«El impacto económico del racismo en nuestro PIB es demoledor». Con este alegato, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió este martes la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería en el Consejo de Ministros.

Ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la que puso los datos sobre la mesa: España pierde 17.000 millones de euros al año (1,3% del PIB) por la discriminación laboral y educativa que sufre la población extranjera.

No solo eso. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, el país necesita recibir entre 250.000 y 300.000 trabajadores foráneos cada año para sostener el Estado de bienestar, por eso los cambios introducidos en el reglamento, que vio la luz hace 13 años, pretenden relajar las condiciones de entrada y permanencia de los inmigrantes.

Visados

Las principales novedades tienen que ver con la política de visados. Las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones se extenderán a cuatro. «De esta forma, se evitan situaciones de irregularidad sobrevenida, algo que también se ha querido evitar en la nueva norma al aclarar y simplificar los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra. Por ejemplo, no será necesario abandonar nuestro país para obtener la residencia de larga duración después de haber tenido una temporal», aclara el ministerio.

Además, se ha extendido de tres meses a un año el visado para la búsqueda de empleo. «Va a facilitar que las personas consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren los profesionales que necesitan», explican.

Trabajo y estudios

Los inmigrantes podrán trabajar desde el primer momento, sin la necesidad de pedir de forma expresa una autorización de trabajo por cuenta ajena.

En lo que se refiere a las actividades de temporada, sí habrá una autorización específica de residencia y trabajo que facilitará la contratación colectiva de trabajadores foráneos. Además de reforzar la información y la seguridad de los inmigrantes temporeros, también se les permite cambiar de empleador en caso de abuso o por otras causas que les hayan impedido el desarrollo del trabajo para el que habían sido contratados, como el fallecimiento del empleador, una plaga en la cosecha o catástrofes naturales.

En cuanto a los estudiantes, contarán con una autorización de estancia por todo el tiempo que duren sus estudios «y se les va a facilitar una vía rápida para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez acabada su formación», detalla el ministerio en un comunicado, en el que se menciona otra novedad: los estudiantes extranjeros estarán autorizados a trabajar un máximo de 30 horas semanales, sin importar el tipo de formación que estén cursando. La medida abre la puerta a emplear trabajadores foráneos en tareas peor remuneradas, lo que podría hacer proliferar los contratos parciales y fijos discontinuos.

Arraigo

En España hay 7 millones de extranjeros que cuentan con un documento de residencia en vigor. Unos 210.000 lo tienen por la vía del arraigo, una figura inexistente en los otros 26 países de la UE. Hay cinco tipos reconocidos en el reglamento: el social, sociolaboral, familiar, socioformativo y ahora, el de segunda oportunidad. Este último se dirigirá a personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado por diversas razones.

Las figuras se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia necesario para demostrar el arraigo de tres a dos años. El nuevo reglamento también flexibiliza las condiciones para obtenerlo y permite a los solicitantes trabajar también por cuenta propia.

Todas estas autorizaciones serán de un año salvo la familiar, que será de cinco. El objetivo, según ha explicado la ministra Saiz, es conseguir regularizar unas 300.000 personas cada año hasta el 2027.

vacantes laborales

Las empresas necesitan casi 304.000 empleados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera solventar por esta vía dos problemas: la situación irregular de muchos migrantes, que da lugar a abusos y fraudes, y amortiguar el problema de vacantes que arrastra el mercado laboral. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas españolas tienen más de 151.300 puestos de trabajo sin cubrir —7.600 en Galicia—. Las compañías tienen que recurrir en muchos casos a mano de obra foránea para mantener la actividad. Muestra de ello es que los extranjeros ya suman 2,9 millones de cotizantes en la Seguridad Social. Son el 13,6 % del total y representan ya el 16 % del colectivo de autónomos. El efecto en los salarios es lo que preocupa a los sindicatos. Y es que, de igual modo que «un aumento de la demanda de trabajo insatisfecha puede presionar los salarios al alza», como dice el INE, no es menos cierto que una mayor oferta de mano de obra puede enfriar las subidas.

Los extranjeros ya copan más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo en Galicia

c. porteiro

Ante las presiones crecientes de los discursos antiinmigración de la extrema derecha, el Gobierno ha manifestado su confianza en que los cambios en el reglamento tendrán una buena acogida entre la población española: «Somos un país de oportunidades. Hace años, la crisis obligaba a los jóvenes a emigrar, ahora somos un polo de atracción de inversiones, talento y crecimiento», deslizó Saiz, quien contrapuso la imagen de país «abierto y próspero» que persiguen a la de un país «cerrado y pobre».
Salarios: los inmigrantes ganan de media un 23 % menos

La discriminación salarial existe y está cuantificada: la población extranjera gana un 23 % menos que la nacional. Cada mes, un trabajador español ingresa unos 2.223 euros brutos. Son 500 más que los 1.717 que recibe un empleado foráneo. Ahora bien, no toda la brecha se explica por discriminación de origen. Según un estudio elaborado por Ramón Mahía y Eva Medina para el ministerio, hasta 473,5 euros de diferencia se pueden atribuir a variables sociodemográficas, al nivel de formación, la cualificación, las condiciones salariales en el sector en el que están empleados, la antigüedad en la empresa y el tipo de contrato (parciales y temporales). Sin embargo, hay otros 26,5 euros que los expertos no pueden explicar si no es por discriminación de origen. Y esto tiene un coste bruto para el colectivo de 2.200 millones de euros cada año.

Hay otro dato que pone de relieve la dificultad que tiene la población extranjera para integrarse en el mercado laboral y elevar sus remuneraciones salariales: solo el 3,7 % de ellos acceden a un empleo público, frente al 19,3 % de los españoles.

Por el contrario, hay una mayor proporción de foráneos con trabajos temporales (27,3 %), parciales (16,1 %) y en ocupaciones elementales (26,1 %) —la lista incluye a los empleados domésticos, el personal de limpieza, ayudantes de cocina, preparadores de comida rápida, recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros, repartidores de publicidad, peones agrarios, forestales, de la pesca, industria y de la construcción o reponedores— que entre la fuerza laboral autóctona, que opta a puestos de mayor cualificación y salarios más elevados.