Dos semanas han pasado desde que la tragedia se apoderara del Levante español. La crisis derivada de los graves efectos causados por la DANA ha hecho que el Gobierno de España centre sus esfuerzos en recuperar algo de normalidad en las zonas afectadas, dejando en un segundo plano otras cuestiones como la gestión migratoria en Canarias.

Tras esta espera y avanzados los trabajos en Valencia, el presidente del Ejecutivo autónomico, Fernando Clavijo, confía en hablar este fin de semana con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres para retomar el diálogo y tratar de llegar a un acuerdo para la reforma de la ley de extranjería, que hará obligatoria la distribución entre las comunidades autónomas de los menores migrantes que llegan al archipiélago no acompañados.

Y es que el drama humanitario en las islas se vive desde hace más de un año, y las llegadas de migrantes continúan. De hecho, el pasado lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, cifraba en 558 los menores que habían arribado a las costas canarias los diez primeros días del mes.

La intención del Ejecutivo canario es que el acuerdo para los menores esté encaminado «antes de la Conferencia de Presidentes», que está previsto que se celebre antes de que finalice el año.

La modificación persigue que, con la derivación de los niños y niñas, se pueda descongestionar la red de acogida del archipiélago, puesto que la sobresaturación que existe en los centros hace difícil que se trate con dignidad a estos chicos y chicas.

Fuentes del Ministerio remarcan que las conversaciones no han cesado entre el titular de Política Territorial y el líder de Coalición Canaria. El propio Clavijo indicó ayer que pudo intercambiar algunos mensajes con Torres tras la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados este miércoles para dar cuenta de los avances en la crisis derivada de la DANA.

Desde Canarias, con la intención de demostrar y «dar ejemplo» de unidad al Estado con respecto al drama humanitario que vive el archipiélago, el presidente canario ha convocado para el próximo viernes 22 de noviembre al Pacto Canario por la Migración del Ejecutivo regional, que tednrá lugar en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. A este pacto se adhirieron todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara, salvo Vox.

Una de las medidas que daría estabilidad a la gestión migratoria es la reforma de la ley de extranjería, cuya negociación fue paralizada por el Partido Popular a principios de octubre al entender la formación que el Estado había rechazado la ayuda ofrecida por la Unión Europea.

Ante la posibilidad de que, finalmente, no se llegue a un acuerdo político, desde el Congreso de los Diputados, la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, pidió al Ejecutivo estatal que prevea una «acción alternativa» en la que se consiga de alguna manera que la atención de los menores sea compartida entre los territorios. Y es que, en la actualidad, son casi 6.000 menores los que tutela el Gobierno canario.