Alumnos migrantes del IES La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria han comenzado este lunes a pintar un mural sobre su “necesaria integración y normalización” en las aulas, obra que el Gobierno canario hará llegar al papa Francisco, al que ha invitado a conocer la crisis humanitaria que se registra en las islas.

El profesor Iván Ojeda ha explicado a los periodistas antes de la inauguración, en Casa África, del III seminario Migratlantes, que este centro educativo trabaja desde hace años con jóvenes migrantes para convertirlos en “embajadores para el cambio ante la imperiosa necesidad de generar integración y normalización en las aulas”.

“La idea es que estos chicos sean portavoces en otros centros y con otros iguales de la necesidad de empatizar en sentimientos y pensamientos sobre otras culturas, etnias y orígenes, y lograr que entiendan que hoy en día, más que un problema, podemos buscar soluciones a esta situación que nos encontramos en las islas”, ha referido.

El mural que han comenzado a pintar estos adolescentes, labor en la que también ha participado el presidente canario, que participa en este seminario, pretende “simbolizar esa integración y normalización entre culturas y la necesidad de que estos jóvenes, que son el futuro, sean partícipes de soluciones y corresponsables de los retos de futuro que tenemos”.

Se trata de “formarlos para que se puedan integrar en otras entidades sociales y que sean partícipes de posibles soluciones, que sean ellos los que las busquen, más que dárselas nosotros como formadores”, ha explicado el docente.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Ojeda ha confirmado que el Gobierno canario formalizará este mural “como un regalo para al papa”.

“Vamos a grabar un vídeo con toda la experiencia para que vea que nuestros jóvenes están implicados y por la labor de cambiar hacia un futuro mejor y una sociedad más justa, basada en la conciencia social y la equidad”, ha aseverado.