Las órdenes de deportaciones de ciudadanos mexicanos no han hecho más que subir. El pasado octubre fue el que el mayor número de mandatos de expulsión se han dictado por parte de jueces de inmigración en más de una década. En concreto, estas órdenes han afectado a 7.171 mexicanos. Otros grupos nacionales como los de Guatemala y Honduras también han recibido órdenes para deportar a 5.650 y 5.549 personas respectivamente. También se han dictado órdenes para el abandono del país a más de 2,400 nicaragüenses y 2.370 ecuatorianos. Estos son datos obtenidos gracias a la ley de libertad de información (FOIA) y analizados por Transaccional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa.

Según este grupo, el incremento de las deportaciones de inmigrantes mexicanos en el primer mes del año fiscal 2025 es reflejo de un mayor número de casos decididos por parte de los tribunales, pero también de que más resoluciones se han inclinado por la expulsión, según se observa en las tendencias de TRAC. En octubre de 2023 hubo 7.814 casos que afectaban a inmigrantes procedentes de México y el 37% de ellos recibió la orden de deportación —en línea con la media de estas medidas entonces— pero en el mismo mes de este año con 10.944 casos, los jueces han decidido expulsar del país al 66% de ellos, 20% por encima de la media nacional que fue también elevada hasta el 46%.

Solo el 14,2% de los inmigrantes que han tenido su caso ante los tribunales con resultado de orden de deportación en octubre ha contado con la asistencia de un abogado y eso incluye a menores no acompañados. Los datos que maneja TRAC apuntan a que en general los jueces del estado de Montana son, en proporción a los casos que manejan, los que más órdenes de deportación cita y los de Vermont los que menos.

El aumento de las deportaciones que afecta particularmente a los mexicanos coincide con un momento en el que se está trabajado para presentar los más casos posibles ante los jueces antes de que llegue a la presidencia Donald Trump el 20 de enero del año que viene. Trump ha prometido deportaciones masivas y se ha rodeado de un gabinete —Kristi Noem al frente del departamento de Seguridad Nacional, Tom Homan como “zar de la frontera” y Stephen Miller como vice jefe de gabinete y asesor de seguridad nacional—, que no deja lugar a dudas sobre la dureza de sus acciones en materia migratoria.

La directora ejecutiva del National Immigrant Justice Center, Mary Meg Mcarthy, explicaba tras las elecciones que van a continuar con el trabajo para brindar representación legal crítica a inmigrantes y refugiados. Desde esta organización se explica que se comprometen a “luchar para mantener unidas a las familias, defender el acceso al asilo y abogar por el fin de la detención arbitraria y la deportación injusta”. “Nuestros valores compartidos de unidad familiar, libertad y acceso a la justicia están en riesgo”, añadía.

Pero los años de la Administración de Joe Biden no han sido fáciles para los inmigrantes. Los casos abiertos ante los tribunales se han disparado desde 2022 a cifras récords cada año y según los datos que manejaba en junio Migration Policy Institute el Gobierno del demócrata podría llegar a superar los 1.5 millones de deportaciones de la primera presidencia de Trump. Una de sus analistas Kathleen Bush-Joseph, dijo hace una semana a CNN que la cifra está rondando los 1.49 millones de deportados durante la Administración que acaba en dos meses.

Organizaciones de ayuda legal y social a inmigrantes han sido particularmente críticos con la Administración del demócrata por limitar las protecciones de asilo a quienes llegan a la frontera sur, entre otras medidas.