Cáritas ha renunciado a los 19.000 euros que el Ayuntamiento de Burgos, gobernado en coalición por el PP y Vox, le iba a destinar en 2025 en virtud de su convenio de colaboración para asistir a inmigrantes. La organización, ligada a la Iglesia católica, protesta así porque el Consistorio ha retirado las ayudas a otras tres ONG que trabajan con extranjeros en esa ciudad. La corporación, regida por la popular Cristina Ayala, ha suprimido en el proyecto de presupuestos del año próximo una partida de 119.000 euros que recibían las ONG Accem Burgos, Atalaya Intercultural y Burgos Acoge, con más de 25 años de trabajo y que solo en 2023 atendieron a más de 7.000 personas, una tarea calificada por Cáritas como indispensable.

La supresión de los fondos fue una exigencia de Vox a su socio para aprobar las cuentas municipales y demuestra el seguidismo de los populares. Si el PP considera que las tres ONG “hacen una muy buena labor”, como ha reconocido su portavoz municipal, resulta incomprensible que haya aceptado el trágala de Vox. Hay que agradecer a Cáritas la fidelidad a sus principios ante la ceguera social de la formación conservadora.

Los dos partidos de derechas mantienen sus pactos en más de un centenar de ayuntamientos de toda España después de que Vox rompiese en julio los cinco gobiernos autonómicos que compartían por discrepancias sobre la acogida a menores inmigrantes. Entre ellos figuran consistorios de la importancia de Valencia, Valladolid o Toledo. Los populares necesitan los votos ultras para aprobar las cuentas municipales y estamos viendo a qué precio. Burgos mismo ejemplifica cómo el partido de Santiago Abascal ha arrastrado el de Alberto Núñez Feijóo a aprobar medidas que responden a lo más retrógrado de su ideario: supresión de ayudas a los grupos que trabajan por la memoria democrática, censura cultural o desprecio por la lucha contra la violencia machista, sustituida por el concepto de “violencia familiar”. Vox, que controla la concejalía burgalesa de Seguridad Ciudadana, ya pretendió en junio sacar adelante un plan para que la Policía Local vigilase el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular con visitas domiciliarias y fomentando incluso las delaciones anónimas. El PP se apartó de la propuesta, recordando lo obvio —la falta de competencias municipales—, pero sin entrar en el fondo de la cuestión: el sesgo xenófobo de sus socios.

Frente a todo ello, Cáritas ha demostrado su dignidad y su compromiso, algo que va más allá de la protesta retórica y supone una renuncia económica. Los presupuestos de Burgos aún no se han aprobado, por lo que el PP está a tiempo de dar marcha atrás y de demostrar si es capaz de no desconectarse del todo de la sensibilidad de sus vecinos, de muchos de sus militantes, y de la humanidad de quienes trabajan por una sociedad más justa.