En el trasfondo de la última reforma del Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, está la de allanar la regularización de personas de países extracomunitarios que están en el país de forma irregular con el objetivo de poder integrarlas en el mercado laboral. De ese modo podrían cubrirse puestos con alta demanda de trabajadores como los relacionados con el sector primario.

Pero mientras organizaciones agrarias como UPA aplauden el nuevo texto al entender que al reducir plazos y agilizar los procedimientos administrativos permitirá agilizar los trámites de regularización de trabajadores, desde la Xunta echan en falta que no se hayan incluído en el texto algunas de sus alegaciones. En concreto, la de incluir las microformaciones que instruyen en aquellos puestos que es preciso cubrir como una de las fórmulas para obtener el arraigo por formación. Sobre esta herramienta el conselleiro de Emprego, José González, dijo ayer que no había que olvidar que «é unha ferramenta que funciona, tal e como demostra o balance da primeira edición do programa Arraigo, no que o 100% dos inmigrantes participantes obtiveron residencia, e así se expuxo nas propias alegacións e en reunións coa secretaria de Estado de Migracións». Además, criticó que se restrinja el papel de entidades como Cáritas que colaboran en un programa que este año prevé beneficiar a 180 personas.