La llegada del frío y el mal tiempo ha acabado por hacer fracasar del todo el arranque de las deportaciones de migrantes a Albania del Gobierno de ultraderecha italiano de Giorgia Meloni. A la isla de Lampedusa ya no arriban embarcaciones desde el norte de África y no hay personas a las que trasladar al campo de internamiento de Gjäder, construido por Italia en el último año. Y como está vacío, porque las dos únicas operaciones de traslado ―en total, 24 personas en mes y medio, de las 6.000 que han llegado por mar a Italia― han sido anuladas por los tribunales italianos, ya no tiene sentido mantenerlo abierto.

Todos los policías, funcionarios de prisiones y personal administrativo han regresado a Italia, según ha confirmado el Ministerio de Interior, que ha especificado: “Sigue operativo, el personal varía según las exigencias”. Solo han quedado siete empleados de la cooperativa que gestiona la asistencia social y sanitaria. Además del buen tiempo, en primavera, Meloni debe esperar que la justicia se pronuncie sobre los obstáculos legales que han abortado su plan. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la UE, al que los magistrados italianos se han dirigido para que resuelva el conflicto entre las normas italianas y las europeas. Por otro, el Supremo italiano, que el 4 de diciembre, en principio, debe decidir sobre el recurso del Gobierno de Roma al rechazo judicial de la primera deportación.

Meloni, que se empeñó en poner en marcha un plan de vistosa apariencia propagandística hacia su electorado, pese a las evidentes dificultades legales y prácticas que presentaba, ha tenido que renunciar, por el momento, a una de sus medidas estrella. Tras firmar un acuerdo con Albania en 2023, la primera ministra pensaba comenzar las deportaciones en mayo, luego en verano y, finalmente, en otoño. El retraso en las obras del campo de internamiento hizo perder los meses de buen tiempo y de mayores llegadas de migrantes, pero el principal obstáculo llegó en octubre: una sentencia europea que, en la práctica, inutilizaba todo el modelo Albania. Reducía el número de países a cuyos ciudadanos se podía aplicar el controvertido protocolo rápido ideado por Italia de gestión de asilo y rechazo en frontera, base del plan de deportaciones. Aun así, Meloni decidió seguir adelante y su estrategia para salir del callejón sin salida donde se ha metido es echar la culpa a los tribunales, que argumentan que simplemente han parado los traslados siguiendo la normativa europea.

En estos momentos hay un choque sin precedentes, casi peor que en la época de Berlusconi, entre el Gobierno y los jueces. Todas las asociaciones de magistrados, habitualmente divididas, han reaccionado unánimemente ante los ataques del Ejecutivo, que acusa a los tribunales de hacer política. El último movimiento de Meloni es bastante insólito: como los jueces de los tribunales de inmigración, específicamente reforzados para estos trámites, están rechazando su polémico protocolo rápido para los deportados a Albania, pretende otorgar esa competencia a los de apelación. Es decir, ver si cambiando de juez, cambian sus sentencias. Pero también estos magistrados, ya desbordados de trabajo, han rechazado de plano la idea.

A la espera de lo que ocurra en el frente judicial abierto, el regreso del personal desplazado a Albania no es una sorpresa. El desorbitado gasto en este aspecto es uno de los principales motivos de crítica al plan, porque supone la partida más costosa, 180.000 euros al día. En el centro de primera acogida del puerto de Shëngjin, a una hora en coche al norte de Tirana, y en el campo de Gjäder, con capacidad para 1.000 reclusos, había más de un centenar de agentes y empleados matando el tiempo, sin nada que hacer, alojados en un hotel de cinco estrellas de esta zona turística.

El coste aproximado del modelo Albania, alabado por la Comisión Europea y que muchos países miran con atención como posible vía a imitar, ha sido de unos dos millones de euros desde el 11 de octubre, cuando se realizó la primera deportación. Si se considera que solo se han trasladado allí 24 personas, que además tuvieron que ser enviadas a Italia a los pocos días por orden judicial, el coste por migrante ha sido de 85.600 euros, ha calculado la prensa italiana. Frente a los 35 euros al día que cuesta en los centros de acogida italianos. El presupuesto inicial de toda la operación es de 635 millones en cinco años.

En realidad, el escaso número de personas trasladadas nace de uno de los problemas de base de todo el plan, que el Gobierno de Meloni ha subestimado al priorizar el golpe de imagen: que en realidad muy pocos de los migrantes cumplen los requisitos para ser enviados a Albania. Para respetar el derecho internacional, hay que atenerse a una maraña de requisitos. Italia solo puede enviar al país balcánico a hombres adultos y sanos, que no estén en condiciones de vulnerabilidad física o psíquica, rescatados en aguas internacionales por naves de bandera italiana. Es decir, no afecta a los salvados por barcos de ONG extranjeras.

Para seleccionar a las personas adecuadas, quienes son rescatados pasan un primer examen a bordo de la nave que va y viene de Albania. Basta ver el resultado de los primeros resultados: el primer traslado fue de 16 personas, en unos días en que a Lampedusa llegaron 1.200, y de esas 16, dos luego resultaron ser menores y dos estaban en condiciones de vulnerabilidad, ni siquiera llegaron al campo de Gjäder. Las 12 restantes apenas pasaron dos días hasta que un tribunal ordenó que fueran enviadas a Italia. Lo mismo ocurrió en el segundo traslado, de ocho personas: una estaba en condiciones críticas y fue desplazada a Italia nada más llegar.

La razón de las decisiones judiciales está en que en realidad el principal obstáculo para las deportaciones es la nacionalidad: los migrantes deben provenir de países considerados seguros, es decir, donde se respeten los derechos humanos. Esta es la clave del conflicto legal. Si vienen de un país seguro, pueden ser desviados al controvertido protocolo rápido de gestión de peticiones de asilo, porque se presume que sus solicitudes serán rechazadas. La idea es desestimarlas en cuestión de días, y no en uno o dos años, como ocurre en la tramitación habitual, tiempo durante el cual tienen derecho a residir en Italia libremente a la espera de la resolución de su expediente. El modelo Albania se basa en resolver velozmente las peticiones de asilo de los deportados, que de este modo no pisan Italia, rechazarlas y luego expulsarlos a su país de origen. En todo caso, los expertos ya advierten también que de todas maneras la mayoría de los enviados a Albania acabarían llegando a Italia, porque solo el 20% de las expulsiones se llegan a ejecutar. Es otro gran fleco suelto que el Gobierno no explica.
La clave del conflicto legal: ¿qué es un país seguro?

El problema mayor, en todo caso, está en la definición de qué es un país seguro. Porque Italia dice una cosa y la normativa europea, interpretada por el Tribunal de Justicia de la UE, dice otra. Italia estableció una lista de 22 países que clasificaba como seguros, que tras el fracaso del primer traslado redujo a 19. No obstante, la sentencia europea del pasado 4 de octubre limitó esos países seguros a ocho: Cabo Verde y siete de los Balcanes. Es decir, ninguno de los países principales del origen de la inmigración ilegal en Italia. Dejaba fuera, por ejemplo, Bangladés, Egipto y Túnez, de donde llegan la mayoría. Los únicos 24 migrantes trasladados a Albania hasta ahora eran, precisamente, de Bangladés y Egipto.

El tribunal de la UE estimó que si en un país hay una zona donde no se respetan los derechos básicos, todo el país debe considerarse no seguro. Lo mismo ocurre si hay un colectivo que sufre discriminación por razones de sexo, raza, religión o ideas políticas. Italia, en cambio, considera que se debe evaluar caso por caso en el momento, no aceptar la petición de asilo directamente según el país de origen. El Gobierno de Meloni considera seguros estos 19 países: Albania, Argelia, Bangladés, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia y Sri Lanka.

Entrar en el cauce habitual de gestión de asilo no quiere decir que luego, una vez evaluada la petición, alguien procedente de uno de estos países no pueda ser expulsado. Pero la clave es el tiempo que se dedica a estudiar la solicitud. Meloni quiere hacerlo en dos o tres días porque de ese modo pretende luego expulsar a estos migrantes desde Albania y que nunca lleguen a poner un pie en el país. Porque lo cierto es que, frecuentemente, para cuando se rechaza una petición de asilo, el solicitante pierde su pista en Italia o en otro país europeo. Y aunque se le arreste, las repatriaciones son muy difíciles y no hay más remedio que dejarlo en el país, en la ilegalidad. Hasta la siguiente regularización