El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado este martes que esta comunidad acudirá a la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre en Cantabria con una propuesta “clara y consensuada” sobre la atención a los menores migrantes no acompañados que tutela. Clavijo subraya que la emergencia humanitaria no se resuelve solo con recursos económicos, sino que requiere que se articule un paquete de medidas que permita “atenuar la llegada”, establecer “una distribución más adecuada por todo el territorio nacional” y dar una acogida digna a estos niños.

En declaraciones a los periodistas, ha precisado que este posicionamiento se acordará este viernes por todos los grupos parlamentarios representados en el Pacto Canario por la Inmigración (todos, salvo Vox, que no lo firmó).

El presidente de Canarias sigue a la espera de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le convoque a una nueva reunión para seguir avanzando en la pretendida reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer una distribución obligatoria de estos menores entre todas las autonomías.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha reiterado en varias ocasiones que “tiende la mano” a los grupos parlamentarios sobre un acuerdo en el que se trabajó durante ocho meses y que fue respaldado por nueve grupos políticos “que merecen también el respeto y la consideración a su apoyo para responder a una situación dramática que sufren niñas y niños”.

Además, Torres no ha dejado de apuntar también que a quien “hay que señalar” es al PP, que votó no en el Congreso a tramitar la reforma de la ley (donde también votaron en contra Junts y Vox), y “gobierna también en Canarias”, que si hubiera votado “sí” a admitir a trámite la propuesta, se estaría hablando de la aprobación de un decreto ley.

Por su parte, Fernando Clavijo, antes de que el ministro le cite para ello, ha demandado una copia de la carta que envió hace dos semanas a la Comisión Europea para pedir más ayuda europea ante la crisis migratoria en Canarias, ya que, a su juicio, se debe dar a conocer en favor de la “transparencia”.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, más de 40.000 migrantes han llegado a Canarias de forma irregular desde que comenzó el año, lo que sitúa a 2024 como el año con más llegadas de este tipo en la historia, al haber superado ya lo registrado en todo 2023, cuando lo hicieron 39.910.

“Los recursos de Canarias están tensionados y la situación de los menores es cada vez más insostenible porque siguen sin salir y siguen llegando”, ha recalcado. 

Cabe recordar que la atención a estos menores, tal y como recoge el estatuto de autonomía de Canarias, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pese a lo cual el Gobierno central ha comprometido 100 millones de euros para este fin. También hay que señalar que en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el pasado julio en Tenerife el Gobierno canario organizó una visita a un centro de acogida para menores migrantes pero los representantes del PP dieron plantón a la cita.

El Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP, estuvo meses preparando un documento con una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicha propuesta consiste en cambiar la voluntariedad del reparto de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas y hacerlo obligatorio cuando aquella región a la que estos niños y adolescentes llegan tenga los recursos ocupados por encima del 150% de su capacidad. Es decir, que los menores que lleguen a una región con sus centros llenos, puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma que tenga sus recursos de acogida disponibles sin que esto dependa de la solidaridad del gobierno autonómico de turno. Este cambio viene dado porque el sistema basado en la solidaridad ha demostrado hasta ahora ser un fracaso, ya que las comunidades no suelen aceptar la llegada de estos menores y cuando lo hacen es en un número tan bajo que no supone un alivio para los centros de acogida de Canarias.

Después de presentar el documento en el Parlamento de Canarias, todos los partidos, incluido el PP (excepto Vox), respaldaron dicha propuesta, y esta fue enviada entonces al Gobierno central, que también la respaldó. Hubo un encuentro entre Clavijo y el ministro Torres con los grupos parlamentarios para explicarles en qué consistía esa propuesta [a esta reunión que no acudió el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, para no exponerse a una reforma, que después su propio partido tumbó en el Congreso de los Diputados] El PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de iniciar siquiera el trámite parlamentario, en cuyo recorrido habría sido posible admitir enmiendas de todos los grupos.

El PP nacional rechazó esta posibilidad, pese a que el PP de Canarias lo había respaldado, con el argumento de que no se había negociado con ellos, algo que fue desmentido por el portavoz del Gobierno canario, que aseguró que el PP había participado activamente en la elaboración del texto. El PP expuso entonces varias condiciones sobre la mesa. El Gobierno central aclaró que algunas ya estaban incluidas en el propio texto y que las otras podían haberse tramitado como enmiendas, si el PP hubiera votado que sí en el Congreso.

Se cerraba así, en pleno mes de julio, la puerta a la posibilidad de aliviar los centros de acogida de menores en las Islas de cara a un verano que ya se preveía complicado en cuanto al número de llegadas.

Tras dos encuentros discretos durante el mes de agosto, finalmente el PP nacional, el Gobierno central y Clavijo volvieron a sentarse. Al PP le duró dos encuentros las ganas de seguir hacia adelante con reforma, para volver a desbancarse de ella. La razón: el Estado había rechazado ayuda de la Unión Europea para trasladar migrantes a otros países miembros. Esto fue desmentido categóricamente por el Gobierno, que retó al PP a explicar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas a España.

Poco después de ese desencuentro, llegó el pleno en el Congreso de los Diputados dedicado a la inmigración, una oportunidad para acercar posturas en busca de un pacto de Estado y la ansiada reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el 90% del tiempo de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso una amonestación de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento según el cual debe ceñirse al tema que se discute ese día, la inmigración.

Después de ese sonado pleno, Fernando Clavijo realizó la primera crítica abierta a su socio de Gobierno (hasta entonces las críticas de Coalición Canaria iban solo dirigidas al Gobierno central, pese a su apoyo al texto), de quien dijo no entender por qué había roto la negociación ni su polémica intervención en el Congreso.

Tras varias llamadas por parte de Torres a retomar la negociación, el PP ha puesto sobre la mesa una última condición: que España pida ayuda a Frontex y trabajar en el restablecimiento del sistema de reparto de menores por la Unión Europea. Es decir, que en lugar de tramitar en el Congreso que sean las comunidades autónomas quienes contribuyan a aliviar la situación de Canarias sean los países europeos quienes lo hagan, todo ello en un contexto en el que la ultraderecha y su discurso en contra de las personas migrantes avanza por el continente y cuyo máximo exponente es Giorgia Meloni y su política de deportaciones sin garantías a campamento ubicados en terceros países, como Albania.

La única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, pidió el pasado 14 de noviembre al Ejecutivo que prevea “una acción alternativa” para lograr la gestión compartida por las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas.

La situación actualmente se encuentra estancada.