Cáritas Burgos ha decidido no suscribir con el Ayuntamiento la prórroga del convenio de acogida temporal para migrantes mientras no se incluya en el presupuesto del Consistorio para 2025 a las organizaciones Burgos Acoge, Accem y Atalaya, que quedaron excluidas a petición de Vox en la negociación para sacar adelante las cuentas del próximo año.

Cáritas, que renunciaría a los 19.000 euros del acuerdo, ha informado a través de un comunicado remitido a los medios de la decisión adoptada tras la reunión mantenida este lunes entre las tres organizaciones afectadas y la propia Cáritas con la alcaldesa, Cristina Ayala, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, y la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros.

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El delegado diocesano, Mario Vivanco, ha manifestado que la labor que realizan las entidades que atienden a personas migrantes vulnerables “es indispensable” y ha manifestado su apoyo específico a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, con quien Cáritas trabaja “de forma habitual”.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en una imagen de archivo.
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Para Cáritas, la acogida, promoción y protección de los migrantes “contribuye a una sociedad más justa y fraterna” y asegura que, siguiendo los principios evangélicos que guían su actuación, atiende “por igual a todas las personas necesitadas”.

Nuria Revilla, de Burgos Acoge, quien ha ejercido de portavoz de las tres ONG afectadas, ha calificado de medida “drástica para la ciudad, para los servicios sociales municipales” y ha defendido que los datos de los informes técnicos municipales “corroboran el trabajo que hacen estas entidades”.

Asimismo, ha recordado que se trata de una cantidad total de 190.000 euros, y ha insistido en que estas organizaciones han atendido en 2023 “a más de 7.000 personas en la ciudad”, por lo que ha “apelado a la corresponsabilidad”, y “al entendiendo” ya que son tres “entidades especializadas en atender a la población burgalesa migrantes”. “Son personas que están en nuestros centros educativos, que están en nuestras empresas, que son nuestros vecinos y vecinas”, ha recordado.

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Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ha prometido “seguir hablando” y ha reiterado que se trata de un gobierno en coalición, lo que supone que se tienen que negociar las partidas del presupuesto municipal para 2025, mientras que las organizaciones afectadas esperan “que se revierta esta medida. Que se retire”.

Consideran que la decisión del equipo de Gobierno es “totalmente contraria al sentido de la responsabilidad”, como ha aseverado Nuria Revilla, quien ha insistido en que “no todo vale, no se puede negociar con todo, hay unos mínimos” y por ello ha defendido la necesidad de “mantener la puerta abierta” para poder revertir esta medida.

Nuria Revilla ha explicado que la retirada del convenio “afecta de manera importante” y ha indicado que en la reunión se ha explicado que “con cada euro que reciben” estas entidades lo multiplicamos por cien, “una tarea, la de las organizaciones que no pueden hacer los servicios sociales públicos”.

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“Ellos informan, orientan, pero no tramitan los permisos de residencia y trabajo, las solicitudes de nacionalidad, los permisos comunitarios, las peticiones de las empresas cuando quieren contratar a un trabajador y no orientan sobre la asistencia sanitaria”, ha apuntado Revilla, quien cree que se puede producir “un colapso en los servicios sociales municipales porque son personas que tienen que ser atendidas”.

Por su parte, los trabajadores sociales del Ayuntamiento han solicitado una reunión para valorar las “implicaciones que tenga en su trabajo diario la eliminación de estos convenios”, según ha apuntado Ballesteros, mientras que, por su parte, Martínez-Acitores ha indicado que la decisión no se modificará y las cuentas de 2025 se aprobarán de manera provisional en el Pleno de noviembre.