El Gobierno de Canarias presentará un recurso contencioso administrativo contra el Estado y seguirá en la batalla judicial para reclamar que se haga cargo de «sus competencias» en materia de menores migrantes.

En septiembre, el Gobierno autonómico elevó un requerimiento al Consejo de Ministros para que «cumpliera con sus obligaciones». La falta de respuesta por parte del Estado ha llevado al Ejecutivo canario a ahondar en la vía judicial, como explicó el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada ayer.

Cabello explicó que ahora no existe una «participación activa» del Estado respecto a esta cuestión, y que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo defiende que la interpretación de que los menores que llegan a Canarias son competencia únicamente de la comunidad autónoma de llegada es «un poco apretada».

Cabello explicó que, al haber pasado el plazo de 15 días en el que el Estado debía responder al requerimiento –y ya ha pasado un mes desde entonces–, lo que se va a dar es «un paso más» para que haya un «posicionamiento por parte del Estado en este asunto».

Desde el Ejecutivo autonómico son conscientes de que la vía judicial «no es la que va a dar una solución a futuro de la situación» de los menores migrantes, sino que será «la vía del gran acuerdo político». Por ello, seguirán centrando los esfuerzos en modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los menores migrantes que llegan al archipiélago entre las diferentes comunidades autónomas. Una medida que descongestionaría la red de acogida del archipiélago, ya sobresaturada, en medio de un drama humanitario para el que «se llevan reclamando soluciones desde hace 17 meses».

Precisamente, durante el pasado fin de semana, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración, envió una carta al Gobierno canario y al de Ceuta, además de al Partido Popular, para fijar una fecha y volver a sentarse en la mesa de negociación para un acuerdo para la reforma de la ley.

La intención del Gobierno autonómico es llegar con un preacuerdo para la reforma de la ley antes de la Conferencia de Presidentes, que se celebrará finalmente el 13 de diciembre en Santander. Entre los puntos del día, la gestión migratoria será una de las cuestiones que debatirán los presidentes autonómicos. En un principio, solo se iba a tratar el tema de la vivienda, pero finalmente también se han sumado aspectos como la financiación autonómica y la carencia de personal en el ámbito sanitario.

De cara a este encuentro y con la intención de proyectar hacia el resto del país un «ejemplo de unidad», este viernes se celebrará en Tenerife el encuentro del Pacto canario por la migración, reunión en la que participarán todos los grupos parlamentarios que se han adherido a este acuerdo, todos menos Vox.

Clavijo viaja otra vez a Bruselas
En su afán de lograr que la cuestión migratoria se siga debatiendo a todos los niveles administrativos, el presidente de Canarias viajará este martes a Bruselas para dar cuenta de la situación que se vive en el archipiélago, que es la frontera sur de la Unión Europea y puerta de entrada de la mayor parte de la migración que arriesga su vida en pateras o cayucos.

En este caso, Clavijo se reunirá con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para «volver a renovar la atención y fijar las estrategias con respecto a Canarias» a nivel europeo, ya que la Cámara está en plena fase de reconfiguración tras las elecciones europeas.

Además, en este encuentro también tratará de conocer mejor el contenido de la carta que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, envió a la Comisión Europea, a la que, dijo Cabello, está siendo «difícil tener acceso».
El gobierno canario confía en que el Partido Popular vuelva a sentarse en la mesa de diálogo
Desde el Gobierno de Canarias se muestran «optimistas» y esperan que, tras la pausa en las negociaciones para lograr el cambio en la ley de extranjería, se pueda retomar el diálogo y alcanzar un «acuerdo de Estado» para la atención de los menores migrantes.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, defendió que su socio de Gobierno, el Partido Popular, liderado por Manuel Domínguez, ha trabajado de manera «totalmente convencida» para que saliera adelante la postura de Canarias: la modificación de la ley de extranjería.

No obstante, reconoció que «el ruido político» en el Congreso de los Diputados hizo que hubiera «cierto grado de distorsión», lo que favoreció a que crecieran las discrepancias entre las dos mayores fuerzas políticas a nivel estatal. En este caso, el Partido Popular hizo algunas peticiones para dar su apoyo a la reforma de la ley, como que se fijara la ficha financiera o el cupo de menores que tendría que acoger cada territorio. Tras estos acontecimientos, valoró Cabello, se ha ido avanzando «demasiado lento» para la situación que vive el archipiélago y para dar una respuesta a los 5.401 menores migrantes que tutela el Ejecutivo autonómico.

A estas cuestiones se unió la interpretación del PPde que el Estado no había solicitado la ayuda ofrecida por la Unión Europea en materia migratoria, aspecto que desde el Ejecutivo estatal se rebatió. Además, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, envió una carta a la Comisión Europea para trasladar la situación que vive el archipiélago y solicitar la ayuda que se reclamaba desde Génova.

El portavoz del Ejecutivo canario entiende que en estos momentos «se tendrían que despejar todos los aspectos» que les distancian de un acuerdo.