Una segunda deportación de Italia a Albania de migrantes rescatados en el mar ya está en marcha, tras el fracaso de la primera, pero apenas comenzada ya se puede decir que suena de nuevo a fiasco y cuestiona aún más la viabilidad del plan del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni, que vuelve a quedar muy en entredicho. Si en el primer traslado se movilizó una nave militar con una tripulación de unas 70 personas para llevar solo a 16 migrantes hasta el puerto de Shengjin, esta vez son todavía menos, a bordo del mismo buque: ocho, según los medios italianos, de los que aún no ha trascendido la nacionalidad y que se espera que lleguen mañana jueves, o el viernes, al país balcánico.

Es una minúscula proporción de todos los que han llegado en dos días a la isla de Lampedusa, más de 1.200 personas, y un grupo diminuto para lo que está previsto en el gran campo de internamiento de Gjadër, en Albania, con más de 1.000 plazas. Es decir, se confirma que en realidad muy pocos de los migrantes cumplen con las condiciones para ser deportados. Y esos pocos aún deben pasar el filtro del tribunal de inmigración de Roma, que debe convalidar su retención en 48 horas, una vez llegados a tierra, y en la primera ocasión tumbó toda la operación.
Un coste estimado de 1.000 millones

El exiguo número de migrantes trasladados, a pesar de que se preveía que en esta ocasión ya se tratara de un grupo más grande, cuestiona de nuevo el coste de la operación. Italia prevé una inversión para el campo de internamiento de Gjadër, a una hora en coche al norte de Tirana, de 653,3 millones de euros en cinco años. De ellos, 260 millones son solo para el envío, sueldo y mantenimiento del personal, 295 funcionarios y agentes desplazados al lugar y alojados en un complejo hotelero de cinco estrellas. Aunque la oposición dice que es una cifra mínima estimada, y que al final el presupuesto llegará a 1.000 millones. Con el primer traslado de 16 migrantes, la oposición ya calculó un gasto de 18.000 euros por cada uno de ellos, aunque el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, luego aseguró que fueron 8.400 euros para todo el viaje. En todo caso, ahora se trata de la mitad de personas.

La clave de que Italia solo logre trasladar grupos pequeños a Albania está en los rigurosos criterios de selección establecidos para hacer equilibrios en el límite de la legalidad. Limitan mucho el número final y ya se preveía que lastrarían todo el plan, que la UE sigue con interés porque pretende repetir la fórmula. Solo se puede aplicar el polémico protocolo rápido de retención en frontera y posterior rechazo de la petición de asilo a migrantes hombres, adultos y sanos, rescatados en aguas internacionales por naves de bandera italiana (no, por ejemplo, por ONG extranjeras). Y, sobre todo, deben provenir de 19 países que Italia considera seguros, que respetan los derechos humanos, razón por la que las autoridades prevén que se rechazarán sus solicitudes de asilo y pueden entrar en ese protocolo rápido.

Sin embargo, es en ese punto donde todavía hay un obstáculo mayor, porque según los criterios de la UE, en realidad solo siete de esos 19 países pueden calificarse como seguros. Así lo estableció una reciente sentencia de octubre del Tribunal de Justicia de la UE, en la que se basó el mes pasado el Tribunal de Roma para rechazar la retención de los primeros migrantes deportados a Albania. La resolución argumentaba que si en un país se violan derechos básicos en una zona o hay un colectivo perseguido, todo el país debe considerarse no seguro. De ese modo, dejaba fuera de la lista los principales países de origen de las llegadas por mar a Italia, como Bangladés, Egipto o Túnez. En resumen, inutilizaba todo el modelo Albania. Los migrantes de la primera deportación eran, por ejemplo, de Bangladés y Egipto, considerados no seguros según los criterios de la UE, y por eso el tribunal romano echó para atrás la solicitud de retención en frontera.

El Gobierno de Meloni reaccionó al revés judicial con un decreto ley que, según argumentó, reforzaba la obligación de los magistrados de aplicar la normativa italiana, y no la europea. La gran mayoría de los expertos y todas las asociaciones judiciales han recordado, por el contrario, que el derecho comunitario es el que tiene vigencia en caso de conflicto. De hecho, los tribunales de Palermo y Catania, donde han llegado la mayoría de las solitudes del controvertido protocolo rápido, aprobado hace año y medio, han rechazado hasta ahora el 90% de ellas. Es decir, también el obstáculo legal se veía venir, pero Meloni decidió seguir adelante. Ahora, de hecho, su estrategia es echar la culpa a los tribunales de excederse en sus competencias e invadir las del Ejecutivo.

Ante el nuevo conflicto que se avecina, la semana pasada un tribunal de Bolonia que debía decidir sobre una solicitud de asilo ya elevó al tribunal de Luxemburgo una consulta para que le aclarara qué debía hacer. Sin embargo, puede tardar meses en pronunciarse. En medio de este enfrentamiento del Gobierno con los tribunales y las normas europeas de asilo, llega esta segunda deportación. Aún no se sabe su nacionalidad, que ya anticipará mucho de lo que puede ocurrir. Luego, el tribunal de Roma podrá rechazar de nuevo la petición de retención, o aceptarla, o elevar una consulta a los jueces europeos.