por una fuga que había causado la pérdida de 1.600 metros cúbicos de agua.

El último informe de Almería Acoge sobre los más de 40 núcleos chabolistas que hay en Níjar, el municipio almeriense con más asentamientos de este tipo, refleja que en ellos viven más de 3.500 personas, 499 de ellas mujeres y 83 menores de edad, todos escolarizados, pese a las difíciles condiciones en las que se encuentran sus familias.

El informe de Almería Acoge denuncia que las condiciones de vida precarias están causando un mayor deterioro de su salud
Y en ese informe se subraya que “las condiciones de vida precarias (en los asentamientos) están provocando un mayor deterioro de su salud”. “Ello lleva – se añade – a que algunas personas desarrollen problemas de salud mental y comportamientos antisociales derivados de adicciones. Estas circunstancias refuerzan los estereotipos negativos en las poblaciones locales, perpetuando así un ciclo de marginación y discriminación”.

La población migrante en esta zona no tiene, además, un carácter temporero, según Almería Acoge, porque su trabajo en el sector de la hortofruticultura es casi permanente a lo largo de todo el año. “Esto agrava la situación, porque las soluciones habitacionales a media y largo plazo no responden a sus necesidades de vivienda, y es urgente su inclusión como miembros de la comunidad”, subraya esta asociación.

El Ayuntamiento de Níjar, cuando gobernaba el PSOE en el anterior mandato, puso en marcha el primer proyecto de la provincia de Almería para realojar a las personas que viven en los asentamientos de chabolas, más de dos décadas después de los gravísimos episodios racistas ocurridos en El Ejido en el año 2000, que concluyeron con el acuerdo de poner fin a la marginación de los trabajadores extranjeros obligados a vivir en infraviviendas.

El nuevo equipo de gobierno del PP ha continuado con el plan de realojo, que ha sido puesto por la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla como ejemplo de colaboración institucional para la erradicación de los asentamientos chabolistas. Sin embargo, el plan no acaba de cristalizar.

Tras la demolición a principios de 2023 de Walili, el que era entonces el mayor asentamiento de Almería, tan solo 27 de sus habitantes fueron trasladados a una nave industrial acondicionada por el Ayuntamiento con literas y unos módulos anexos de viviendas prefabricadas. Ahí se se trasladaron también 17 de los ocupantes de otro núcleo chabolista que fue derribado el pasado mes de febrero. El resto, la mayoría, se mudó a otros asentamientos más cercanos a los invernaderos donde suelen trabajar.

Asentamiento Walili Níjar
Imagen del asentamiento Walili de Níjar, que fue desmantelado en enero de 2023. — Cedida
Mientras, sigue a la espera la apertura de las 62 viviendas anunciadas con capacidad para alojar a 160 personas en régimen de alquiler, construidas en la zona de Los Grillos con una inversión de 1,5 millones de euros de la Junta y el Gobierno central. En febrero, el Ayuntamiento de Níjar aseguró a este periódico que las casas estarían disponibles en el primer trimestre de un año que ya está a punto de terminar sin que se conozcan novedades al respecto.

Pese a todo, organizaciones como Almería Acoge siguen teniendo esperanzas con el plan de realojo y erradicación de los asentamientos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Níjar, en el que han colaborado y participado. “Tenemos muchas expectativas, pero falta que se ponga en marcha, que haya un plan real”, dice a Público el director de esa asociación, Juan Miralles.

La Asociación Pro Derechos Humanos en Almería denuncia que el plan de realojo es “un paripé”
La Asociación Pro Derechos Humanos en Almería considera, sin embargo, que el plan de realojo de Níjar es “un paripé”, porque no concreta nada ni contiene medidas específicas para acabar con la realidad de los asentamientos chabolistas en los que viven cientos de trabajadores de los invernaderos de esa provincia, sufriendo “obstáculos de todo tipo para acceder a derechos básicos”.

Jasmine Owens, de Ethical Consumer, cree, por su parte, que las personas que recogen las frutas y verduras que comen en buena parte de Europa “merecen más de lo que reciben”. “Es demasiado habitual que tengan viviendas insostenibles, reciban un sueldo mínimo y trabajen en condiciones peligrosas”, se lamenta la portavoz de la entidad británica que defiende un consumo ético y responsable y acabar con el “ciclo abusivo” en el que se encuentran inmersos muchos trabajadores de los invernaderos almerienses.

“Vamos a seguir presionando a los supermercados para que asuman la responsabilidad que tienen en este ciclo, pero también es esencial que el Gobierno español y el Ayuntamiento de Níjar dejen de ignorar y hacer que sean peores las condiciones de esos trabajadores”, advierte Owens.

El sector en el que trabajan los habitantes de los asentamientos produce al año más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas en cultivo bajo plástico sobre una extensión de unas 22.000 hectáreas, que genera unos ingresos que se aproximan a los 3.000 millones de euros y que, tan solo en el tajo de los invernaderos, proporciona empleo a más de 40.000 personas.