Los planes de deportaciones masivas comprometidos durante la campaña electoral por el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrían un efecto devastador para la economía del país, debido al peso que los trabajadores indocumentados tienen para sectores como el de la construcción, según varios estudios y expertos consultados.

La expulsión de las más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal es una de las ideas en las que Trump centró su campaña, estigmatizando a los migrantes indocumentados como «criminales» y asegurando que «envenenan» al país.

Además del millonario costo que le supondría al Gobierno y las dificultades técnicas para llevar a cabo esta labor, el país se enfrentaría a una recesión al perder a millones de trabajadores, según indicó un estudio de American Immigration Coalition. El análisis señala que las deportaciones masivas podrían provocar una caída del producto interior bruto (PIB) anual entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que equivale a pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4,3 %.

La sacudida negativa sería especialmente grave en California, Texas y Florida, estados que albergan casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y donde uno de cada veinte residentes podría ser deportado. Estos estados desempeñan roles económicos clave para el país y, al perder una parte significativa de su fuerza laboral, la economía local podría afrontar un retroceso importante.

Sector de la construcción

La industria de la construcción, que emplea a millones de trabajadores a nivel nacional, se encuentra entre los sectores más expuestos a estas pérdidas. Aproximadamente un 14 % de los trabajadores en la construcción están indocumentados, representando más de un millón de personas en todo el país, según un estudio de la organización Workers Defense.

En Texas, el gobernador Greg Abbott —aliado de Trump— ya ha dicho que colaborará con el Gobierno federal para los planes de deportación, señalando que el estado «ya tiene la infraestructura lista» para identificar, localizar y arrestar a las personas indocumentadas.

El sector de la construcción en Texas tiene un peso importante, generando 1 de cada 20 dólares dentro de esta industria en Estados Unidos, y depende en gran parte de los trabajadores indocumentados. Según un estudio de la organización Workers Defense, más de la mitad de los empleados del sector de la construcción en el estado no tienen un estatus migratorio legal en EE.UU.

Expulsar a toda esa masa laboral «devastaría» la industria, señaló Juan Carlos Cerda, director para Texas de la organización American Business Immigration Coalition. «Si el estado decide colaborar, estaría disparándose a sí mismo. (…) Haría que los proyectos se desaceleren y que los precios suban», indicó, antes de advertir de que «cuando se habla del milagro de Texas, de la construcción y las nuevas industrias emergiendo aquí, eso solo es posible gracias al trabajo de los residentes indocumentados», esgrimió.

Repercusiones humanas

Además del impacto económico, con las deportaciones habría sobre todo repercusiones humanas: en Texas, unos 5,6 millones de personas viven en familias con «estatus mixto», donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense de pleno derecho al carecer de papeles.

«Perder a los trabajadores inmigrantes en Texas no solo será perjudicial para la floreciente industria de la construcción, sino que también representará una gran pérdida para el tejido social de nuestro estado», subrayó Christine Bolaños, directora de comunicaciones de Workers Defense Project Texas.