Tras meses de espera, Canarias recibirá los primeros 50 millones prometidos por el Estado para atender a los gastos derivados de la atención de los niños y niñas migrantes que llegan a las costas del archipiélago. Esta partida, que se preveía que estuviera ingresada a finales de octubre o principios de noviembre, se encuentra en pleno trámite.

Siendo optimista, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francis Candil, prevé que los primeros 50 millones más los otros 50 que se añadieron tras la reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre, lleguen «a finales de año».

La próxima semana se celebrará una primera reunión entre los directores generales del área de las comunidades autónomas para aprobar esta partida presupuestaria. Una vez se haga, la cuestión pasará por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y, tras ella, se aprobará en el Consejo de Ministros, según explica Candil.

Existían discrepancias sobre qué Ministerio sería el encargado de hacer la transferencia de estos fondos para hacer frente al gasto derivado de la atención de los niños y niñas que llegan al archipiélago. Finalmente, será la cartera de Juventud e Infancia, con Sira Rego al frente, la que se encargue.

En cualquier caso, este presupuesto le sigue pareciendo «insuficiente» al Ejecutivo autonómico, puesto que cifran en 157 millones de euros la partida que han destinado a lo largo del año «solo en mantener las plazas» de las que dispone para atender a los casi 6.000 niños y niñas migrantes de los que actualmente tiene la tutela.

El Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo sigue demandando que el Estado destine más ayudas y recursos a la atención de los menores, además de que se concreten «las colaboraciones que se han quedado en agua de borrajas», como apunta Candil.

En vista de lo complicado que está siendo garantizar una atención digna a la infancia migrante, el Gobierno persigue su plan principal: la reforma de la ley de extranjería para que la distribución de los niños y niñas entre comunidades sea obligatoria. Las negociaciones permanecen paralizadas desde que el Partido Popular se desmarcó de las mismas, si bien, los contactos entre el Estado y el archipiélago no han dejado de producirse.

Pero la constante llegada de personas a las costas de las islas ha hecho que se abran más recursos para poder dar una atención adecuada a todas ellas. En este caso, el viceconsejero de Bienestar remarca que se sigue a la espera de que el Estado reconsidere la posibilidad de ceder los espacios que en su día se solicitaron al Ministerio de Defensa para disponer de más plazas para atender a los chicos y chicas. Todo ello debido a que los que finalmente cedió, el antiguo Polvorín de Tabares y el cuartel del Cristo, ambos en Tenerife, no son los indicados.