El nuevo Reglamento de Extranjería permitirá regularizar en los próximos tres años a 900.000 personas en situación irregular. Ésta es la estimación del Gobierno sobre una normativa aprobada este martes en el Consejo de Ministros que, además de facilitar la obtención de permisos y alargar su duración, “va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”.

La afirmación la ha hecho la titular de la cartera de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que ha explicado que el texto ha sido elaborado con la colaboración de asociaciones, sindicatos y patronales. A lo que ha apostillado: “Aporta seguridad jurídica, simplifica trámites y protege, pero además ofrece nuevas posibilidades a las personas que hayan decidido desarrollar su proyecto de vida en España, a ellas y a sus familias”.

Entre las novedades, los visados iniciales van a ser de un año y las renovaciones de cuatro años para evitar “situaciones de irregularidad sobrevenida”. Además, se han aclarado y simplificado los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra de forma que, por ejemplo, no será necesario salir del país para obtener la de larga duración después de haber tenido una temporal.

También se ha extendido a un año la duración del visado para la búsqueda de empleo, que hasta ahora era una autorización de tres meses. Se incluye, asimismo, una nueva modalidad de arraigo, la de segunda oportunidad, dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado por determinadas razones.

Tanto esta nueva modalidad de arraigo como las cuatro ya existentes social, sociolaboral, familiar y socioformativa se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años para solicitarlas. De igual modo, se flexibilizan los requisitos que se tiene que cumplir para obtenerla y se habilita a trabajar tanto por cuenta ajena como propia desde el primer momento. Todas estas autorizaciones serán de un año salvo la familiar, que será de cinco.

Fuentes cercanas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que otra de las novedades es que los solicitantes de arraigo social también podrán presentar un informe de integración en la sociedad emitido por una administración que lo acredite.

Además, de acuerdo con el nuevo texto, la persona que solicite asilo en España y al tiempo le sea denegado, no podrá computar el tiempo de residencia en el país como tiempo para optar al arraigo, como ya dictaminó el Tribunal Supremo. Con esta novedad, buscan priorizar que las solicitudes de protección internacional queden más reservadas a aquellos que llegan en situaciones de vulnerabilidad por guerras o porque son perseguidos por razones de raza, sexo o religión.

Pero esto no se cumplirá hasta que no entre en vigor el nuevo reglamento en unos seis meses. Una vez que ocurra, los solicitantes a los que su petición de protección internacional sea denegada, tendrán que esperar dos años para poder acceder a la figuras de arraigo establecidas y así, regular su situación.

Una vez que este entre en vigor, los extranjeros que tengan una denegación firme tendrán un año para regularizar su situación, acreditando la residencia en España durante al menos seis meses en lugar de dos años y demostrar vínculos familiares, una oferta de trabajo o la acreditación de integración en la sociedad, entre otras opciones que recoge el reglamento.
Actividades de temporada

En cuanto a las actividades de temporada, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo para “facilitar la contratación tanto a nivel individual como colectivo”. “Además, se mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que deberán tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan de sus condiciones laborales, de estancia y demás gastos”, subrayan en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

También se regula la mejora de las condiciones de habitabilidad y la seguridad del trabajador desde que sale de su país hasta que se da de alta en España. A esto se suma una mejora en la posibilidad de cambio de empleador “en caso de abuso o por otras causas que hayan impedido el desarrollo de la relación laboral”, como el fallecimiento o plagas en la cosecha.
Favorecer el estudio

Otra de las novedades es que los estudiantes van a poder contar con una autorización de estancia que dure el mismo tiempo que su formación y se les va a facilitar una vía rápida para poder enlazar con un permiso de trabajo una vez obtenida su titulación. Durante sus estudios estarán autorizados a trabajar un máximo de 30 horas semanales.

Además, este nuevo reglamento facilitará que el estudiante que al finalizar sus estudios consiga un empleo en España, pueda tener el visado de trabajado sin tener que esperar a que Extranjería lo habilite como ocurre actualmente. De esta forma, fomentan que los alumnos no pierdan oportunidades laborales y mejore la retención de talento en el país.

Finalmente, se ha tratado de facilitar la reagrupación familiar ampliando el límite de la edad de los hijos que pueden acogerse a ella de los 21 a los 26 años e incluyendo a los familiares a cargo de un ciudadano español, como podría ser el caso de personas mayores. También se permitirá la regularización de situaciones que hasta ahora se mantenían fuera de la legalidad, como la posibilidad de incluir a las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga.