El pasado 16 de noviembre el Departamento de Educación del Gobierno vasco y Eusko Ikaskuntza organizaron una jornada sobre el papel del profesorado como agente del cambio educativo. El plato fuerte lo constituía la conferencia de la directora de investigación de la Universidad de Helsinki Hannele Niemi, presentada por la propia consejera Begoña Pedrosa.

Todo discurría apaciblemente por el camino trazado en el guion hasta que en el último momento, una persona que se presentó simplemente como madre, a diferencia de la mayoría del amplio auditorio compuesto por docentes, directores y staff de los organizadores, preguntó cómo estudiaban los alumnos inmigrantes escolarizados en una zona de habla sueca y no finesa.

La conferenciante respondió recordando que en Finlandia conviven tres lenguas, el finés, el sueco y el sami, en la zona lapona del norte. A continuación, aclaró cómo la enseñanza depende de la región, «a veces se habla más finés que sueco, y a veces más sueco que finés» en palabras de la intérprete, explicando que los estudiantes que provienen de familias inmigrantes «suelen aprender en la lengua principal de esa zona».

Ajena al sobresalto causado en buena parte de un público poco acostumbrado a que en tales asuntos hiciese acto de presencia la cordura, la invitada proseguía afirmando que «todo el mundo tiene que aprender sueco, si está en una escuela donde se enseñe en finés y todo el mundo tiene que aprender finés, si está en un centro educativo donde se enseñe en sueco». Aunque advertía que, pese a ello, los estudiantes «no suelen tener el mismo nivel en las dos lenguas».

Es posible que para aquel momento, más de un asistente ansiara algún fallo técnico que silenciara tal irrupción del sentido común en la sala. Pero el caso es que la investigadora finlandesa pudo acabar su respuesta recordando la imprescindible «atención a la lengua materna», y alertando sobre el problema «serio» que puede suponer la cuestión lingüística. Porque, remataba, si el alumnado no tiene «la capacidad plena de hablar o bien sueco o bien finés, no puede acceder a la educación superior y esto es algo que nos preocupa mucho».

Al parecer, aquí preocupa menos. Si hoy examinamos nuestra oferta pública, garante del derecho a la educación, observamos que, pese a nuestra diversidad sociolingüística, en el nivel de 2 años de edad, que es el momento en que se generaliza la entrada al sistema educativo, la oferta bilingüe, esto es, en modelo B, se reduce en Álava a cuatro centros, otra escuela oferta enseñanza básicamente en castellano, es decir, en modelo A, y el resto, más de 50, lo hacen exclusivamente en euskara (modelo D). De 164 centros públicos de Bizkaia, tres enseñan básicamente en castellano, y todos lo demás lo hacen únicamente en euskara, sin que haya oferta bilingüe. Y en Gipuzkoa, el acceso a la enseñanza es, desde hace tiempo, exclusivamente en euskara. A diferencia de Finlandia, y de diversas instancias internacionales podríamos añadir, nuestra oferta educativa se alza desde la ignorancia sistemática de la lengua materna de más de dos tercios de los estudiantes.

Y en cuanto a la lógica finesa de entender con naturalidad que los alumnos nunca obtienen los mismos resultados en el conocimiento de ambas lenguas oficiales, nuestro Parlamento ha decidido que todos los nuestros deben llegar por ley al mismo nivel, independientemente de su entorno sociolingüístico. Pese a conocer con total seguridad, porque esa investigación oficial sí llegó a ver la luz, que en el caso del euskara dicho objetivo sólo es alcanzable por menos de la mitad de los estudiantes, independientemente del modelo que cursen. Claro que ahora tal informe sería ocultado o tachado de ‘euskarófobo’.

¿Cuánto tiene la culpa de nuestro declive educativo el hacer desaparecer la lengua del entorno si esta no es la lengua vasca? ¿Cuánto perdemos por tratar al castellano como el enemigo del euskara? ¿Cuánto nos está costando huir de la razón y la evidencia? Bastante.