El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Un cambio de la normativa que busca una mejor acogida de las personas que llegan a España a través de diferentes vías al mismo tiempo que adaptar el sistema a la realidad del país, puesto que se ha incrementado notablemente la llegada de personas a través de vías irregulares respecto al año pasado y ya son más de 54.000 las que han desembarcado. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que esta modificación busca remediar «los fallos estructurales». Un anuncio que llega después de que se publicase un informe en el que se refleja que «España pierde 17 mil millones de euros al año y un 1,3% del PIB debido a la discriminación laboral y educativa a la población extranjera». Dados estos datos, la líder del área ha señalado que la reforma permitirá «satisfacer las necesidades del mercado labor» y «hacer frente al reto demográfico».

El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, la «reforma más integral y ambiciosa, según ha calificado la ministra, simplificará los procedimientos, reduciendo la burocracia, y otorga mayores garantías a los inmigrantes, según ha señalado Saiz. Además, busca, tanto combatir «las mafias y la vulneración de los derechos humanos», así como «atender las necesidades del mercado laboral». Para ello, se simplificarán los requisitos exigidos a los extranjeros para obtener permisos de residencia y trabajo, puesto que el Gobierno pretende «facilitar que las personas extranjeras encuentren un trabajo adecuado a su perfil profesional y que las empresas encuentren a los profesionales que necesitan». Por otro lado, regularizará a los solicitantes de asilo cuya petición de protección internacional haya sido denegada y vivan sin papeles actualmente en España.

«España es el único país de la Unión Europea que dispone de una figura específica para regularizar personas día a día», ha señalado la ministra al tiempo que indicaba que el nuevo reglamento incluye cinco tipos de arraigo: social, socio-formativo, socio-laboral (para solicitarlo, deben presentar una oferta de contrato de trabajo, aunque se reduce el mínimo de horas de este, que pasa de 30 a 20 horas semanales), familiar y de segunda oportunidad (destinado a aquellas personas que tuvieron una autorización de residencia en los dos años previos a la solicitud, pero no pudieron renovarla «por razones distintas a orden público, seguridad o salud»). La adquisición de esta modalidad será ahora más flexible, ya que no los requisitos para obtenerlos serán menos exigentes. El objetivo es que, con esta reforma, puedan regularizarse de media 300.000 personas al año de aquí a 2027.

Una de las principales novedades incluidas en la reforma del reglamento radica en la reducción el tiempo que un migrante sin papeles debe haber vivido en España para poder empezar a tramitar un permiso de residencia por «arraigo social». Supone una reducción de tres a dos años, de manera que aquellas personas que llegaron a España hace dos años a través de alguna vía irregular podrán solicitar ya su autorización en lugar de tener que esperar otro año más, como ocurría hasta ahora.

Más cambios del reglamento
El nuevo texto crea también un título específico para los visados, que clarifica el esquema de autorizaciones, los requisitos y los trámites en general. Todas las autorizaciones iniciales, ha indicado Saiz, van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro. El objetivo de esta modificación es «evitar situaciones de irregular sobrevenida». Otro de los cambios reflejados en el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros es que ya no será necesario abandonar España para obtener la residencia de larga duración después de haber tenido una temporal.

Respecto a esta modificación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha apuntado a la necesidad de «permitir a las personas realizar su proyecto de vida en España facilitando los cambios de estatus, por ejemplo, si un estudiante viene a formarse y luego se incorpora al mercado laboral, o si un familiar reagrupado decide obtener un permiso de trabajo propio».

Otro de los cambios introducidos es la extensión a un año el visado para la búsqueda de empleo- antes era de 3 meses. Este visado permite la búsqueda de empleo en determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales, de forma que los 12 meses «van a facilitar que las personas consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren los profesionales que necesitan».