Después de dos meses suspendidas, vuelven este jueves las conversaciones sobre la derivación obligatoria de menores migrantes hacia la Península. Este 5 de diciembre el Gobierno de España se reunirá con Canarias, Ceuta y el Partido Popular para tratar de sacar adelante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Hasta ahora, esta se ha presentado como la única herramienta para reducir la presión sobre la red de acogida del Archipiélago, que tutela en la actualidad a cerca de 5.400 niños y adolescentes sin familia. Por si el acuerdo no llega, la Consejería de Bienestar Social ya trabaja en otra medida que aliviaría ligeramente la saturación de los centros. Este martes, ha vuelto a exigir al Estado que tutele a los menores solicitantes de asilo en sus dispositivos de atención de protección internacional.

La carta en la que el PP se basa para romper las negociaciones sobre los menores migrantes desmonta los argumentos de Tellado

El mecanismo de solidaridad entre comunidades aplicado hasta el momento no ha funcionado. En 2023, doce autonomías no recibieron a ninguno de los menores que pactaron acoger a pesar de que se distribuyeron 20 millones de euros para ello. Por esta razón, Canarias y el Estado apuestan por una medida que transforme la voluntad en obligación cuando en las regiones de la frontera sur los recursos superen el 150% de su capacidad. Según el Ejecutivo canario, en las islas la cifra asciende al 300% en la actualidad.

Aunque el PP nacional volverá este jueves a la negociación, el partido ya ha adelantado que está lejos de apoyar la acogida obligatoria de menores no acompañados. A un día de la reunión, la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ya ha mostrado su oposición al reparto equitativo de jóvenes entre las comunidades autónomas y ha acusado al Gobierno central de generar un “caos migratorio”. Sin embargo, que el PP haya aceptado sentarse a hablar con el PSOE ha llevado a Vox a suspender las negociaciones presupuestarias con el partido en todas las comunidades donde dependan del apoyo de la extrema derecha. Según el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, esta decisión viene al conocerse que el PP ‘’planea negociar políticas migratorias’’ con los socialistas.

Las reivindicaciones del PP

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, afirma que tiene un “optimismo real” para cerrar un acuerdo y fijar un “cupo mínimo” de menores por comunidad autónoma, así como que se asegure la financiación hasta que los jóvenes cumplan la mayoría de edad. Además, el popular ha pedido que una vez que el PP se siente en la mesa de negociación, el PSOE también “cumpla” su parte y pida el despliegue de Frontex en Canarias, más fondos de la UE y que explore la derivación de menores a países miembros.

En este sentido, los agentes de Frontex ya operan en Canarias y trabajan a pie de puerto. Así lo confirma también una misiva enviada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al PP. “La Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras ha desplegado más de 50 expertos, principalmente para ayudar a la policía a identificar y registrar a los inmigrantes. La Agencia de Aislo de la Unión Europea está apoyando a las autoridades canarias en el refuerzo del sistema de acogida de menores”, reza la carta.

Una de las principales quejas del PP en relación al borrador de la reforma versa sobre los fondos que el Estado ofrecerá a las comunidades para acoger a los menores. En esta línea, el responsable de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya explicó en julio que el texto remite a la financiación acordada en la conferencia sectorial de septiembre de 2022: 145 euros por niño o niña. Además, el ministro afirmó que el Estado ofrecería también recursos para infraestructuras y para la integración social y educativa de los menores.

Este miércoles, Torres ha insistido en que el Gobierno ha ido “respondiendo” a todas las peticiones del PP para que el partido apoye en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería. “Además, estamos hablando de admitir a trámite una proposición de ley que, incluso en el trámite parlamentario, puede haber nuevas enmiendas y nuevas peticiones”, añadió. “La decisión es la siguiente y es muy sencilla: ¿quiere el PP que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria, obligatoria y, además, justa entre el conjunto del país?”, preguntó en declaraciones a los medios de comunicación.

Junts y el Partido Popular ya tumbaron la reforma en el Congreso en julio. Tres meses después, el partido de Alberto Núñez Feijóo abandonó las negociaciones argumentando que España había rechazado la ayuda de la Unión Europea en materia migratoria. Sin embargo, la carta a la que aludió entonces el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para justificar su salida de las conversaciones no recoge en sus líneas que el Estado haya rechazado ningún tipo de ayuda.

Después de varias peticiones del Gobierno central, el PP volverá a la mesa de negociación. “Tenemos una oportunidad en las próximas horas y lo que vamos a hacer y lo que voy a hacer como ministro de Política Territorial y máximo responsable de la comisión interministerial es volver a tender la mano en todo aquello que se nos pide”, ha dicho Torres.

Derivación de solicitantes de protección

Según la consejera Candelaria Delgado, hay 500 menores en Canarias que tienen la condición de asilados, por lo que pide que sean derivados a recursos del Estado. En la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada este martes, la responsable de Bienestar Social ha indicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el requerimiento lo realizaron al Ministerio de Migraciones el pasado mes de octubre, pero aún no han obtenido respuesta. En esta línea, ha pedido también que el Estado solicite a la Unión Europea mecanismos de solidaridad para el reparto de menores, “porque hay estados que se han ofrecido a su acogida”, justificó Delgado.

La consejera ha añadido que para atender a los menores el Gobierno canario debe destinar 160 millones de euros y tacha de insuficientes los 50 millones de euros que el Estado transferirá a la comunidad autónoma este mes. ‘’Esperamos que también se resuelva pronto la promesa que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizó al presidente Clavijo de que transferirían cincuenta más’’, señaló. Aunque Canarias no ha dejado de solicitar ayuda económica al Gobierno central, el Ejecutivo ha recortado en un 62% el presupuesto propio que destinará en 2025 a la atención de menores migrantes. El próximo año, los recursos propios caerán de 15 a 5,6 millones de euros.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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La consejera también ha reiterado la necesidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, “como única solución que permitiría aligerar la presión que en estos momentos sufre Canarias en solitario como frontera sur de Europa”. Según las cifras que ofreció, las islas cuentan con 86 centros de acogida y no en todos ellos se pueden garantizar los derechos fundamentales de los menores, tal y como han reconocido en varias ocasiones desde el Gobierno de Canarias. Las lagunas del sistema se evidencian aún más en los grandes recintos, donde han llegado a convivir hasta 300 jóvenes.

Los bandazos sobre la reforma de la Ley de Extranjería: Clavijo aún confía en el PP, que dilata su apoyo al traslado de menores

Uno de ellos es el recurso de Hoya Fría, en Tenerife. El 10 de julio algunos representantes de otras comunidades autónomas pudieron ver el centro antes de que se celebrara la Conferencia Sectorial de Infancia convocada ese día en Tenerife. Sin embargo, todas las comunidades del PP dieron plantón a la visita. “Le pedimos al PP que busque un hueco en su agenda y, antes de valorar la reforma de la Ley de Extranjería, venga a uno de estos centros y mire a los ojos a los niños que están aquí”, dijo entonces la ministra de Infancia.