Estos días de otoño, los nogales y los almendros están cargados de frutos y el trabajo es intenso: California produce el 100% de las nueces y las almendras del país, y de estas últimas la producción californiana también supone el 80% a nivel global. La agricultura en este Estado es una industria enorme que abarca 400 variedades de cultivos, desde los campos de hortalizas del sur hasta los viñedos del norte, y que mueve miles de millones de dólares anuales. Pero a pesar de la dimensión del negocio, ahora mismo no se siente la despreocupación de los tiempos de bonanza, los campos están en vilo ante la amenaza de las deportaciones masivas de Trump. Alrededor de la mitad de los 2,4 millones de trabajadores en los campos de Estados Unidos son inmigrantes indocumentados. Y en California, conocido como el granero del país porque produce un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas del país, la cifra puede alcanzar a ser el 70% en ciertas zonas.

El presidente electo hizo del anuncio de “la mayor deportación de la historia” un eje de su campaña. El objetivo abiertamente compartido son los millones de migrantes sin papeles —entre 11 millones, la cifra oficial, y 25 millones, el número más alto que Trump mismo ha lanzado sin mostrar pruebas— que están actualmente en Estados Unidos. En los meses anteriores a las elecciones mucho se dijo de los costos, inmediatos y a largo plazo, que tal política tendría para la economía estadounidense, pero ahora que las deportaciones masivas se ven más claramente en el horizonte, la situación está dejando de ser hipotética. Las advertencias sobre una devastadora campaña de deportación implementada en California dibujan un efecto dominó capaz de desbaratar la cadena de alimentos del país y de socavar los ya de por sí deficientes derechos de los trabajadores agrícolas.
Migrantes deportados de Estados Unidos caminan en el puente fronterizo internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, en octubre pasado.
Migrantes deportados de Estados Unidos caminan en el puente fronterizo internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, en octubre pasado. Jose Luis Gonzalez (Reuters)

“Cualquier plan para llevar a cabo deportaciones masivas sería devastador tanto para la industria agrícola como para los consumidores, porque cualquier interrupción en la industria dispararía los precios en un momento en que los trabajadores ya están preocupados por la inflación”, señala en una llamada Edward Orozco Flores, director de facultad del Centro de Comunidad y Trabajo de la Universidad de California en Merced, que se enfoca en investigar acerca del trabajo rural, los derechos de los trabajadores, los derechos de los inmigrantes y los efectos ambientales.

Ubicado en el corazón del valle de San Joaquín, el núcleo de la agricultura californiana, es el mayor centro de investigación de su tipo en un área rural. “Los economistas estudian cómo un cambio de un dígito en las cifras de desempleo pueden tener consecuencias fundamentales para el sistema económico entero. La industria agrícola no sería la excepción”, añade Orozco.

Un incremento en el costo de la producción sumada a una disminución de la misma, que es lo que causaría un descenso en el número de trabajadores disponibles en el campo, se traduciría en precios más altos para los transportistas y los consumidores, e incluso para los exportadores de productos agrícolas —que ya tienen el riesgo de una serie de guerras comerciales latente con las amenazas arancelarias del presidente electo Trump que cortarían sus márgenes—. Además, las deportaciones también afectarían profundamente a la oferta laboral en la industria cárnica o en el procesamiento de alimentos.
El bracero mexicano Berazmo Venegas, en un descanso durante la cosecha en el valle de San Joaquín, California.
El bracero mexicano Berazmo Venegas, en un descanso durante la cosecha en el valle de San Joaquín, California.Brian Frank

A pesar de todo esto, los ocho condados que componen el valle de San Joaquín parece que se han inclinado por elegir a Donald Trump; mientras avanza a paso de tortuga el conteo de votos en California, en todos está por delante el republicano. “Cualquiera que conduzca por la 99 aquí en California, verá carteles de los agricultores en apoyo a Trump”, describe Orozco. “Pero sus negocios dependen en gran parte de trabajadores migrantes indocumentados”, continúa, y pone el foco en una aparente contradicción.

Aparente porque aunque pueda parecer que afectará la rentabilidad de sus operaciones, la amenaza de deportación también les da mucho poder sobre sus empleados. El trabajo agrícola y doméstico son los únicos sectores que no garantizan los mismos derechos laborales que las demás industrias. Es una situación que se remonta a los años treinta y que se arrastra hasta hoy, cuando los trabajadores agrícolas, en su gran mayoría de minorías, no cuentan con las mismas protecciones sindicales, de trabajo infantil, de salario mínimo o de horas extras que se disfrutan en otras industrias.

“En los 2010s hubo un caso de una granja de pollos donde los trabajadores se habían estado organizando, denunciando las condiciones. Al poco tiempo, hubo una redada migratoria en esa misma planta. Esto también debería alarmar a la gente, la posibilidad de usar una política de deportación masiva como una manera de disciplinar a los trabajadores y empeorar todavía más las condiciones laborales”, alerta con un ejemplo Orozco.
Empleados organizan las papeletas recogidas en las urnas oficiales durante las elecciones en San Francisco, California, el 5 de noviembre.
Empleados organizan las papeletas recogidas en las urnas oficiales durante las elecciones en San Francisco, California, el 5 de noviembre. Anadolu (Anadolu via Getty Images)

El uso de la amenaza de la deportación es algo que preocupa a muchos defensores de los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes agrícolas. El hecho de que el costo de implementar la deportación sería astronómica e incluso podría causar una recesión, según las previsiones más pesimistas, los hace pensar que es mucho más probable que se instrumentalice el miedo a la deportación para limitar la organización sindical y la búsqueda de una mejora en los trabajos. Les preocupa que estén en peligro, especialmente, las protecciones para los trabajadores agrícolas introducidas por la administración Biden.

Hay precedentes en Estados liderados por republicanos que han demandado al gobierno federal actual por una norma que permite sindicarse a los trabajadores con visado H-2A, dirigida especialmente a personas en industrias con necesidad de mano de obra. También temen que la próxima administración Trump impugnaría una política de Biden denominada Acción Diferida para la Ejecución Laboral, que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que denuncian infracciones laborales.

A un poco más de dos meses de la toma de posesión que inaugurará el segundo mandato de Donald Trump, al igual que tantos ciudadanos con ansias sobre lo que implicará la puesta en marcha de su agenda de gobierno, millones de trabajadores que producen los alimentos que dan de comer al país, uno de los eslabones más bajos de la pirámide social, se levantan cada día con incertidumbre. En unos meses podrían no tener trabajo ni casa, o en el mejor de los escenarios, serán más vulnerables y su existencia más precaria. No es solo la inflación, el efecto dominó de la política de deportaciones masivas tiene más de un camino.