La redistribución de menores migrantes para aliviar la presión de los territorios más tensionadas por la llegada de los mismos (Canarias, Ceuta o Melilla) es una de esas carpetas que parecen olvidadas en un cajón. El 23 de julio, Partido Popular (PP), Junts per Catalunya y Vox tumbaron la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería tras no alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista.

Sí se consiguió llegar a un entendimiento en la Conferencia Sectorial de Infancia para que las distintas comunidades autónomas acogieran de forma puntual 400 menores ―300 de Canarias y 100 de Ceuta―, pero no para establecer una obligación en ese sentido. Lo que proponía y propone el PSOE en su reforma es que cuando una región supere el 150% de su capacidad y, por lo tanto, muestre signos de sobresaturación, se lleve a cabo una redistribución de los menores en otras autonomías.

Es una medida con la que está de acuerdo Fernando Clavijo, presidente canario. El dirigente de Coalición Canaria se ha reunido tanto con el Partido Popular ―conviene recordar que su propio vicepresidente es popular―, como con el Gobierno. Con ambos ha exhibido buen tono. La falta de acuerdo, por tanto, está en el camino que media entre Moncloa y Génova. Gobierno y oposición no han logrado ponerse de acuerdo. Junts, el tercero en discordia, tampoco facilita las cosas y se ha mantenido invariable en el “no”.

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No obstante, el Ejecutivo sigue confiando. Es más, no se plantea ninguna alternativa para el reparto de migrantes que no sea la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Es lo que trasluce de una respuesta por escrito a una pregunta formulada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la que ha tenido acceso Público. ERC pregunta precisamente por “las alternativas que está considerando el Gobierno ante la negativa de Junts, Vox y PP”. La respuesta es directa: “El Gobierno sigue comprometido [con la reforma] y espera que pueda ser posible” y remarca que, para ello, necesita el apoyo de la Cámara.

Las conversaciones sobre la reforma bajaron su intensidad una vez fracasó la votación en el Congreso, pero lo cierto es que se han ido conociendo con cuentagotas algunos contactos. Esta misma semana, sin ir más lejos, estaba prevista una reunión entre el Gobierno central y el canario, que no se ha celebrado por la tragedia de la DANA. Más allá de la reunión que no se ha podido llevar a cabo, Clavijo mantiene que falta “voluntad política” para alcanzar un acuerdo.
“Competencia de las comunidades autónomas”

En sus preguntas por escrito al Gobierno, Esquerra también le interroga sobre cómo tiene pensado asegurar que los derechos de los menores migrantes sean respetados en las zonas tensionadas. La respuesta del Ejecutivo no ha gustado en las filas republicanas. Lo que dicen desde Moncloa es que “la competencia relativa a la protección de las personas menores de edad corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas en las que estos residan, siendo las Entidades Publicas de Protección de menores las encargadas de ejecutarla”.

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Fuentes de ERC, en conversación con Público, se muestran sorprendidas por la respuesta del Gobierno “al no concretar cómo piensa garantizar los derechos de estos niños y jóvenes que ya se encuentran en un territorio del Estado a la espera de unas instituciones desbordadas incapaces de dar respuesta a la crisis migratoria”. Para los republicanos “no existe ninguna duda” acerca de si se debe acoger o no a estos niños y niñas: “Es una cuestión de compromiso con los derechos humanos”. Por eso, a pesar de que se trate de una competencia autonómica, insisten en que “todas las instituciones” deben garantizar que a esos niños “se les atienda con garantías”. “El Gobierno español debe ayudar y no abandonar a las comunidades autónomas a su suerte”.

En el documento remitido por el Gobierno al partido que lideran en el Congreso Gabriel Rufián y Teresa Jordà se recuerda que el pasado 3 de octubre, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó el plan de redistribución territorial puntual y se especifica que el conjunto de acciones contará con los 35 millones de euros previstos en los últimos Presupuestos Generales del Estado para ese ámbito.

15 millones están destinados a los tres territorios principales de llegada de las rutas africanas: seis millones para Canarias, cuatro millones y medio para Ceuta y lo mismo para Melilla. Además, según explicó Clavijo, el Ejecutivo prometió a Canarias otros 100 millones de euros para afrontar las consecuencias del fenómeno migratorio.

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El Gobierno añade que en esos “gastos financiables” que se cargan al crédito presupuestario (esos 35 millones de euros) se engloba la atención inmediata a los niños migrantes; la cobertura para acciones de información, orientación y apoyo psicosocial; la inserción sociolaboral o la inclusión social o la asistencia jurídica.

Con todo, en su respuesta a Esquerra, insiste en que las competencias pertenecen a las comunidades autónomas y, por lo tanto, sitúa en ellas la responsabilidad de asegurar que se garantizan los derechos de los jóvenes migrantes. Queda claro, en cualquier caso, que el Gobierno confía en sacar adelante la reforma de la ley de extranjería, para lo que necesitará el apoyo de PP o Junts.