Se retoman las negociaciones para reformar la ley de extranjería y establecer un mecanismo de redistribución de menores extranjeros. El PP, el presidente canario y el Gobierno, a quienes se suma ahora el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, vuelven a sentarse este jueves para intentar llegar a un acuerdo después de que fracasase la iniciativa en el Congreso el pasado mes de julio. Las partes vuelven a sentarse después de que el PP se haya levantado varias veces, pero los populares, representados por su portavoz, Miguel Tellado, acuden a la cita sin moverse de sus posiciones. Entre las condiciones para apoyar la reforma incluyen la solicitud expresa de que se active un mecanismo de derivación de los menores entre otros Estados miembros y el despliegue de Frontex en el Atlántico.

Para contentar al PP, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, remitió el pasado 12 de noviembre una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la misiva se quiso dejar por escrito los esfuerzos del Gobierno en materia migratoria y se aseguraba que se estaba trabajando en “materializar” derivaciones de niños solicitantes de asilo a otros países europeos, a través del Mecanismo Voluntario de Solidaridad, una vía que hasta ahora solo se ha explorado con adultos y que tiene resultados muy modestos porque es un procedimiento lento y burocrático. En el caso de los menores tampoco resuelve la situación de Canarias, ni de Ceuta, porque se circunscribe a los solicitantes de asilo, un grupo de varios centenares pero pequeño en comparación con todos los acogidos en estos territorios. La misiva, en cualquier caso, no ha satisfecho a los populares, que consideran “claramente insuficientes las gestiones realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en Europa, como así demuestra la carta remitida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la Comisión Europea”, indican fuentes parlamentarias ante la reunión.

La modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para repartir la acogida de los menores que llegan de forma irregular a España es una reivindicación de Canarias y de Ceuta que han visto cómo sus sistemas están completamente saturados. Las islas, con unos 5.300 menores, apenas tiene capacidad para 2.000. En Ceuta mantienen a 430 niños cuando sus instalaciones apenas albergan un máximo de 130 camas.

El resto de menores extranjeros no acompañados, algo más de 13.000, se encuentran en otros territorios con mucha menos presión que estas regiones extrapeninsulares, destino preferente de la inmigración irregular. La comparación de las plazas que mantiene Canarias con cualquier otro territorio, que le supera con creces en población, arroja siempre una desigualdad brutal. Más de 5.000 plazas frente a las 2.000 de Madrid, las 570 de Castilla-La Mancha, las 1.600 de la Comunidad Valenciana, las 376 de Extremadura…

Las partes se vuelven a sentar en una mesa en la que no hay acuerdo ni en lo básico. Para definir cómo se ejecutará la redistribución de menores, aún es necesario establecer cómo y cuánto va a financiar el Gobierno central a las comunidades autónomas. En el Gobierno se ha insistido varias veces en que el nuevo mecanismo contará con “financiación suficiente”, pero esto no le vale al PP, tampoco a Coalición Canaria, que exige concreción. “Si los menores que tienen que salir de Canarias no van con la ficha financiera, no van a salir”, mantienen fuentes al tanto de este tira y afloja. Tampoco hay acuerdo en los criterios para el reparto. ¿A qué comunidades irán cada uno de los 4.000 menores que deberían salir de Canarias y Ceuta? ¿Cómo se decidirá? Tras meses de negociaciones interrumpidas, son cuestiones clave que están casi tan inmaduras como al comienzo.

Para definir la letra pequeña de la financiación es necesario establecer a partir de qué número de plazas se considera que una comunidad se encuentra al 100% de su capacidad de acogida para que, a partir de ahí, se haga cargo del coste el Gobierno central. Este punto, que podría parecer sencillo, lleva encima de la mesa desde el comienzo de esta negociación. Sin resultados. Tras la primera ruptura de las negociaciones, cuando la reforma de la ley de extranjería no salió adelante en el Congreso el pasado mes de julio, el Ministerio de Infancia y Juventud se puso manos a la obra para calcular cuántas plazas de acogida de menores debía tener cada territorio con base en su población.

El informe, divulgado por EL PAÍS en octubre, expuso que debería haber una plaza por cada 2.250 habitantes, por lo que España tendría un déficit de más de 4.437 camas, la mayoría en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —que ya se han declarado desbordadas— son las que más lejos están de contar con un número “óptimo” de camas para poder reclamar ayuda del Estado. Entre las más dotadas, por contra, aparecen Cataluña y el País Vasco. El rechazo del PP a esta propuesta se suma al escepticismo de Coalición Canaria que la ve demasiado ambiciosa y sobre todo difícil de cumplir en el corto plazo. En cualquier caso no hubo oportunidad de debatirla: Miguel Tellado hizo saltar por los aires las conversaciones poco después de recibirla.

El PP sigue anclado además en el documento suscrito por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en septiembre. Para un eventual acuerdo, indican fuentes del partido, deberían suscribirse los seis puntos propuestos. Entre ellos hay algunos ya alcanzados como la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y, otros menos concretos como la mejora del control policial en las fronteras españolas o dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería. Aquí también se reclamaron aspectos que ya forman parte de la política migratoria actual, como desplegar las Fuerzas de Seguridad en los países de origen y tránsito “y el despliegue de Frontex y la Agencia Europea de Asilo”. Otros están por definir como el compromiso por parte del Gobierno central de “respeto a la situación límite y al criterio” de la mayoría de comunidades autónomas o la “suficiencia financiera garantizada”.

Otras fuentes de la dirección del PP sentencian: “Nuestra postura migratoria es clara. La pusimos por escrito en el acuerdo que firmaron Fernando Clavijo y Alberto Núñez Feijóo. No la vamos a modificar por las presiones de ningún partido político. Ni del PSOE ni de Vox”.

Con todo, la confrontación entre el PP y Gobierno es máxima en estos momentos y a raíz de las graves acusaciones vertidas en la Audiencia Nacional por el empresario Víctor de Aldama contra dirigentes socialistas, entre ellos el ministro Torres. “Lamentable que un ministro del Gobierno esté bajo sospecha acusado de ser una pieza clave en una trama de corrupción. Lo único digno que pueden hacer ya es irse, pero para dimitir hay que tener algo de vergüenza y es evidente que hace tiempo que la perdieron”, cargó Tellado a través de la red social X. La resistencia por parte de Génova a cualquier vinculación con el responsable de Política Territorial es tal que el equipo del portavoz parlamentario ha pedido que no se tomen fotografías del encuentro de este jueves.