«Los asentamientos no son un problema, son la consecuencia de la falta de vivienda y de la Ley de Extranjería». Es la conclusión a la que llega Rafael Sánchez, coordinador de la ONG Almería Acoge en Níjar, quien expuso la cruda realidad a la que se enfrentan diariamente los inmigrantes que trabajan en el sector agrícola y que se ven obligados a vivir en infraviviendas, fundamentalmente en este enclave de la provincia de Almería y en los municipios onubenses de Moguer, Lepe y Palos de la Frontera. Lo hizo en el marco de la presentación del informe «Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía. Hitos desde 2023», elaborado por Andalucía Acoge.
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Estas personas «parten con desventaja», según la ONG, porque no cuentan con redes de apoyo, dándose casos extremos como el que relató María del Mar Pérez, trabajadora social de Huelva Acoge. «Algunos migrantes se ven obligados a recurrir por necesidad al pago de 8.000 o 10.000 euros por un contrato de trabajo, de forma que se endeudan y endeudan a sus familias para llegar a conseguir una documentación», aseguró, además de cifrar en 800 euros una solicitud de empadronamiento, uno de los documentos más requeridos y dificultosos de obtener por parte de los ayuntamientos.

Precisamente, el director general de la ONG, José Miguel Morales, incidió en este problema, calificándolo como «una gran vulneración de derechos», puesto que el empadronamiento «es la puerta de acceso a la cartera de derechos sociales, como la sanidad o la educación». En este punto, alertó de que en los asentamientos «hay niños que deben estar escolarizados» y denunció que muchas personas se ven obligadas a «acceder al chantaje» porque «el Estado no está haciendo su trabajo».
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Junto a ello, Morales reclamó para estas personas el «derecho a la vecindad», puesto que «no son marcianos, son vecinos del municipio», y denunció que muchos ayuntamientos ponen trabas a la hora de expedir certificados de empadronamiento a los inmigrantes que viven en estos núcleos. «Muchos de ellos llevan más de veinte años viviendo en un asentamiento», subrayó. El problema de la vivienda no es exclusivo de las personas migrantes, sin embargo este colectivo lo padece de forma extrema. «Las chabolas son la punta del iceberg de una crisis de la vivienda que vivimos en toda España, es un problema estructural», remarcó.

Morales también puso el acento en la necesidad de poder realizar denuncias de manera segura. Muchas de estas personas están en una situación irregular en España y, a la hora de acudir a la Policía a interponer una denuncia, «pueden salir con una orden de expulsión», incluso cuando se es víctima de un delito. En este punto, alertó de la situación que padecen las mujeres víctimas de trata, que no pueden denunciar los abusos que padecen.
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No obstante, la ONG identifica «pequeños pasos» de las administraciones públicas para abordar el problema, aunque pide que no se queden en un «reconocimiento verbal». Tal es el caso del plan de erradicación de asentamientos impulsado por la Junta.