Las miles de personas que viven, en ocasiones desde hace lustros, en los asentamientos agrícolas de las zonas freseras de Huelva y los vinculados al desarrollo de los invernaderos en Níjar (Almería) padecen una extraordinaria vulnerabilidad y sus hijos tiene problemas de escolarización. Así lo expone la ONG Andalucía Acoge en un nuevo informe presentado este jueves, que lleva por título Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: hitos desde 2023.

“La necesidad de mano de obra, —se lee en el trabajo— la persistencia de una práctica empresarial, no mayoritaria pero sí relevante, que normaliza la generación de precariedad como parte de sus externalidades, combinada con la falta de soluciones residenciales adecuadas y accesibles para las personas trabajadoras migrantes, ha llevado al establecimiento y crecimiento de estos asentamientos en los que dichas personas viven en condiciones de extrema precariedad”.

En general, la mayoría de las personas residentes en los asentamientos de Huelva son temporeras, es decir, vienen y van, aunque se estima que entre el 30% y el 40% podría vivir allí de forma permanente.

Las fuerzas de seguridad durante la demolición del Walili a 30 de enero de 2023 en Níjar (Almería, Andalucía, España). Fernando Plaza: “El desalojo de Walili no mejora la vida de los trabajadores porque la mayoría se han ido a otros asentamientos”

En Almería, donde se solapan diferentes ciclos de cultivo, la población no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente.

Desde hace 35 años, su volumen ha ido en aumento, y ha variado el tipo de asentamiento informal. “Se han ubicado donde han podido: chabolas, asentamientos verticales, cortijos, garajes, entre otros…”

El paso del tiempo, en lugar de mejorar sus condiciones de vida, ha llevado a cronificar los problemas: “Son los mismos desde hace décadas”. Para José Miguel Morales, director general de la ONG, “se enmarcan en la crisis estructural de vivienda que vivimos. [Estos trabajadores] sufren el punto extremo de un problema estructural. Eso afecta después a sus derechos, sociales, de sanidad…”

Madou comparte un té en un asentamiento en Lepe. Sísifo vive en Huelva: los jornaleros de la fresa se enfrentan a condiciones de infravivienda un año más

El trabajo identifica varias áreas en las que existen problemas. Sigue un resumen de los principales asuntos que destaca el informe.
Infradenuncia

Pocas cosas ejemplifican mejor la vulnerabilidad que la práctica imposibilidad de denunciar abusos. Existe, según Andalucía Acoge, una problemática de infradenuncia, por diversos factores.

Entre ellos, están el miedo a la expulsión del país: entrar en una comisaría podría “ponerlas en el radar de las autoridades, lo que podría acabar en deportación”.

Camara, jornalero, en el asentamiento de Las Madres, en Mazagón (Moguer), este martes. Nuevos derribos de chabolas sin alojamiento alternativo auguran más miseria para los jornaleros de Huelva

También el miedo a perder el empleo: “La posibilidad de perder su empleo, aunque esté mal pagado y bajo condiciones de explotación, puede ser una barrera significativa para denunciar. El poder asimétrico en la relación laboral entre las empresas que emplean y las personas trabajadoras migrantes en situación irregular amplifican estas dinámicas de coerción”.

Hay además, según la ONG, una falta de conocimiento sobre sus derechos legales, barreras lingüísticas y una desconfianza en las fuerzas de seguridad, lo que lleva a un situación de “indefensión y resignación”.
Desalojo del Walili

Sobre el desalojo del Walili, Andalucía Acoge hace las siguientes consideraciones: “Aunque el Ayuntamiento presenta la acción de forma positiva como paso hacia la mejora de las condiciones de vida de los residentes, no se ha tenido en cuenta adecuadamente la opinión de la población afectada”.

Además, “las soluciones habitacionales propuestas no responden completamente a las necesidades de la población, ya que los nuevos emplazamientos habitacionales están situados lejos de sus lugares de trabajo y no siempre han aceptado a las personas en situación administrativa irregular”.

“Ello les genera —prosigue la ONG— nuevos problemas, como dificultades en el transporte y mayores costos de desplazamiento, lo que afecta negativamente a la calidad de vida de la población. Por este motivo, en ocasiones se instalan en otros asentamientos informales en los que hay menos visibilidad y por tanto menor urgencia en su desmantelamiento”.
Incendios

Este fenómeno, en el que la eliminación de chabolas sin alternativa residencial real implica simplemente movimientos entre asentamientos, se observa también en Huelva, donde cada dos por tres los incendios liquidan asentamientos: “Entre abril de 2020 y mayo de 2024, se han registrado 22 incendios afectando a un total de 2.816 personas, resultando decenas de personas heridas y tres fallecidos”.

Un ejemplo de lo que sucede se encuentra en Palos de la Frontera en unos de los asentamientos más poblados, unas 850 personas, 600 hombres y 250 mujeres. Tras el último incendio, el Ayuntamiento impidió la reconstrucción de las chabolas: “En la actualidad, permanecen allí 40 personas y se estima que el resto se han desplazado a Lucena del Puerto a un asentamiento muy alejado del pueblo y de los servicios”.

Los incendios tienen una casuística muy diversa, según Andalucía Acoge: “Materiales inflamables en la construcción de las chabolas, la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua y electricidad, o el uso de métodos inseguros para cocinar y obtener calor en las chabolas”.

Existen además nuevos asentamientos en Almonte y Rociana del Condado: “Es un indicativo de que la prohibición sin ofrecer soluciones mantiene la precariedad y solo contribuye a desplazar la infravivienda a nuevos territorios”.
Crispación

Andalucía Acoge expone que existe “tensión o crispación” en los asentamientos y lo vincula a una reducción significativa en las subvenciones a las entidades sociales que allí trabajan.

“Esta disminución en los fondos a la atención directa —recoge el informe— implica que algunas necesidades esenciales de las personas no se están cubriendo de forma adecuada y existe cierta crispación e incluso rechazo a participar en las actividades formativas, las cuales tienen como objetivo la adquisición de conciencia sobre su vulneración de derechos”.
Menores sin escolarizar

“Cada año, familias rumanas con menores llegan en abril y mayo para la campaña de la fresa. A pesar del interés de la Administración Local, estos menores no están escolarizados, y aunque la problemática se comunica a la Fiscalía de Menores, la intervención suele llegar en julio, cuando la población ya no está presente”.
Mafias para empadronarse

La vulnerabilidad de la población se ve especialmente cuando carecen de papeles. “Las personas residentes en asentamientos con las que interviene Huelva Acoge manifiestan la existencia de redes organizadas que se lucran de esta necesidad, identificándose el cobro de hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar para contratos de trabajo irregulares”.
Implicación de las administraciones

Como elemento positivo, aunque con cautela, la ONG asegura que por “primera vez en décadas”, hay administraciones que asumen que son competentes para resolver la situación, que plantean iniciativas de solución. “Esto es un paso muy importante: ya nunca más podrán decir que no tienen competencias”, asegura Morales.

Existe, eso sí, el riesgo de que esa implicación no se concrete del todo ni de manera realista y apegada a los problemas reales y al carácter y necesidades de la población y quede en agua de borrajas.