‘Desesperados, hambrientos y asediados’ es el título del informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW) en el que la ONG considera que las acciones llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza constituyen un «crimen de guerra de transferencia forzada» y una «limpieza étnica». El documento, que consta de 154 páginas, recopila testimonios de gazatíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares así como imágenes satelitales que muestran ataques contra zonas calificadas como seguras y rutas de evacuación

La guerra, que cumplió su primer aniversario el 7 de octubre, ha dejado hasta el momento más de 43.500 muertos en el enclave. Una auténtica masacre que, además, ha forzado el desplazamiento de 1,9 millones de palestinos, es decir, aproximadamente el 90% de la población. El informe de Human Rights Watch denuncia que Israel lleva décadas «manteniendo de forma continuada el control efectivo sobre Gaza, lo que ha devastado su economía y ha exacerbado las tensiones sociales y políticas, convirtiendo la Franja en una prisión al aire libre».

En su contexto
43.500 personas han fallecido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 y 1,9 millones (el 90% de la población) han tenido que abandonar sus hogares

Ajeno a las normas Human Rights Watch acusa a Israel de incumplir las normas del Derecho Internacional humanitario al forzar el desplazamiento de gazatíes y no facilitar su evacuación de forma segura.

86% de la infraestructura civil de la Franja ha sido destruida, según datos de Hamás, y la cantidad de escombros hace que sea inhabitable a largo plazo.

Hassan, de 49 años, es uno de los muchos residentes en Gaza que salieron de su hogar. «Lo primero en lo que pensé fue en la Nakba de 1948», dice, en referencia al desplazamiento masivo al que obligó la guerra. Entonces cientos de miles de palestinos abandonaron sus viviendas al hacerse los hebreos con sus tierras para fundar nuevos asentamientos. Pero esta vez ha sido diferente. «Pensé que querían apoderarse de nuestras casas. Cuando oí la primera orden de evacuación al Sur, mi primera reacción fue: ‘No me voy a ir. No es opción dejar atrás todo por lo que he trabajado en mi vida’. Pero las bombas destruyeron nuestras casas. Necesitaba proteger a mi familia, por eso nos fuimos», resume.

Las órdenes de evacuación, según dicta el Derecho Internacional humanitario, deben darse «en condiciones seguras» por parte de la potencia atacante. Sin embargo, la ONG considera que Israel también se ha saltado esa obligación y que, en muchas ocasiones, el plazo establecido para que los gazatíes abandonaran sus lugares de residencia ha sido insuficiente. Las rutas, además, eran inseguras. Human Rights Watch ha encontrado 16 casos en los que los mensajes del Estado hebreo eran confusos, con mapas que no concordaban con el texto que recibían los desplazados.

«Más allá de lo necesario»
El estudio subraya que las acciones militares de Israel «van claramente más allá de lo necesario y demuestran una intención de destruir sistemáticamente partes de Gaza, impidiendo así el derecho al retorno». Por ello, la organización acusa a Tel Aviv de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Naciones Unidas ya dio en agosto un dato que reflejaba la magnitud del desastre: «El conflicto ha originado una cantidad de escombros superior a los producidos en todos los combinados internacionalmente de los últimos 16 años». Human Rights Watch teme ahora «que las autoridades israelíes planeen hacer permanente el desplazamiento violento y organizado, como parte de una política de Estado».

Hamás afirma que el 86% de la infraestructura civil ha sido destruida y la ONG hace hincapié en los daños causados a la red eléctrica, el patrimonio cultural, los núcleos urbanos, las plantaciones agrícolas o los centros educativos. El 93% de las instalaciones, señala, ha sido alcanzado directa o indirectamente por los ataques.