El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha pedido al Gobierno central que cambie «la política de parches en inmigración porque es la menos conveniente», según informó ayer el gabinete de prensa del Ejecutivo regional.

Añadió que Valcárcel dijo el viernes en Cehegín, donde pronunció un pregón, que la inmigración «no debe servir para mercadear políticamente en torno a un drama como es el de los inmigrantes», y aseguró que «sigo manteniendo la coherencia de que la inmigración no tiene que ser un problema si somos capaces de abordarla con rigor y coordinación».

Insistió en que «el Gobierno regional no busca la confrontación con el Gobierno de España, pero exijo coordinación, responsabilidad y políticas concretas que eviten estas situaciones».

La nota de prensa recuerda que el presidente del Ejecutivo murciano solicitó, en una carta enviada ayer al jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, una reunión, ya que, según Valcárcel, «es importante encontrar los mecanismos que nos lleven a un gran Pacto de Estado, en donde las comunidades también tengamos cosas que decir».

Igualmente, el jefe del Ejecutivo autónomo instó al Gobierno de la Nación a que «no se aplique el sectarismo, ya que, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se nos envía más inmigrantes, y esto genera situaciones de saturación desbordantes como las que estamos padeciendo».

En manos de las mafias

El PP nacional abogó ayer porque el Gobierno reúna a las 17 comunidades para «inventariar los medios de asistencia» a los inmigrantes y hacer distribuciones de los mismos de acuerdo con las posibilidades de cada una porque, de lo contrario, «se condena» al inmigrante a la «economía subterránea y al poder de las mafias».

En una entrevista con Efe, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, destacó que ante una «tragedia» como la llegada masiva de inmigrantes a Canarias «todo el mundo quiere ser solidario y nadie hurta su responsabilidad», aunque subrayó que quien «omite su deber de coordinar es el Gobierno, que está de vacaciones y da una información absolutamente fragmentada». Exigió al Gobierno que se distribuyan los inmigrantes «equitativamente» entre todas las regiones españolas para que «reciban la mejor atención posible».

Mientras tanto, en Canarias aguardan otros 5.000 extranjeros indocumentados que serán trasladados a la Península para descongestionar los centros de internamiento de las islas.