El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha garantizado este jueves que su partido se reunirá la próxima semana con los gobiernos central y canario para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería (concretamente, su artículo 35) para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes no acompañados entre las comundiades autónomas cuando los recursos de acogida estén por encima del 150% de su capacidad. El PP interrumpió la negociación el pasado mes de octubre con el argumento de que el Estado había rechazado ayuda de la Unión Europea para la derivación de migrantes hacia los estados miembros, algo que fue desmentido tajantemente por el Gobierno, que retó al PP (sin respuesta aún) a señalar qué plazas, en qué países y cuándo habían sido ofrecidas. Desde entonces, la negociación quedó interrumpida.

El PP vuelve a enfriar una posible negociación sobre la acogida de menores migrantes llegados a Canarias

“Nosotros vamos a cumplir con esa sentada”, ha señalado ahora Domínguez, subrayando en todo caso que su partido está “más cerca” del Gobierno canario que del Ejecutivo central, que ha dejado “solos” a los canarios y los “ha abandonado”. Hay que recordar que el Gobierno central (los partidos que lo componen) sí votaron a favor de comenzar a tramitar la reforma de la Ley de Extranjería, un texto que salió del propio Gobierno canario (formado por Coalición Canaria y, precisamente, por el PP) y que obtuvo el respaldo de todos los partidos del Parlamento canario, incluido el PP, menos Vox. Sin embargo, al llegar al Congreso, y después de que el presidente canario presentara el texto a cada uno de los grupos parlamentarios en una ronda a la que no acudió el propio Domínguez, el PP votó en contra, junto a Junts y Vox, alegando que no se había contado con ellos para redactar la propuesta. Esto fue negado por el portavoz del Ejecutivo canario, y, de hecho, el PP de Canarias sí había votado a favor. Pero en Madrid las cosas son diferentes y el PP de Feijóo lo rechazó, y después abandonó la negociación, ya en septiembre, a pesar de las insistentes declaraciones del presidente canario en busca de apoyo a la reforma para aliviar la situación de los centros de acogida en las Islas. Mientras, el Gobierno central comprometió 100 millones de euros para esta atención (y eso pese a que se trata de una competencia autonómica) y puso a disposición de Canarias varias instalaciones del Ministerio de Defensa para instalar a los menores.

Domínguez espera que una vez el PP se siente a la mesa de negociación el PSOE también “cumpla” con su parte y solicite el despliegue de Frontex en Canarias, más fondos económicos a la UE, una oficina de asilo o que se explore la derivación de menores a países miembros.

Domínguez tiene un “optimismo real” para tratar de cerrar un acuerdo en torno a lo pactado en el Pacto Canario por la Inmigración, que pasa por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería (su partido, el PP en Madrid, votó en contra de admitir a trámite parlamentario esa reforma), que se fije un “cupo mínimo” de menores por comunidad autónoma y se asegure la financiación hasta que cumplen la mayoría de edad.

“El Partido Popular creo que ha sido un partido responsable, ha sido un partido coherente, que no se ha movido desde el primer momento en las solicitudes que planteaba y la predisposición para la modificación y para el apoyo que se ha llevado desde Canarias, notoria, clara y pública desde el primer momento”, ha señalado. Cabe recordar que las exigencias del PP nacional en esta materia han ido surgiendo durante los últimos meses, incorporando nuevas peticiones que han ido dilatando el proceso, la última, la de la intervención de la Unión Europea, algo que ni mencionó el pasado mes de julio.

Domínguez, que no respaldó a Clavijo en la ronda de contactos con los partidos para presentar la propuesta canaria y que no evitó que su propio partido votase en contra de su admisión a trámite en el Congreso de los Diputados, se ha reivindicado este jueves asegurando que ha jugado un “papel fundamental” para tratar de sortear la “bronca política” y el “enfrentamiento” que hay en España en torno a la inmigración cuando hay personas que mueren intentando llegar a las costas de las islas o no son atendidas como se merecen. Precisamente una de las críticas más repetidas hacia él en el Parlamento canario por parte de los partidos de la oposición es su “inoperancia” a la hora de lograr que su partido respalde en Madrid lo que, supuestamente, apoya en las Islas, es decir, la reforma de la Ley de Extranjería. “Es usted el vicepresidente de las excusas y de la inoperancia, siéntense ya en la mesa de negociación”, le espetó esta misma semana Nira Fierro (PSOE) en el Parlamento regional.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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También ha habido críticas, aunque más moderadas, hacia la actitud del PP por parte de Clavijo. Ocurrió después del pleno casi monográfico sobre inmigración en el Congreso de los Diputados, donde Feijóo, en lugar de buscar un pacto de Estado por la inmigración, como propuso el PSOE, dedicó el 90% de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso el reproche de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento y que debía ceñirse al tema del día, la inmigración. Tras aquella sonada intervención, Clavijo aseguró no entender la actitud del PP ni por qué había abandonado la negociación.

Los bandazos sobre la reforma de la Ley de Extranjería: Clavijo aún confía en el PP, que dilata su apoyo al traslado de menores

“Estamos consiguiendo separar la bronca de la necesidad que en este momento particularmente tiene Canarias, pero que se está convirtiendo en un asunto de Estado, y ahí es donde, pues con altura de miras, he pedido al partido que asuma esa responsabilidad y lo está haciendo”, ha dicho Domínguez. Las últimas noticias desde el PP nacional sobre este asunto es que si el Gobierno central quiere el respaldo del PP, Pedro Sánchez deberá firmar el pacto que suscribieron Feijóo y Clavijo en septiembre, un documento que no ha sido consensuado con ningún otro partido ni cuenta con el respaldo del Pacto Canario por la Inmigración.