El pasado 15 de noviembre Delegación del Gobierno avisó al Gobierno regional, a través de un email, de una ampliación de las plazas en los dos espacios que destina a la acogida de inmigrantes trasladados desde Canarias, en Carabanchel y Alcalá de Henares, con 400 y 110 plazas, respectivamente. El consejero de Presidencia, Justicia y Presidencia, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha mostrado su indignación tras recibir la noticia. El responsable madrileño ha destacado el «caos migratorio» que estamos viviendo y la «falta de control y de medidas efectivas puestas en marcha por el Gobierno central para paliar una situación que se prolonga ya demasiado en el tiempo».

También Almeida ha afirmado esta mañana que recibe con «sorpresa» esta noticia al asegurar que la Delegación de Gobierno no ha hecho «ninguna comunicación» al ayuntamiento: «No sabemos nada de esa noticia, sabemos que se lo comunicó a la Comunidad de Madrid, que se lo comunicó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por correo electrónico, pero ese correo electrónico no ha llegado al Ayuntamiento de Madrid».

Ya el 16 de octubre ocurrió lo mismo. A través de una notificación por correo electrónico, Delegación del Gobierno comunicó que se abrirían 105 plazas en Alcalá y otras 108 en Carabanchel. Esto significa que en tan sólo un mes se han duplicado las camas en estos dos centros, instalaciones públicas estatales que nacieron para albergar inmigrantes adultos llegados desde Canarias. Entonces la vicealcaldesa y edil de Seguridad de Madrid, Inma Sanz, aseguró que el Ayuntamiento había recibido con «indignación y sorpresa» esta ampliación, que, según dijo, «se dio sin una sola comunicación por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad».

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Sanz afirmó que habían tenido conocimiento de la situación por lo leído en la prensa: «No se puede hacer una política de estas características de esta manera». También explicaron que antes recibían un email semanal en el que se hablaba del número de personas que se encontraban en ese centro, aunque desconocían y desconocen «los que entran, los que salen, a dónde van estos últimos o si había menores». «Basta ya de tratar así a las administraciones», dijo entonces la vicealcaldesa, al mismo tiempo que expresó que son luego «quienes tienen que responder con sus políticas sociales» tras estas decisiones.

Por ello, García reitera su preocupación por la saturación de esos macrocampamentos que, según cálculos estimados del Gobierno regional, ya van más de 3.250 plazas. Hace un mes el cálculo era de 2.700. Desde el Ejecutivo autonómico inciden en que resulta «paradójico y cínico que el departamento que dirige Francisco Martín Aguirre cuestionara desde el primer momento la puesta en marcha del nuevo centro de primera acogida de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada, que cuenta con 99 plazas, perfectamente ajustada a los requerimientos legales; mientras que desde el Gobierno de Pedro Sánchez siguen ampliando plazas en estos macrocampamentos sin ninguna previsión».

Más transparencia
El consejero ha solicitado al delegado el número de plazas habilitadas en estos dos centros y en Pozuelo de Alarcón, así como el resto de lugares habilitados, el número de personas que han pasado desde su puesta en marcha y las actuaciones futuras que se realizarán desde este departamento junto con el Gobierno central. Quieren en Sol «poner freno a la grave crisis migratoria que está viviendo nuestro país a través de la llamada ruta canaria, y de forma particular, en nuestra comunidad autónoma a través del aeropuerto internacional Madrid-Barajas».

El consejero también ha pedido a Pedro Sánchez que llegue a acuerdos con los países de origen y con la Unión Europea para poner medidas reales que permitan un control de la inmigración irregular que llega a nuestro país. También que dote a las autonomías y a los ayuntamientos de los medios y recursos económico necesarios, «ya que son los tienen que atender a estas personas».

Como apunta el consejero, la actual crisis migratoria que vive España desde hace un año, incluido Madrid –por ser la capital y tener la principal puerta de entrada, el aeropuerto de Barajas–, ha requerido habilitar en el menor tiempo posible un centro para descongestionar la red de protección de menores: «En lo que llevamos de año, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 2.000 menores no acompañados».

Los centros en Alcalá y Carabanchel se montaron en octubre del año pasado en terrenos militares cedidos por el Ministerio de Defensa al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante la ola de cayucos con cientos de personas que estaban llegando a las costas españolas, sobre todo de Canarias.

Técnicos del Departamento de Migraciones fueron los encargados de inspeccionar esos desplazamientos para elegir estos dos como los primeros, que fueron habilitados ante la falta de plazas de acogida que ha provocado la ola migratoria.