El extrabajador de la organización Oportunidades de Vida Juan Carlos García ha presentado este lunes una ampliación de denuncia con documentación en la que figura que al menos otros 17 menores inmigrantes supuestamente trabajaron de forma ilegal en Gran Canaria en fincas del presidente de COAG Canarias y de la citada ONG, Rafael Hernández, y que era una «practica habitual» y no puntual.

En declaraciones a los periodistas, García ha informado de que ha entregado en la Oficina del Decanato de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria nueva documentación contra Hernández de las hojas del cuaderno de registro de incidencias del centro Tagoror, en el que estaban acogidos los menores inmigrantes, de mayo y junio de 2023, que eran «llevados sistemáticamente a trabajar».

Así mismo, ha indicado que estas hojas están firmadas por los propios menores y que en ellas también figuran los trabajadores que estaban a su cargo en el turno de mañana, tarde y noche en el centro Tagoror, que pertenece a la organización Oportunidades de Vida, que presidía Rafael Hernández en ese entonces, ya que tuvo que dejar el cargo a raíz de estos hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

El juzgado investiga presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental tanto por parte de Hernández como de su hija Elisa Hernández; el marido de esta, Christian Ruano; el secretario de la COAG, Manuel Redondo, y una trabajadora social de la asociación Oportunidades de Vida, Kathy Godoy.

La documentación aportada, según García, probaría que no solo fueron explotados los 10 menores inmigrantes que halló la Inspección de Trabajo y la Policía de Extranjería el 20 de junio de 2023, en una finca de Hernández, sino que estos hechos, que primero denunció ante la Fiscalía, eran conocidos por más personas que podrían estar implicadas en esta causa en la que solo busca «verdad y transparencia y que salga a la luz».

Según expone en García en su denuncia, tras esa inspección, dieron orden de eliminar el cuaderno de registro de incidencias del día, y elaboraron uno nuevo, falseando datos y quintado todo aquello que tenía que ver con los menores que trabajaban en las fincas de Rafael Hernández.

En estas fichas se recoge cuándo iban a trabajar los menores a la finca o a hacer cursos de formación, el regreso de algunos al centro porque se había roto el tractor, así como nombres trabajadores de la asociación que los trasladaban a la finca, ha señalado.

«Salen a trabajar a las 6.45 horas» o «vuelven de trabajar» y los nombres de los chicos, son algunas de las anotaciones del cuaderno que demostraría estas supuestas prácticas ilegales, así como otra documentación de la asociación Tagoror que ha recibido sobre el pago que percibían los menores, 20 euros, y que les hacían firmar como un incentivo a la formación.

El dinero con el que pagaban a los menores por su trabajo procedía de subvenciones públicas, según el denunciante, quien ha asegurado que muchos trabajadores y extrabajadores tiene «terror» a denunciar por las represalias que puedan sufrir, como le ha ocurrido a él, aunque ha apuntado que hay personas que sí están dispuestas a declarar ante el Juzgado.