Continúa el pulso entre el Gobierno italiano, dirigido por la ultranacionalista Giorgia Meloni, y el Tribunal de Roma. Los jueces suspendieron la retención de siete solicitantes de asilo, originarios de Bangladés y Egipto, en el centro de Gjäder, a pocos kilómetros de Tirana, la capital albanesa, después de que la Marina italiana los trasladara al puerto albanés de Shëngjin la semana pasada. Los magistrados decidieron remitir la decisión sobre su situación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Tras la suspensión de la retención, los siete migrantes no pueden permanecer en Albania y deberán ser devueltos a Italia en las próximas horas. Se repite así lo ocurrido en octubre, cuando el Tribunal de Roma ordenó la devolución al país transalpino de doce migrantes que habían sido trasladados a Albania. Sin embargo, hay dos grandes diferencias con respecto al mes pasado. En primer lugar, el Tribunal italiano ha ignorado el decreto de «países seguros» aprobado por el Gobierno ultraconservador precisamente en un intento de neutralizar aquella sentencia de octubre; en segundo lugar, ha remitido la decisión al TJUE.

La decisión de los magistrados de Roma provocó una gran indignación en los partidos de la coalición de Gobierno. Para el viceprimer ministro y líder del partido ultraderechista Liga, Matteo Salvini, se trata de «una nueva sentencia política contra los italianos». Por su parte, el ministro de Exteriores y secretario del partido liberal Forza Italia, Antonio Tajani —que en octubre pidió a los jueces que no impidieran al Ejecutivo trabajar—, opinó que «hay algunos magistrados que intentan imponer su línea política al Gobierno. Esto no es aceptable. Respeto todas las decisiones de la magistratura, pero esta va en contra de la tripartición de poderes».

Según la oposición, el plan de Meloni de deportar a los inmigrantes irregulares a Albania es tan caro como inútil, incluso «desastroso»; el Movimiento 5 Estrellas considera desorbitados los costes de la iniciativa y, de hecho, presentó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para determinar la existencia de un perjuicio causado a las finanzas del Estado. Según el secretario del partido centrista +Europa, Riccardo Magi, el Gobierno «tiene la obligación de detener las deportaciones: no puede ni debe haber una tercera misión antes de la sentencia del TJUE sobre los países seguros». En las redes sociales, también se multiplican las críticas al Gobierno de Meloni.