La abogada de extranjería Loueila Sid Ahmed ha destacado este jueves que la inmigración no es un problema en Canarias, pero sí lo es que la población de las islas sufre exclusión, pobreza, falta de vivienda y problemas para llenar la cesta de la compra.

Loueila Sid Ahmed, que ha participado en un seminario de la delegación española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza junto a Lola Padrón, diputada del Común, ha insistido en que es “imprescindible” hablar de la situación de pobreza en la que vive la población canaria, y en desligarla de la inmigración irregular.

Ha hecho hincapié Loueila Sid Ahmed en que las personas migrantes que llegan al archipiélago canario en una situación administrativa irregular no quitarán “lo que no tienen” a quienes viven empobrecidos en Canarias.

La abogada de extranjería también ha recordado que la población migrante que llega a Canarias desde el continente africano es la inmigración que menos se establece en las islas.

Ha cuestionado que desde los medios de comunicación se traslade la idea de que en Canarias hay una crisis migratoria, y no se explica que se trata de personas refugiadas o pobres que no harán del archipiélago su destino.

Y ha apuntado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 de las aproximadamente 2.200.000 personas que residían en Canarias la población procedente de África era de las últimas en incidencia, ya que no se quedan en las islas.

La principal población migrante es la que llega a Canarias en avión, con pasaporte y visado, ha subrayado Loueila Sid Ahmed, quien ha pedido que se explique a la población de las islas que los recursos que se destinan a las personas migrantes vulnerables no son los mismos que recibe la población vulnerable del archipiélago.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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El problema es la desigualdad, y ahora mismo la falta de vivienda, que una persona canaria no pueda costearse el alquiler, ha reiterado la abogada.

Loueila Sid Ahmed ha preguntado que quién se puede creer que 5.500 menores inmigrantes no acompañados desbordan una comunidad autónoma que al año recibe a 13 millones de turistas, y ha considerado que hablar así favorece la narrativa de la extrema derecha.