Casi 3.000 solicitudes de la renta de garantía de ingresos (RGI) han sido denegadas en lo que va de año. En concreto, 2.960 hogares vulnerables que han demandado esta ayuda social han visto su petición rechazada, la mayoría por superar los ingresos y el patrimonio máximo. Son una media de casi 300 solicitudes denegadas al mes, algunas por más de un motivo. Se repite como la razón principal el exceso de ganancias, en 1.712 casos –1.064 mujeres y 648 hombres–, seguido de quienes no cumplen los requisitos para ser titular o unidad de convivencia –854–. También ha habido 671 solicitudes que incumplían el requisito de empadronamiento o residencia efectiva y otras 42 no han solicitado todas las pensiones y prestaciones públicas a las que pudieran tener derecho, según explica el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en una respuesta parlamentaria a una pregunta realizada por Jon Hernández (grupo Mixto-Sumar).

La proporción de solicitudes denegadas antes y después de que entrara en vigor la nueva reforma, en abril de 2023, «es muy similar». Si en lo que va de 2024 se han rechazado 2.969 y se han resuelto un total de 17.599, el ejercicio anterior se resolvieron 20.058 y se denegaron 3.540. Lo que sí ha aumentado es el número de personas que acceden a esta prestación desde la reforma, gracias a la flexibilidad de los requisitos, sobre todo de la antigüedad de empadronamiento, que desaparece para ciertos colectivos, como refugiados o mujeres víctimas de violencia machista y de trata. Así, casi 20.000 nuevas personas se han beneficiado de la RGI desde abril de 2023 – 17.599 corresponden a este 2024–.

De las nuevas concesiones, 1.944 corresponden a hogares con menores. También se han incluido 913 mujeres víctimas de violencia de género, 1.385 personas refugiadas o solicitantes de asilo, 2.428 pensionistas (que reciben un complemento por esta vía), 435 jóvenes que provienen del sistema de protección de menores, 32 víctimas de trata o explotación sexual y nueve víctimas del terrorismo, entre otros.

En cualquier caso, esto no significa que los perceptores totales hayan aumentado en casi 20.000 en poco más de un año, ya que mientras muchos acceden por primera vez a esta prestación, otros salen de ella porque han mejorado sus condiciones económicas o han encontrado un trabajo. Así, si en abril de 2023 había 50.801 expedientes activos en el conjunto de Euskadi, el pasado mes de octubre eran 57,702, un 13,6% más, según datos expuestos ayer por el parlamentario socialista Ekain Rico durante el pleno ordinario en el Parlamento Vasco en el que EH Bildu solicitaba tramitar de oficio las solicitudes de RGI de personas pensionistas.

La Cámara vasca, sin embargo, rechazó la proposición no de ley de la coalición soberanista que pedía al Gobierno Vasco que, en el plazo de seis meses, acordara con las haciendas forales nuevas medidas para el abono de estas prestaciones a pensionistas. La propuesta solo contó con el apoyo del parlamentario de Sumar, y el texto aprobado fue el presentado por los grupos que sustentan al Ejecutivo, PNV y PSE, que recibió la abstención de PP, Sumar y Vox, y la negativa de Bildu.