“Hacer política contra los inmigrantes ilegales es un recurso fácil. Donald Trump ataca a los más desfavorecidos y los acusa de ser la causa de todos los males en el país, pero solo ha alimentado el miedo entre sus votantes; la propaganda ha funcionado. En realidad, son los recién llegados los que ahora deben estar aterrados si implementa el plan de deportaciones masivas, tal y como ha prometido”, reflexionó Maritza Z., una activista por los derechos de los latinos en Estados Unidos, durante la noche electoral en la Universidad Howard, justo después de que Kamala Harris perdiera las elecciones presidenciales.
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“Este país lo construyeron los inmigrantes. ¿Acaso hay algún americano que no sea descendiente de gente que vino a esta tierra buscando una vida mejor?”, añadió, mientras los asistentes al evento de Harris iban saliendo del campus con las caras largas y la mirada clavada en el suelo. Nadie esperaba una derrota tan firme y rápida, o, al menos, eso no es lo que decían los sondeos. Sin embargo, los realizados a pie de urna demostraban que el magnate neoyorquino no está sólo en su ataque contra los millones que viven y trabajan en el país sin la green card, la tarjeta de residencia permanente para los residentes que no posean la nacionalidad estadounidense. “El 39% de los votantes dijo que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos deben ser deportados”, según informó Edison Research.

Dos días después de su victoria, el miedo ya se ha aposentado firmemente en el día a día de algunos de los que temen ser expulsados. “Muchos ilegales trabajamos en el sector de los servicios y en la construcción. Les damos de comer, limpiamos o construimos sus casas y encima nos odian. ¿Qué harán sin nosotros, sin nuestra fuerza de trabajo?”, cuenta Rodolfo, un vendedor ambulante venezolano cerca del Capitolio, el centro de la democracia estadounidense. “Además, dice que va a mandar a la Guardia Nacional”, el Ejército interior del país, “para cazarnos como si fuéramos chinches. ¿Irán puerta por puerta comprobando la documentación? Yo escapé de Venezuela por las persecuciones de la dictadura de Maduro, ¿me van a perseguir también ahora?”.

Rodolfo tiene miedo, y no es el único. “No me hagas una fotografía, por favor”, dice María Elena, mientras espera en una parada de autobús cerca de la Casa Blanca. “Llevo más de 15 años en este país, pero no soy legal, aunque mis hijos, tengo una niña y un niño, nacieron aquí. ¡Hablan mejor inglés que español!”, exclama esta “limpiadora por horas” en diversas casas de la capital. “En algunas tienen banderines y carteles de Trump en sus jardines, pero cuando se trata de limpiar sus hogares, o sus jardines, no les importa contratar a alguien sin papeles porque les sale más barato”, explica, bajando la cabeza. “Y mis hijos, ¿qué pasará con ellos? Todavía no son adultos. ¿Nos van a separar?”, se pregunta, visiblemente amohinada.

Esa es precisamente la promesa que Donald Trump le ha hecho a su electorado. “En cuanto sea presidente, voy a deportar inmediatamente a 1.4 millones de inmigrantes ilegales, que son criminales, violadores y asesinos; y, a los que hayan matado a un ciudadano estadounidense los condenaré a muerte”, dijo en el mitin de Henderson, Nevada, al que asistió LA RAZÓN. Eso sería solo un primer paso ya que en el país se estima que hay más de 13 millones de inmigrantes ilegales. Sin embargo, ¿cuenta el nuevo presidente con los medios para llevar a cabo su promesa? Hay organizaciones que creen que no porque una operación de deportación masiva requeriría una mayor infraestructura de seguridad, muchas zonas de detención y miles de jueces para los tribunales de inmigración.
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“Todo depende de cuál sea el presupuesto”, según informó, a principios de octubre, el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Tom Homan, quien seguramente volverá con la nueva Administración Trump. “Las deportaciones dependerán del número potencial de agentes y el espacio de detención”. Por su parte, el Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa de los recién llegados, estima que el coste de deportar a 13 millones de ilegales sería de unos “968 mil millones de dólares”, así como que los funcionarios al servicio de Trump, y muchos en la maquinaria gubernamental no lo son, tardarían “una década” en hacerlo. Teniendo en cuenta que su mandato durará cuatro años, los herederos trumpistas necesitarían vencer en las dos próximas presidenciales para poder llevar a cabo el plan del magnate.

Además, tanto la futura administración Trump como las que le sigan, si sucediera ese escenario, tendrían que enfrentarse múltiples batallas legales. “Tenemos a más de 15 abogados centrados en inmigración que se están preparando. Definitivamente necesitamos estar coordinados y tener más recursos”, explicó recientemente a Reuters el abogado Lee Gelernt, uno de los letrados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha liderado la lucha contra la política de separación familiar que Trump quiere aplicar, pero que también se ha producido con la administración de Joe Biden desde la crisis fronteriza de 2023. Por otro lado, deportar a millones de personas no solo requerirá la formación y contratación de miles de agentes y jueces, sino que también debe estar impulsada por un marco legal que lo permita.

Para ello, Donald Trump pretende utilizar un polémico estatuto de guerra que data de 1798 conocido como Ley de Enemigos Extranjeros, el cual le dotaría de poderes para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas. La ley, que sin duda se encontrará con la oposición de muchos legisladores demócratas, aunque estos hayan perdido el Senado y la Cámara de Representantes, se ha utilizado en tres ocasiones, todas ellas determinadas por un contexto de conflicto armado: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para internar en campos de concentración a cientos de miles de ciudadanos de ascendencia japonesa, alemana e italiana. Además, como confirmó George Fishman, exfuncionario del Departamento de Seguridad nacional de la primera era Trump, el futuro presidente “necesitaría demostrar que los inmigrantes fueron enviados por un gobierno extranjero”, cosa que no le resultará nada fácil sin el apoyo de los países de origen, los cuales, como Venezuela o Colombia, entre otros, es más que probable que se nieguen a colaborar.