La Justicia vuelve a echar por tierra el proyecto de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para internar en Albania a los migrantes que lleguen a su país cruzando el Canal de Sicilia. En una decisión que reaviva el conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo, los magistrados de la sección encargada de las cuestiones migratorias del Tribunal de Roma decidieron este lunes que tienen que ser trasladados a territorio de la península los siete migrantes que habían sido llevados el pasado viernes por una nave militar a los centros construidos en el Estado balcánico tras ser socorridos frente a las costas de Lampedusa, en el Mediterráneo central.

Los jueces consideran que hasta que se pronuncie sobre el caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tienen que ser acogidas en Italia estas personas, provenientes de Bangladesh y Egipto. Para el viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, la decisión de los magistrados supone «otra sentencia política contra los italianos», mientras que su colega Antonio Tajani, titular de la cartera de Asuntos Exteriores y máximo responsable del partido Forza Italia, consideró por su parte que algunos togados «quieren imponer la línea política al Gobierno».

La suspensión del internamiento en Albania de los siete migrantes supone una repetición del guión de hace tres semanas, cuando el Ejecutivo de Roma llevó al primer grupo de doce personas a los campamentos del país balcánico, pero dos días después los magistrados ordenaron que fueran trasladadas a Italia para no incumplir la legislación europea. El Gabinete de Meloni respondió entonces con la aprobación de urgencia de un decreto que trataba de blindar el funcionamiento de los controvertidos centros de Albania, aunque no ha conseguido su objetivo. El protocolo firmado hace un año por la primera ministra y su homólogo albanés, Edi Rama, prevé que en estas instalaciones sólo puedan ser internados a la espera de que se concrete su repatriación los inmigrantes mayores de edad, varones, que no estén en situación de vulnerabilidad y procedan de países seguros. Con el decreto aprobado el 21 de octubre, el Ejecutivo elevó a rango de ley la clasificación que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las naciones consideradas seguras a las que se pueden realizar las expulsiones, esperando que se pudieran superar así las trabas planteadas por la magistratura.

Criterios de la UE
La nueva decisión de los jueces del tribunal de Roma, no obstante, supera el decreto del Gobierno al recordar que es «el derecho de la Unión Europea» el que establece «los criterios para designar un Estado como país seguro» al que se puede repatriar a una persona. También recuerdan los magistrados de la sección migratoria del tribunal de Roma que la legislación europea «prevalece sobre la nacional» en caso de que entren en conflicto.

El TJUE ya publicó una sentencia el 4 de octubre en la que afirmaba que una persona sólo puede ser repatriada a un país que sea seguro en todo su territorio y para todos sus habitantes. No cumplirían estas características algunas de las naciones incluidas por el Gobierno de Meloni en su lista de países seguros, como Bangladesh, Egipto o Túnez.

Disensión
La decisión reaviva el conflicto entre los tribunales yel poder ejecutivo
Según el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, la sentencia del TJUE «no ha sido entendida» por los magistrados de su país, que han pedido a la Corte europea que se pronuncie nuevamente sobre esta cuestión para aclarar si supone algún cambio el citado decreto aprobado por el Gobierno.

Más allá de las cuestiones legales, desde el punto de vista político la apertura de los dos centros de internamiento en Albania ha supuesto un sonoro fracaso para Meloni. Un mes después de que echara a andar este polémico proyecto que ha costado más de 800 millones de euros sólo han podido ser internados diecinueve inmigrantes en total y únicamente durante dos días, ya que la justicia ordenó que fueran trasladados a Italia.