El Gobierno de Canarias presentará un recurso contencioso administrativo contra el Estado tras no haber contestado el Consejo de Ministros al requerimiento efectuado por la comunidad autónoma para que atendiera a los menores migrantes que llegan en pateras y cayucos a las islas, por ser competente en materia migratoria y de las fronteras. Sin embargo, hay que recordar que la competencia en cuanto a la atención a los menores migrantes es de la comunidad autónoma, tal y como establece su estatuto de autonomía.

El Constitucional suspende varios apartados del protocolo de atención a menores migrantes del Gobierno canario

De hecho, ya el Gobierno canario intentó que fuera el Estado quien se ocupase de la primera atención a estos niños y niñas hasta que se los entregase a los recursos autonómicos y dictó un protocolo de atención y una orden para que el personal de las ONG no aceptaran a ningún menor más salvo orden expresa del Ejecutivo canario, pero tanto parte del decreto del protocolo como la orden fueron suspendidos por la justicia. En ambos casos, se consideró que se ponían en riesgo los derechos fundamentales de los menores y su adecuada atención, máxime en una situación de urgencia como es la llegada a una isla tras una travesía de varios días en un cayuco.

Pese a estos precedentes, este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), ha informado de este recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha acordado presentar este contencioso ante el “silencio” del Consejo de Ministros al requerimiento que se le efectuó en este sentido el pasado 23 de septiembre, dada la crisis migratoria que afecta a las islas y el problema para atender a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a sus costas.

Canarias tiene bajo su tutela, en estos momentos, a 5.401 menores inmigrantes no acompañados, ha recibido la llegada de 5.356 en lo que va de 2024 y en estos últimos 15 días de noviembre han arribado 681, ha recalcado Cabello.

Ha añadido que, para abordar el problema migratorio de Canarias como frontera sur de Europa y el de los menores, el presidente de Canarias volverá a viajar esta semana, por tercera vez, a Bruselas, donde tiene previsto reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y también conocer el contenido de la carta enviada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la Comisión para pedir apoyo en materia migratoria.

También aprovechará para conocer el contenido de la carta enviada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la Comisión Europea para pedir apoyo en materia migratoria.

Para el Gobierno de Canarias, ha dicho su portavoz, esa carta llega “mal y tarde”, pues Torres la remitió hace dos semanas y la comunidad autónoma lleva 17 meses reclamando ayuda para hacer frente a la crisis migratoria.

Cabello ha insistido también en que han apreciado más receptividad por parte de la UE que del Ejecutivo central a sus demandas.

En cualquier caso, ha explicado que se ha recurrido a la vía judicial para tratar de resolver el problema de los menores inmigrantes, pero que confía en que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno central y las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes convocada para el 13 de diciembre para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, de manera que se puesta establecer a través de esta norma el reparto de la acogida.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Cabello ha indicado también que el Gobierno canario ha convocado una reunión el próximo viernes del Pacto Canario por la Migración, suscrito por los grupos políticos del Parlamento autonómico, salvo Vox, de cara a la reunión de la Conferencia de Presidentes y de la que se celebrará con el ministro Torres, con el PP y con los presidentes de Ceuta y Melilla.

Sobre esta última, ha dicho que aún desconocen la fecha de la convocatoria.