Según indica la ONG en su informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en Níjar viven unas 3.537 personas, de las cuales 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.

Por su parte, Huelva Acoge actúa en 16 de los 41 asentamientos de la provincia, con una población de aproximadamente 1.000 personas fuera de la temporada agrícola, aunque durante la campaña de los frutos rojos, esta población puede llegar a triplicarse.

En general, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30 y el 40 por ciento de la población podría vivir allí de forma permanente.

Según Andalucía Acoge, en ambos casos los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad”, aunque hay “diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses”, lo que se debe, sobre todo, a la existencia de distintas dinámicas vinculadas a la actividad agraria en cada provincia.

El caso de Níjar (Almería)

El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como derechos laborales, acceso a la vivienda, sanidad y de movilidad segura.

Existen diferentes tipos de asentamientos, como chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras administrativas es la falta de empadronamiento, que es fundamental para el acceso a servicios básicos.

La población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, explican.

Según la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada, y en las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de los trabajadores es más frecuente.

Consideran que el deterioro en la calidad de vida de los migrantes ha aumentado debido a su situación de exclusión social: “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”.

El caso de Huelva

Las condiciones de vida en estos asentamientos son “extremadamente precarias”, y los incendios son un problema recurrente que agrava aún más su situación. Estos incendios pueden ser causados por diversas razones, como el uso de materiales inflamables en la construcción de las chabolas, la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua y electricidad, o el uso de métodos inseguros para cocinar y obtener calor en las infraviviendas.

Entre abril de 2020 y mayo de 2024, se han registrado 22 incendios en los asentamientos, siniestros que han afectado a 2.816 personas, de las que varias decenas han resultado heridas y tres han fallecido.

En Palos de la Frontera, los migrantes manifiestan la existencia de redes organizadas que se lucran de esta necesidad: cobran hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar en contratos de trabajo irregulares.

Asimismo, cada año, familias rumanas con menores llegan en abril y mayo para la campaña de la fresa. A pesar del interés de la Administración Local, estos menores no están escolarizados, y aunque la problemática se comunica a la Fiscalía de Menores, la intervención suele llegar en julio, cuando la población ya no está presente.

Propuestas

Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave; garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local; “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”, y acometer medidas de urgencia para facilitar el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.

También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.

Además, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se encuentran actualmente trabajando de manera irregular, impulsar campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros.