España ha concedido casi 250.000 permisos de residencia para ciudadanos extracomunitarios a directivos internacionales, investigadores, emprendedores o compradores de inmuebles por valor de más de medio millón de euros, entre 2014 y 2023. Son datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Coinciden con la primera década de vida de una legislación aprobada en 2013 por el Gobierno del popular Mariano Rajoy que buscaba, en plena crisis económica, fomentar el crecimiento e internacionalización de empresas españolas y también atraer capital y talento extranjero de fuera de la Unión Europea. Es la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores de la que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que eliminará las golden visa para compradores de vivienda de más de 500.000 euros e inversiones empresariales. Del total de estos permisos, que también autorizan a trabajar, algo más de la mitad corresponden al titular y el resto, a sus familiares (cónyuge o hijos).
Más información
Sánchez anuncia que eliminará los visados de oro a extranjeros por comprar vivienda

Con los datos globales en la mano, el principal colectivo de extracomunitarios que obtuvieron la residencia fueron los que entran en el epígrafe de personal directivo o altamente cualificado (104.303), el segundo grupo son inversores (en más de un 95% inmobiliarios, los beneficiarios de las célebres visas de oro, 61.606 personas). A continuación se situaron investigadores (27.002). Y en menor medida, empleados a quienes sus empresas trasladaron a España, personas que buscan empleo o se están formando, emprendedores y trabajadores audiovisuales o beneficiarios de la tarjeta azul (extracomunitarios procedentes de otros países europeos). Por procedencia de los solicitantes de los permisos, la primera es América central y del sur, seguida de Asia, países europeos no comunitarios (aunque estos han ido creciendo y en 2023 ocuparon la primera posición), América del Norte, África y Oceanía. Por edades, la franja que más permisos concentra es la de personas entre los 24 y 44 años.

La gran mayoría de permisos se concedieron en las provincias de Madrid (86.410 permisos en total) y Barcelona (77.678). Pero hay diferencias, en Madrid el principal perfil es del de personal directivo o altamente cualificado, a mucha distancia de los inversores. Y las dos principales procedencias son América central y del sur y Asia. En Barcelona, hay menos distancia entre los profesionales y los altamente cualificados, y la principal procedencia es Asia, seguida de América central y del sur, y la tercera (disparada en los últimos años) de Europeos no comunitarios.

Otro de los datos llamativos es que los permisos conseguidos a través de la golden visa (es decir, por inversiones) se dispararon desde la pandemia: de 2.060 en 2020 a 5.425 en 2023. En estas cifras faltarían las autorizadas durante el ejercicio actual (2024), durante el que las solicitudes se han disparado tras el anuncio del Gobierno de que quería eliminarlas, apuntan fuentes jurídicas y del sector inmobiliario. La pasada semana el Congreso ya aprobó la supresión del motivo de inversión para obtener la residencia, a través a de una enmienda en la Ley de eficiencia judicial, que todavía debe ir al Senado para completar su trámite parlamentario.

La economista experta en fiscalidad y Agente de la Propiedad Inmobiliaria Eva Cano alerta del aumento que las compras de inmuebles de más de 500.000 euros han experimentado en los últimos años respecto al global de transacciones en el conjunto de España: “Si en 2020 fueron un 5,6% del total, en 2023 se doblaron hasta representar un 11%”. “Estos compradores han tirado del mercado en un momento de caída, donde agentes o inmobiliarias que se dedicaban a la intermediación doméstica se han abierto a trabajar con este perfil de extranjero, ha resultado positivo para el sector y ha ayudado a profesionalizar el colectivo”, añade Cano, que también es tesorera de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI).

Cano apunta además que “estas inversiones inmobiliarias que derivan en permisos de residencia y trabajo no solo afectan al sector inmobiliario, sino que en términos de consumo o rentas del trabajo han contribuido a la caja global, porque los inversores tienen un elevado nivel de generación de rentas”. Y añade que también ha impactado en las arcas de las Administraciones autonómicas, donde el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales oscila entre el 6% y el 11% del coste de las viviendas. Otras fuentes vinculadas a la fiscalidad, discrepan de estos apuntes, en el sentido de que parte de los beneficiarios de visados de oro los solicitan como refugio en caso de necesitarla. Pueden ser de países como Rusia, México, Venezuela o China, y en algunas ocasiones, aseguran, no han ni pisado las viviendas que les han proporcionado el permiso. Porque al contrario de autorizaciones de residencia de la ley 14/2013, la golden visa no obliga a vivir en España.

Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona, la vocal de la Comisión de Extranjería Núria Salgado señala de la Ley 14/2013 que “para determinados colectivos, muy limitados, tiene una garantía de rapidez y agilidad, les permite conseguir el permiso de residencia y trabajo a él y sus familiares de forma muy rápida”. La solicitud y los requisitos se presentan de forma telemática y se tramita en 20 días hábiles, frente los nueve meses que requiere el régimen general de Extranjería”. Prueba de ello es que cuando esta norma irrumpió, las personas extracomunitarias podían acogerse a ella o al régimen general, y los que cumplían con los requisitos de la ley de Rajoy la prefirieron. Los permisos tienen una vigencia de tres años con posibilidad de prórroga, vinculada a las condiciones por los que se solicitaron (a un empleador, unos estudios o un proyecto de empresa). Si cambian estas condiciones, el permiso debe adaptarse a las nuevas.

Con respecto a la ley general es mucho más ágil y beneficiosa, porque el perfil al que está dirigido busca atraer talento e inversión. En la general, por ejemplo, para la reagrupación familiar es necesario tener permiso, y posteriormente solicitar la reagrupación demostrando que se dispone de medios y vivienda”, añade la abogada y socia del bufete Settledown, especializado en movilidad internacional.

En el despacho RCD, con oficinas en varias ciudades española, el responsable del área de inmigración, Oriol Martínez Malagelada, explica que los beneficiarios de los permisos de residencia y trabajo de la ley 14/2013 para directivos o perfiles altamente cualificados deben justificar cuestiones como estudios superiores en ciertas áreas, experiencia mínima de tres años o salarios brutos anuales a partir de 41.000 euros anuales (si tienen más de 30 años), cifras que se ajustan a convenios o sectores. En el caso de emprendedores, deben presentar un proyecto considerado innovador, con un plan de negocio. Del mismo bufete, el responsable del área fiscal, Jorge Sarró, apunta que la Ley 14/2013 ha ido acompañada de la conocida como ley Beckham, que permite tributar a tipo fijo durante seis años a extranjeros y ha sido también “utilizada de forma generalizada por personas con salarios elevados”.