El Gobierno central ha aprobado ampliar su previsión de gasto para financiar los programas de atención humanitaria a migrantes y de protección internacional en 319 millones más para 2025, de forma que ahora se prevé un límite de gasto de hasta 979,1 millones de euros.

Se trata de un acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros de este lunes, que, según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este martes, establece la posibilidad de elevar el gasto en 2025 y 2026 debido a la situación actual y prevista para los próximos ejercicios.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha solicitado esta modificación debido al contexto migratorio actual, por el que se han generado “necesidades adicionales de financiación” en estos dos programas.

El programa de atención humanitaria es el que atiende las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a las costas españolas o acceden por vía terrestre a Ceuta y Melilla y el de protección internacional está dedicado a la atención a solicitantes de asilo sin recursos.

En concreto, se debe hacer frente a una serie de gastos relativos al apartado Material, suministros y otros derivados de la necesidad de atender compromisos adquiridos en la declaración de emergencia del 14 de octubre de 2023 y sus posteriores ampliaciones.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Con ello se busca también mantener el número de plazas adecuado en los primeros nueve meses del año para evitar que haya personas que queden en situación de calle y hacer frente a las necesidades ordinarias de gestión económica y contractual de la Dirección General.

Por todo ello, la previsión de gasto en esta aplicación presupuestaria para 2025 pasa de 659.903.324,16 a 979.111.270 euros y, en cuanto a 2026, se prevé una subida de 1.965.947,16 euros, de forma que la previsión total en este caso queda en 524.949.613,11 euros para todo el año.