ás de cinco mil personas han muerto en los primeros seis meses del año en la conocida como ‘ruta canaria’ de la migración. El blindaje impuesto por las autoridades en las otras rutas utilizadas para llegar al continente europeo haterminado por reconducir hacia nuestras Islas todos los flujos migratorios africanos.

La ausencia absoluta de control y vigilancia sobre las mafias que operan en origen, junto a la renuncia voluntaria del Gobierno de España a controlar nuestras fronteras, facilitan el caos reinante en el Archipiélago, impropio de un territorio europeo desarrollado.

A pesar de la tragedia humanitaria que se vive en el ‘cementerio marino’ del Atlántico Medio, ningún responsable político de primer nivel, dentro del Gobierno español, se ha dignado a visitar las Islas para interesarse por las condiciones en las que llegan estas personas, las medidas de acogida para atenderlas, el tratamiento psicológico a familiares o la orfandad en la que son enterrados los fallecidos.

Se ve que para el equipo de imagen, prensa y propaganda que rodea al presidente Pedro Sánchez, la foto con los migrantes que llegan exhaustos a nuestras costas, o la del enterramiento de alguno de los muertos en el intento, en un pequeño cementerio de El Hierro, resulta desaconsejable.

En contraposición, al presidente sí le convino, en términos de imagen, la foto de las visitas efectuadas a La Palma con ocasión de la erupción del volcán Tajogaite, en septiembre de 2021. Hasta once veces repitió Sánchez su presencia en esta isla, en la que, afortunadamente, no se produjo ninguna muerte como consecuencia de la erupción. Y más de cien veces repitieron esta visita sus ministros.

Sin duda alguna, una tragedia humanitaria que contabiliza más de 5.000 muertes en apenas seis meses, con una tendencia a que a finales de año puedan sobrepasarse los 10.000 fallecidos, exige algo más que esa primera visita,que sigue sin producirse.

El abandono del Estado a las Islas en materia migratoria es mayúsculo. La única política que tiene clara el Gobierno central es la de convertir al Archipiélago en un gran centro de acogida y retención de inmigrantes, circunscribiendo el problema exclusivamente a territorio canario.

Mientras, los dos grandes partidos de Estado siguen anteponiendo sus intereses electorales y sus estrategias políticas al drama humano derivado de la inmigración.Además de inhumana, la situación vivida en las Islas, en relación con los menores no acompañados llegados a través del mar, resulta intolerable.

La Ley de Extranjería de 2001, que vincula la atención a los menores no acompañados a competencias autonómicas, ha sido ampliamente sobrepasada. No existía entonces, hace 23 años, la casuística actual sobre esos menores. En aquellos momentos, la Ley asignaba a las comunidades la competencia en materia de menores de familias no estructuradas. Pero, a partir de ese momento, han sido otros los problemas surgidos en nuestra sociedad, igual que otras han de ser las soluciones.

La competencia asumida por las autonomías a raíz de esa Ley les obliga a educar a los menores y formarlos para su plena integración cuando adquieran la mayoría de edad. Evidentemente, Canarias sola no dispone de medios para acometer toda esa labor. De ahí la importancia de modificar la norma, permitiendo una distribución equitativa entre todos los territorios del Estado, que garantice la acogida de estos menores y su adecuada preparación.

La falta de compromiso de los partidos de Estado para impulsar el cambio legislativo muestra el lado más mezquino de la política. Las actuaciones ruines ymiserables acrecientan el desafecto ciudadano hacia las Instituciones y la política. No hay otra medicina para combatir esa tirria que anteponer los intereses generales de la gente a los tacticismos empleados en busca de rédito político.

No nos lamentemos luego de lo que pueda suceder.