Los planes que el presidente electo, Donald Trump, tiene en materia de inmigración no asustan solo a los migrantes indocumentados y a los defensores de sus derechos; empresarios y economistas temen el daño económico que pueda causar una drástica deportación masiva de trabajadores que son parte fundamental de la fuerza laboral del país. Líderes empresariales, republicanos y demócratas, se han juntado para pedir que Trump no lleve a cabo sus promesas de expulsión porque causarían una profunda crisis en la economía, sobre todo en sectores como el agrícola y los servicios.

“Los datos muestran que más del 54% de nuestros empleados son indocumentados. Si van a deportar a todos, estos restaurantes tendrán una pérdida masiva de ingresos y caerán. Es insostenible. Creo que el presidente Trump, como empresario, lo entiende”, afirma Sam Sánchez. Mexicanoamericano, y casado con mexicana, es dueño de varios negocios de restauración en Illinois y forma parte del consejo de la Asociación Nacional de Restaurantes. Sánchez fue uno de esos latinos que cambió de bando el pasado 5 de noviembre. Demócrata registrado durante los últimos 40 años, estas elecciones dio su voto a Trump: “Nos sentimos defraudados y abandonados”.

Esa es una de las razones que llevó a muchos hispanos a votar por el republicano, después de que la Administración de Joe Biden incumpliera sus promesas de regularizar a los migrantes indocumentados. El último revés, sin embargo, no les llegó del Gobierno, sino de los tribunales, cuando el juez J. Campbell Barker, designado por Trump en su primer mandato, anuló el programa Manteniendo a las Familias Unidas, que concedía la residencia legal a los cónyuges de estadounidenses.

Pero si la economía y el coste de vida fue la principal razón que llevó a los latinos a decantarse por Trump, la idea de una deportación masiva traerá efectos devastadores, según advierten hasta sus votantes. “Estoy a favor de construir el muro y de deportar a los criminales”, señala Sánchez, pero con la expulsión de trabajadores “el país sufrirá”. Después de la pandemia, muchos empleados de restauración se dieron de baja para cobrar el desempleo, explica, y los que quedaron son indocumentados, que no pueden acceder a las ayudas.

Según American Immigration Council, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46.800 millones de dólares en impuestos federales y 29.300 millones en impuestos estatales y locales. Además, contribuyeron con 22.600 millones de dólares a la Seguridad Social y con 5.700 millones de dólares a Medicare, programas para los cuales no son elegibles.

“En este nuevo panorama, es vital que empleadores como nosotros interactúen y eduquen a esta nueva Administración y al Congreso sobre la urgencia de adoptar políticas que estabilicen la fuerza laboral”, dice Bob Worsley. Exsenador republicano en el Estado de Arizona y empresario, Worsley copreside American Business Immigration Coalition (ABIC), que reúne a más de 1.400 líderes empresariales de 17 Estados, rojos y azules, cuya labor es promover reformas migratorias que mejoren la fuerza laboral y la competitividad en los negocios.

Como empresario del sector de la construcción en Arizona, recuerda el daño que supuso a la economía la política de “Muéstrame los papeles”, que llevó a que un 40% de los inmigrantes indocumentados dejaran el Estado entre 2007 y 2016, según datos de Pew Research. Su salida redujo el PIB de Arizona un promedio del 2% anual y el empleo fue un 2,5% menor a lo que habría sido de no producirse la expulsión, según un estudio de Moody’s para The Wall Street Journal. “Afectará al crecimiento del PIB en Estados Unidos, a las empresas y a todos los estadounidenses, que se verán afectados por una hiperinflación laboral y retrasos para conseguir cualquier trabajo rutinario”, opina Worsley, cuya organización promueve una solución bipartidista.

Los economistas estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.

En el sector servicios, las empresas que ofrecen cuidados serían de las más afectadas, ya que buena parte de sus empleados son indocumentados. Adam Lampert, director ejecutivo de la empresa texana Cambridge Caregivers, explica las ventajas que tendría legalizar a los trabajadores indocumentados: “Nuestra industria es un claro ejemplo de cómo la modernización de las políticas de inmigración puede beneficiar a todos los estadounidenses, reduciendo potencialmente el costo de la atención en todos los ámbitos”. Sin cambiar la legislación para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral, “los estadounidenses corren el riesgo de perder el acceso a la atención que necesitan a medida que envejecen, porque el costo de la atención sigue aumentando”, asegura. Su empresa emplea a más de 300 personas, de las que el 80% nació en el extranjero.

Lampert explica que la industria de servicios de asistencia se resintió mucho durante la pandemia, cuando 410.000 enfermeros dejaron su empleo por agotamiento. Los hospitales recurrieron a los cuidadores y los salarios aumentaron un 30%, repercutiendo en el precio cobrado a los clientes. La previsión de la industria es que la demanda de cuidadores aumente a medida que los baby boomers envejezcan, una necesidad que no se podrá cubrir si se expulsa a los indocumentados que ahora ocupan millones de puestos.

Otro de los sectores que más se va a resentir es el agrario. “Si los agricultores como yo perdemos la fuerza laboral de los que han nacido en el extranjero, la producción agrícola caería entre 30.000 y 60.000 millones de dólares”, estima Jenni Tilton-Flood, propietaria de una granja familiar de Maine. Aboga por un plan migratorio que legalice a los trabajadores del sector sin los cuales estaría en peligro la seguridad alimentaria del país. Dos tercios de los empleados de su empresa son extranjeros y es testigo del temor que está expandiendo entre la comunidad. “Hablo en nombre de granjas como la mía, que están bajo el control de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) debido a nuestra proximidad con una frontera internacional. Es muy posible que separen a las familias. Gran parte de mi equipo está criando estadounidenses en casa. Hay mucha preocupación y mucho pánico. Y lo escucho de gente en todo el país, sin importar a quién voten”, asegura.

La abrumadora victoria de Donald Trump el 5 de noviembre alertó a las 6,3 millones de familias que tienen migrantes indocumentados. Estos hogares representan el 4,8% de los 130 millones de hogares estadounidenses. Los nombramientos anunciados esta semana por el republicano no han hecho más que aumentar los temores; los arquitectos de las deportaciones que separaron familias en el primer mandato de Trump tomarán el mando de su política migratoria a partir del 20 de enero.

“Todos los días, mi familia se pregunta: ¿Y si se ve obligado a irse? ¿Qué pasa si nos vemos todos obligados a irnos? ¿Qué pasa si nos quitan todo lo que tenemos?”, cuenta Óscar Silva, uno de los dreamers que llegaron de niños a Estados Unidos. Casado con una estadounidense, iba a aplicar para beneficiarse del programa DACA cuando un juez lo paralizó, y estaba en proceso de legalizar su situación con el programa Manteniendo a las Familias Unidas, cuando otro fallo judicial lo anuló. Ahora se teme lo peor, aunque no encuentra una respuesta razonable para justificar lo que se avecina.

“Es difícil entender por qué alguien querría hacernos eso, sabiendo el impacto que tendría no sólo en nuestra familia sino en toda nuestra comunidad. Son políticas como éstas las que perjudican el potencial de Estados Unidos para crecer e innovar. Los inmigrantes siempre han sido contribuyentes clave a la economía, la cultura y la innovación de este país”, sostiene.