A veces, cuando Dayana Blanco Acendra (Cartagena, 38 años) llega a una audiencia o a otro tipo de diligencia en algún tribunal, la gente asume que ella no es la “doctora” simplemente por su color de piel. “Creen que por ser mujer y, además, negra es imposible que yo sea abogada”. Lo cierto es que Blanco –mujer, negra y lesbiana– no solo tiene un grado en Derecho, sino una especialización en Derecho Procesal y Económico, una maestría en Medioambiente y Derecho, y especializaciones en Teoría Crítica Racial y Propiedad Intelectual.

Desde que tiene uso de razón ha estado sobreviviendo a una sociedad que les asigna clasificaciones, valores, privilegios y/o desventajas a las personas de acuerdo a su color de piel, su etnia o su orientación sexual. “Por eso, ahora enfrento estas injusticias desde los estrados. Me hierve la sangre de pensar en la deficiente y, a veces, nula capacidad o voluntad del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población afro. Debería dolernos que nos tome tantos siglos hacer que el derecho a la igualdad tenga un sentido material”.

Cuando conoció a Audrey Mena en el programa de becas para abogados afrocolombianos del Observatorio de Discriminación Racial, decidieron fundar Ilex, una organización que busca la justicia racial en Colombia, Latinoamérica y el Caribe, por medio de acciones de movilización legal, investigación y comunicación.

Dentro de sus litigios más importantes se encuentra la sentencia de la Corte Constitucional que obligó al Estado, en 2022, a incluir a las parteras afrocolombianas dentro de la oferta del Sistema de Seguridad Social colombiano. “Seguimos insistiendo en que se les incorpore de manera igualitaria y respetando su cultura y sus saberes, y que su oficio sea plenamente caracterizado, además de que se identifique el número real de mujeres que lo practican. Sin embargo, ya es un avance que algunos entes territoriales en Chocó y Valle del Cauca las estén contratando en sus equipos básicos de salud”.

Otro logro invaluable de Ilex es la sentencia que reconoce el daño a la población afro al haber sido reducida en un 30% en las cifras entregadas por el Censo de 2018, con respecto al de 2005. Ilex demostró que, además de que el Censo no llegó hasta donde están asentadas muchas poblaciones afro, algunos encuestadores asumieron la pertenencia étnico-racial de las personas sin preguntarles. Otros, por el contrario, no captaron que muchos afros se desmarcan de su etnia por temor a ser marginados y discriminados negativamente.

La sentencia, de 2022, obliga al Estado a tomar medidas para identificar este tipo de errores y a crear un plan de acción para el próximo Censo. “Si la población afro se cuenta mal, es imposible diseñar políticas públicas que atiendan en proporción real y de manera diferenciada sus derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en cosas materiales y económicas como salud, educación y tierra. No podemos seguir siendo borrados de la historia oficial así”.

Ilex también ha sido determinante a la hora de reclamarle al Estado que incluya análisis de derechos humanos y cambio climático en los estudios de impacto ambiental para conceder permisos de explotación de suelos, y también busca fortalecer los procesos de juicio y los mecanismos de representación que tiene una persona afro al cometer o ser el presunto sindicado de un delito, así como aumentar el número de personas afrodescendientes en cargos públicos.

Dayana Blanco y Audrey Mena han logrado traducir todas sus luchas en un bienestar cuantificable y duradero para las poblaciones afro. Por eso, al preguntarle qué cambiaría de su niñez si tuviera una varita mágica, responde: “Eso es muy romántico, nada en esta vida se puede cambiar con varitas mágicas. No es un asunto de magia, es un asunto de políticas de Estado”.