41.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año han llegado a Canarias, y en este mes de noviembre han sido más de mil los «menas» (menores no acompañados) llegados. Ante estas cifras, no parece una política adecuada la actualmente vigente, lo que exige un auténtico acuerdo «de Estado» para su reforma, en la medida en que afecta a la integridad territorial y a la soberanía nacional. En efecto, se trata del acceso al territorio nacional al margen de la ley, siendo ésta una competencia claramente del Gobierno de España. Frente a esta situación, la única iniciativa que se conoce por parte del sanchismo es la de pactar la distribución de los «menas» llegados a Canarias, entre las diferentes comunidades autónomas de la península. Lo que provoca la pregunta de qué sucedería si en vez de mil al mes, llegan cinco mil, o diez mil: ¿cuál sería la respuesta? Actuar solo sobre los efectos sin actuar sobre las causas, no parece ni inteligente ni eficaz para gestionar lo que puede llegar a ser un grave problema para una adecuada convivencia social. De momento negocian el Gobierno, el PP y el gobierno canario, con la particularidad de que el PP y Coalición Canaria gobiernan a su vez en coalición, y que el interlocutor gubernamental es el anterior presidente canario. Por si esto no fuera suficiente, Sánchez está negociando «bajo mano» con ERC y Junts –de los que depende su permanencia en el Gobierno– compartir la gestión de una competencia de titularidad exclusiva estatal, como es la inmigración. Lo que es una exigencia de Puigdemont para aprobarle los Presupuestos. Y que conllevaría que la Generalitat ostentara la capacidad de regular el acceso y el derecho a la libertad de circulación por todo el territorio nacional; con fronteras propias, de «jure y de facto». O sea, los menores y demás irregulares, distribuidos por toda España, menos a Cataluña. Quizás es que su querido Àlex Soros jr, tan partidario de la eliminación de las fronteras en su «sociedad abierta» se lo exige. Con la estigmatización de «insolidarios» a los opuestos a esa irresponsable política, no se arreglan los problemas y someterse a esa presunta solución es una grave irresponsabilidad. Redistribuir un problema no es resolverlo, porque el problema de Canarias hoy, será el problema de toda España mañana, y no habrá redistribución posible. No por supuesto en la UE que ya está viviendo esa situación en diferentes países y adoptando medidas para cuando menos paliarlo. La baja natalidad también influye en el problema, pues la economía exige mano de obra. Y que no se resuelve promoviendo el aborto precisamente.