El nombre del presidente electo flota sobre dos fronteras. Mientras una sucesión de caravanas migrantes comienza su camino desde el sur de México, en las puertas —cerradas— de Estados Unidos se notan las primeras señales de una ola migratoria que intenta llegar a suelo estadounidense a la desesperada antes de que Donald Trump previsiblemente implemente sus planes en materia migratoria, su prioridad, como ha dicho una y otra vez. A dos semanas de la victoria electoral del republicano, el flujo de migrantes sigue siendo bajo, como lo ha sido desde que Joe Biden firmó un decreto que limitó dramáticamente las entradas a comienzos del verano, pero en los últimos días las detenciones de grupos de más de cien personas en la frontera apuntan a un cambio de tendencia para los meses finales de la Administración demócrata, que se está preparando para ello.

En Eagle Pass, Texas, que ha estado en el epicentro de la crisis de migrantes reciente, el domingo se detuvieron 154 inmigrantes sin papeles, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés). El grupo incluía 20 menores que viajaban solos y seis personas provenientes de Afganistán. El lunes, en San Miguel, Arizona, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 230 personas indocumentadas. En ambos casos se ha señalado que los grupos estaban a salvo y siendo procesados. Esto, bajo la normativa actual que en efecto ha suspendido las solicitudes de asilo y que además permite las expulsiones en caliente a quienes crucen la frontera fuera de los accesos oficiales, significa que con toda probabilidad la mayoría de estas personas serán deportadas, si no es que ya lo han sido. Aunque el panorama que se vislumbra bajo la nueva administración de Trump es de un cierre total de la frontera, como él mismo ha anunciado, la realidad es que en este momento, prácticamente, ya lo está.

De todas formas, el escenario de un pico repentino en el flujo de migrantes de cara a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero ha estado en la agenda de las autoridades migratorias desde antes de las elecciones. NBC News reportó que un día antes de las elecciones, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se había reunido con sus asesores más importantes y los jefes de Aduanas (CBP) e Inmigración (ICE) para hablar sobre lo que una posible victoria de Trump significaría para la frontera y prepararse para ello.

Según las fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense, las cuestiones que se trataron fueron si había la capacidad para lidiar con un aumento en el número de migrantes intentando entrar al país de manera irregular, específicamente si había suficiente espacio en los centros de detención temporales para alojar a posiblemente miles de personas antes de ser deportados. Y, en la misma línea, si se planeaba con mantener el procesamiento y expulsión rápidos, o si, por el contrario, sin techo para albergar números mayores de migrantes de manera temporal, se volvería a la política de liberación en territorio estadounidense mientras se produce una cita judicial que defina su destino migratorio, tan criticada por la derecha.

Aunque no se sabe públicamente las conclusiones a las que se llegaron en esa reunión, ni si ha habido nuevas en los últimos días, un portavoz de CBP fue tajante: “La realidad permanece: Estados Unidos sigue aplicando la ley de inmigración, y los inmigrantes deben utilizar vías seguras, legales y ordenadas para llegar a Estados Unidos”.

Los últimos datos disponibles sobre las entradas de migrantes, de septiembre, han sido los más bajos desde que Biden asumió la presidencia. Durante el mes hubo un poco más de 100.000 encuentros con personas en la frontera sur, un poco más de la mitad de ellas fuera de los puestos fronterizos. Esto es alrededor de un 7% menos que en agosto, y 170% menos que septiembre del año anterior. El papel de México en la intercepción de migrantes antes de que lleguen a la frontera ha sido clave.

Estas tendencias se han ido sucediendo de mes a mes desde que el presidente Biden firmó su decreto, pero también aceleró las deportaciones. Desde el 5 de junio hasta ahora, según la información de CBP, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha triplicado el porcentaje de extranjeros procesados para una “expulsión acelerada”, y el número de personas liberadas por la Patrulla Fronteriza en espera de procedimientos judiciales migratorios se ha reducido en un 80%. Como resultado, el DHS ha expulsado o devuelto en ese periodo a más de 160.000 personas a más de 145 países, sin incluir las repatriaciones del CBP en aeropuertos o en la frontera norte.

Para todo el año fiscal 2024, que corre de octubre de 2023 hasta el final de septiembre de 2024, los datos preliminares muestran que Estados Unidos completó más de 700.000 deportaciones, más que en cualquier año fiscal anterior desde 2010. Esto incluye más expulsiones a países distintos de México que en cualquier año anterior. El DHS también ha reducido a más de la mitad el tiempo que tarda en expulsar a las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos con respecto a su media histórica. Además, el número estimado de fugas de migrantes —personas que cruzaron la frontera sin encontrarse con las autoridades— ha disminuido aproximadamente un 60% del año fiscal 2023 al año fiscal 2024.

Pero esta realidad sigue siendo laxa en comparación a lo que la imaginación arroja cuando se piensa en la frontera bajo la segunda presidencia de Trump. Tras nombrar la semana pasada a tres halcones migratorios para algunas de las posiciones más importantes en esta materia —Stephen Miller, como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca; Tom Homan, como “zar de la frontera”; y Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional— el cierre a cal y canto de la frontera parece inminente. Este lunes el presidente electo Trump aseguró que decretaría la emergencia nacional, lo cual le permitiría desplegar al ejército para labores migratorias, y también ha prometido una deportación masiva, el final de los programas del parole humanitario y el aumento significativo de las camas para alojar temporalmente a migrantes detenidos, incluso usando o expandiendo cárceles.