A pesar de que Donald Trump se ha erigido como el mayor abanderado de las deportaciones, prometiendo llevar a cabo la mayor expulsión de extranjeros de la historia de Estados Unidos, su primera presidencia no lidera el número de deportaciones realizadas. Sus antecesores en el cargo sobrepasaron los 1,5 millones que realizó entre 2017 y 2021, los años que ocupó la Casa Blanca. Lo superaron los cinco millones de deportaciones que ocurrieron durante la presidencia de Barack Obama, entre 2009 y 2017, y más aún, los 10 millones ocurridos durante el mandato de George W. Bush y los 12 millones de la era de Bill Clinton. Aunque en los tres casos se incluyen las deportaciones de dos mandatos, no de uno, como en el caso de Trump.

También el actual presidente, Joe Biden, casi ha alcanzado al presidente electo. Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) apuntan a que hasta septiembre de este año se realizaron 1,4 millones de deportaciones (sin contar las devoluciones administrativas, realizadas cuando los interesados retiran voluntariamente su solicitud de asilo). Y eso sin contar las expulsiones que sucedieron mientras estaba en vigor el Tïtulo 42, que obligaba a los migrantes a volver a México mientras esperaban cita en los tribunales para pedir asilo en Estados Unidos. Aunque la legislación fue obra de la Administración de Trump, la mayor parte de los tres millones de expulsiones derivadas de ella se produjeron durante el mandato de Biden, hasta que en mayo de 2023 el Título 42 fue cancelado.

Pero no solo los números cuentan. Hay diferencias de forma. En el caso de Biden, la mayor parte de las deportaciones son devoluciones rápidas (returns, según la denominación del Departamento de Seguridad Nacional), realizadas en la frontera, igual que lo fueron las realizadas durante las presidencias de Bush y Clinton. Durante los dos mandatos de la Administración Clinton, 11,4 millones del total de 12,3 millones de deportaciones (93%) fueron devoluciones, aunque esta cifra incluye tanto devoluciones policiales como administrativas (las que ocurren voluntariamente). Durante los dos mandatos de Bush, 8,3 millones de los 10,3 millones de deportaciones totales (81%) fueron devoluciones. Durante ambas Administraciones, los retornos fueron predominantemente a México.

“El enfoque de la Administración Biden es similar al de Clinton y Bush porque enfatizan las devoluciones rápidas en la frontera entre Estados Unidos y México, pero la diferencia es que la mayoría de las llegadas bajo Clinton y Bush eran hombres mexicanos solteros, mientras que ahora el panorama es mucho más panorama más complejo, con familias y niños que llegan de todo el mundo”, afirma Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política de Migración (MPI, por sus siglas en inglés).

Hasta la Administración Obama, a la mayoría de los migrantes detenidos en la frontera suroeste se les permitía regresar voluntariamente o retirar su solicitud de admisión en lugar de enfrentar una expulsión formal. Con Obama se produjo un cambio y las expulsiones realizadas en el interior del país superaron a las devoluciones de la frontera. Eso mismo ocurrió durante el mandato de Trump, aunque con marcadas diferencias.
Cualquiera ‘deportable’

La Administración de Obama siguió un criterio de expulsión de personas que habían sido condenadas por algún delito. Sin embargo, “Trump no tenían esas prioridades establecidas, así que simplemente deportaron a personas que eran deportables”, por haber entrado de forma ilegal en el país, explica Bush-Joseph. Una política que implicó la separación de familias y la detención de miles de niños.

El temor a que esa situación se produzca de nuevo ha aumentado al conocer los elegidos por Trump para dirigir las políticas de migración. El nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan, y el elegido como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fueron responsables de las separaciones familiares. Homan ya ha advertido que tiene intención de deportar a familias enteras.

Biden recuperó el criterio de Obama de expulsar a quien representa una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, o si ha cruzado recientemente la frontera. El Gobierno de Biden registró un aumento espectacular del número de migrantes indocumentados queriendo entrar en el país. Desde el año fiscal 2021 hasta febrero de 2024, las autoridades reportaron 9,4 millones de encuentros, más del triple que bajo Trump (aunque muchos de ellos fueron de migrantes que habían intentado cruzar varias veces). Pero si históricamente, Estados Unidos ha deportado a la mayoría de las personas a México y al norte de Centroamérica, en 2023 se deportó gente a más de 170 países, incluidos África y Asia, según Bush-Joseph. Ello ha sido posible por haber negociado con los países de origen, incluso con algunos que se resistieron más, como China, Cuba y Venezuela.

Para atajar la crisis, Biden aprobó en junio una restrictiva ley del asilo, que cerraba la frontera si se producían más de 2.500 cruces durante una semana. A pesar de que las entradas irregulares se redujeron a mínimos de los últimos cuatro años, el presidente rebajó aún más la barrera, hasta 1.500 personas por 28 días consecutivos.

Si Trump, como ayer mismo volvió a confirmar, pretende llevar a cabo la mayor deportación de la historia, tendrá que superar dificultades logísticas y presupuestarias. Para subsanarlo, el Gobierno de Biden buscó aprobar un acuerdo bipartito que inyectara 19.000 millones de dólares para personal, instalaciones y recursos de repatriación, pero Trump consiguió pararlo en una maniobra electoral. Ahora queda por ver si podrá llevarlo a cabo, aunque ya ha asegurado que pagará lo que cueste para poner su promesa en práctica.